Los partidos separatistas se cargan la democracia en Cataluña

Junts pel Sí y la CUP han activado en el Parlament la desconexión de España con la alteración del orden del día para aprobar la ley del referéndum.

Maniobra de los grupos separatistas para aprobar por la vía rápida la ley del referéndum, incluso antes de la sesión de control al gobierno catalán. Nada más comenzar el pleno, la portavoz de la cuota de ERC en Junts pel Sí, Marta Rovira, pidió la palabra para pedir un cambio en el orden del día para votar y aprobar la ley del referéndum. Pocos minutos antes, en reunión ordinaria de la Mesa del parlamento catalán, se había admitido a trámite la citada norma.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha comenzado el día recusando a todos los magistrados del Tribunal Constitucional, no parece muy sensible a las peticiones de los portavoces de la oposición, por lo que todo apunta que se aprobará la ley en la sesión de hoy. Sea como fuere, el pleno se prolongará mañana y el viernes está en trámite de convocatoria de un pleno extraordinario, a petición de los grupos separatistas, al objeto de analizar la reacción del Estado.

Se resolvía así el "misterio" sobre la táctica separatista para burlar al Gobierno y al Tribunal Constitucional. Los partidos separatistas forzaban al límite el reglamento de la cámara. Los grupos no tendrán ni las 48 horas preceptivas para estudiar el contenido de la ley. Rovira pidió varias exenciones, entre ellas el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre la base de que no es vinculante y si fuera contrario a la norma no lo admitirían.

Aviso de los servicios jurídicos

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, han registrado un escrito en el que advierten a los miembros de la Mesa sobre la inconstitucionalidad de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y que su tramitación supone desobedecer al Tribunal Constitucional.

Pleno bloqueado

Las peticiones de los grupos de la oposición han provocado dos reuniones de la Mesa y la junta de portavoces. En la primera ronda se tenían que sustanciar las peticiones de la oposición para que la ley del referéndum se ciña a los trámites procedimentales de rigor.

Hora y media después, sobre las doce y media, Forcadell ha tratado de reanudar la sesión, toda vez que la CUP y Junts pel Sí habían impuesto su mayoría para consumar la vulneración del reglamento, pero Ciudadanos ha provocado la segunda reunión al añadir a los argumentos iniciales el informe de los servicios jurídicos de la cámara. La sesión está siendo más accidentada de lo que preveían los partidos separatistas.

Atropello de la mayoría

El documento presentado sin la firma del secretario 

Diez minutos después de la una del mediodía se reemprendía el accidentado pleno. A toda costa, negando turnos de palabra, pisoteando los derechos de los diputados de la oposición y en un espectáculo inédito en España, con una presidenta de la cámara siendo advertida por los letrados, Forcadell impuso la votación sobre el cambio en el orden del día y, atropelladamente, otra votación relativa a la exención de todos los requisitos previos para el trámite parlamentario de la ley del referéndum.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha comenzado el día recusando a todos los magistrados del Tribunal Constitucional, no parece muy sensible a las peticiones de los portavoces de la oposición, por lo que todo apunta que se aprobará la ley en la sesión de hoy. Sea como fuere, el pleno se prolongará mañana y el viernes está en trámite de convocatoria de un pleno extraordinario, a petición de los grupos separatistas, al objeto de analizar la reacción del Estado.

El parlamento catalán está ya fuera del orden democrático. Forcadell concedía una hora para presentar enmiendas. Los diputados de la oposición subrayaron la vulneración de todos los requisitos formales con una interpretación del reglamento sesgada. El presidente del PSC, Miquel Iceta, anunció sobre la marcha un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, alegó que su partido había pedido un informe al Consejo de Garantías, lo que, en teoría, suspende la tramitación de la ley. El PP insistió en la invalidez de las votaciones llevadas a cabo.

A pesar de las protestas y recursos de la oposición, Carme Forcadell trató de seguir con el pleno dando paso a las preguntas de la sesión de control al gobierno. Por la tarde se procederá a la votación de la ley del referéndum.

Se resolvía así el "misterio" sobre la táctica separatista para burlar al Gobierno y al Tribunal Constitucional. Los partidos separatistas forzaban al límite el reglamento de la cámara. Los grupos no tendrán ni las 48 horas preceptivas para estudiar el contenido de la ley. Rovira pidió varias exenciones, entre ellas el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre la base de que no es vinculante y si fuera contrario a la norma no lo admitirían.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, resumió en su primera intervención la situación con una frase lapidaria: "Esto no es el Parlament de Cataluña, es el Teatro Nacional de Cataluña". En el PP se denunció el incumplimiento del reglamento y se exigió que se agotara el plazo de 48 horas para analizar el texto legal. Junts pel Sí y la CUP pretenden que ese trámite se reduzca a dos horas en un debate con aportación de enmiendas, si las hay. El PSC también abundó en el atropello de los derechos de los grupos de la oposición.

Reacción del Gobierno de Rajoy

En principio, Mariano Rajoy no convocará finalmente este miércoles un Consejo de Ministros extraordinario. La respuesta, de momento, se queda en la interposición de un incidente de ejecución de sentencia a través de la Abogacía del Estado para que el Tribunal Constitucional declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados por el Parlamento catalán. 

El Gobierno también reclama al TC que tome declaración a la mesa de la Cámara para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Carmen Forcadell y demás integrantes del órgano que hagan apoyado el plan separatista.

Una vez se aprueben las leyes de ruptura, el presidente pedirá un informe urgente al Consejo de Estado y presentará cuantos recursos sean necesarios ante el Tribunal Constitucional. Será entonces cuando haga llamar a sus ministros y, según fuentes gubernamentales, todo apunta a que eso pasará el jueves.

Así las cosas, fue Soraya Sáenz de Santamaría la encargada de fijar la postura del Ejecutivo. Fue muy dura en términos políticos, en especial contra Forcadell, la presidenta de la Cámara autonómica. "Se acercan a los regímenes dictatoriales, es bochornoso y vergonzante", declaró la vicepresidenta, en una declaración en Moncloa en la que únicamente admitió dos preguntas. "Bajo el mandato de Forcadell ha muerto la democracia", sentenció.

Una vez más, Santamaría aseguró que el Gobierno no permitirá el incumplimiento de la ley. "Sabemos lo que tenemos que hacer", destacó. "Mantendremos la dignidad de las instituciones", añadió. Si bien, como también es habitual, no avanzó ninguna respuesta que vaya más allá de acudir al Tribunal Constitucional.

"Votar la ley de referéndum tiene consecuencias", avisó a navegantes. "No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida", dijo en otro momento de su intervención.

En conversación informal con los periodistas, aseguró que la interlocución con el PSOE y Ciudadanos es constante y que la respuesta será coordinada. También hay una línea de comunicación abierta con los partidos constitucionalistas del Parlamento regional.