Lluís Salvadó, el detenido clave de los 30.000 millones en el extranjero

De los 14 detenidos por las fuerzas del orden en la operación judicial contra el referéndum, uno de ellos, ligado a ERC, era objetivo prioritario por su importancia para el 1-O

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. (EFE)

La Guardia Civil tiene grabaciones del secretario catalán de Hacienda, Lluís Salvadó, uno de los detenidos en la operación judicial de ayer, en las que explica que ya tiene “30.000 millones de euros asegurados para iniciar la independencia”. Salvadó es también secretario general adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). De ahí el enfado de los diputados de esta formación cuando se enteraron, mientras estaban en el pleno del Congreso, de la detención de sus colegas en Barcelona y de los registros en dependencias oficiales de la Generalitat.

Ese dinero, aseguraba el alto cargo del Gobierno catalán, proviene del extranjero. En algunas de sus charlas, Salvadó argumentaba que “para comenzar a andar, el 2 de octubre deberíamos tener encima de la mesa 5.000 millones de euros para cubrir los gastos de ese mes”. Su preocupación es que “el Gobierno catalán necesita 5.000 millones mensuales, o sea, 60.000 millones de euros al año, para que todo siga funcionando, pagando las nóminas de los funcionarios, pagando a los ayuntamientos, pagando a los Mossos, pagando las prestaciones de jubilación y de paro…”.

Golpe judicial al entorno de Junqueras

Con el dinero que afirmaba que ya tenía apalabrado en el extranjero, pues, tendría para ir tirando seis meses. ¿Y cómo conseguiría el resto? Él tiene claro que solo hay tres modos: mediante impuestos, mediante cotizaciones o acudiendo a los mercados internacionales. Pero en sus mensajes aleccionadores organizados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a ciudadanos o colectivos, afirmaba que podía tener acceso a fondos de inversión internacionales que estarían dispuestos a aportar dinero para que Cataluña se independizase. Es más: dejaba entrever que ya había habido contactos con estos fondos y que no sería ningún problema obtener el dinero que Cataluña necesita para sacudirse de encima a España. Todo depende, claro, de lo que se les prometa luego a los fondos que tan ‘desinteresadamente’ apuestan por una secesión de estas características.

Sin embargo, el principal problema que tiene la Generalitat —decía Salvadó en un encuentro en el barrio barcelonés de Gràcia el pasado 11 de mayo— es que la Hacienda catalana recaudó en el año 2016 un total de 1.200 millones de euros. Eso significa que, si comienza su año fiscal el 1 de enero, el día de Reyes ya lo habría gastado todo. Es, pues, una cantidad irrisoria. Tras un gran esfuerzo fiscal en 2017, esperaba que a 1 de septiembre la recaudación de su Hacienda ascendiese a 3.000 millones, lo que alargaría la supervivencia del Estado catalán “hasta el día de San Antonio, el 17 de enero”. Otra cantidad irrisoria.

Pero su teoría tenía trampa: pensaba disminuir la brecha deficitaria con la recuperación de “15.000 o 16.000 millones de euros que corresponden al expolio fiscal”. Se quejaba de que el Gobierno español había creado un sistema fiscal que hacía que las empresas del Ibex pagaban un impuesto de sociedades inferior al 10%, lo que es un agravio comparativo “con nuestro tejido empresarial”.

La guerra de los impuestos

Por eso, afirmaba ante los suyos, “tenemos ya preparada toda la estructura informática para gestionar los impuestos en Cataluña, incluyendo los del Estado”. Lo que no dejaba claro es cómo piensa detraer los impuestos estatales de las cuentas del Reino de España y esconderlas de Cristóbal Montoro. Es cierto que, entre otras cosas, su departamento llegó a acuerdos con las cuatro diputaciones de Cataluña (todas en manos de los independentistas) para que se conviertan en oficinas recaudadoras de la Agencia Tributaria catalana en sus respectivos territorios. Pero eso no es suficiente. Lo que tiene claro es que “cuando vayamos a votar, hemos de estar capacitados para que el día después pasen cosas”.

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó (d), y el vicepresidente, Oriol Junqueras.

El secretario de Hacienda se quejaba en una de sus charlas de que “en 2015, éramos 125 trabajadores en la ATC, gestionábamos el 50% de las funciones propias de la autonomía y delegábamos mucha recaudación en los registradores de la propiedad. Y hasta 2016, pagábamos 10 millones a la AEAT para hacer la recaudación ejecutiva”. Ante ello, considera que para desarrollar la Hacienda catalana es necesario “asumir la recaudación ejecutiva, ya que es absolutamente imprescindible para el día en que asumamos la recaudación de la totalidad de los impuestos. Para ello, hemos aumentado personal. Hemos pasado de 324 a 450 personas, y a 1 de septiembre tendremos 750, y en dos o tres meses más, llegaremos a las 800. A esas personas las tendremos que ubicar en algún sitio y pensamos aumentar nuestras oficinas de cinco a 32, habilitando 14 oficinas propias distribuidas por el conjunto del país. Ya hemos firmado contratos con empresas que están habilitando estas oficinas, para tenerlo todo preparado el 1 de septiembre. Luego, tendremos 13 oficinas más dependientes de diputaciones y consejos comarcales”.

Quería gestionar los embargos de tráfico

Todo ello, “ha de ir acompañado por un sistema informático para tratar datos de forma eficiente. Ya gestionamos el impuesto de vehículos contaminantes, con cinco millones de contribuyentes, y estamos preparados para asumir con estos programas aquellos impuestos que gestionan, habitualmente, los estados”. La base de datos, afirmaba, “es muy potente”.

Salvadó esperaba gestionar totalmente la recaudación ejecutiva este mes de septiembre, incluidas las 300.000 sanciones impagadas de Tráfico. “A quien no pague multas, lo embargaremos nosotros y no la AEAT, como ocurre ahora”, aseguraba. Asimismo, asume la gestión de impagados extraterritoriales de varios ayuntamientos, entre ellos Barcelona y Sabadell.

El Confidencial