Transición ecológica y el recibo de la luz

El precio de la luz vuelve a marcar máximos históricos en el mercado mayorista al situarse por encima de los 130 euros por megavatio. Con el coste de la energía disparado, el Gobierno sigue penalizando fiscalmente a las escasas centrales nucleares que existen en España, a pesar de que pueden ser una solución para la situación actual, ante el encarecimiento del gas natural y de los derechos de emisión del CO2.

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se disparará el martes a un nuevo récord histórico, alcanzando los 130,53 euros por megavatio (MWh), y que es un 210,7% más alto respecto al mismo día del año pasado, es decir, más que triplica el precio que se pagaba hace tan solo 12 meses. En lo que va de agosto se han superado todos los máximos, apuntando a un precio medio para el mes por encima de los 100 euros. Del 9 al 13 de agosto ya marcó una cifra máxima tras otra.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado este lunes en el Congreso cambios en la tarifa regulada PVPC para tratar de estabilizar la factura de la luz y ha descartado una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, tal y como le demanda su socio de coalición, Unidas Podemos.

Ribera ha insistido en que existe una "prohibición expresa" en el derecho comunitario para fijar precios en los mercados mayoristas, establecer precios máximos o mínimos y también la obligación de aplicar precios marginales.

De momento, las únicas medidas adoptadas por el Ejecutivo han sido rebajar el IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), y siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh., y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.

"Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", ha zanjado la vicepresidenta tercera, que cree que "eso es lo peor que se puede hacer". Lo que se deduce la falta de voluntad de este gobierno por meterse en algo que al parecer le puede producir una pérdida de ingresos tributarios.

Un mix energético disparatado

Hay varias razones que nos llevan a esa situación dentro de la mala planificación del "mix" energético. Por un lado, se mantienen unas energías renovables que, en muchos casos, siguen sin ser rentables, cuyo soporte público vía subvenciones termina pagando, de una u otra forma, el usuario. Una cosa es que sea deseable que la energía que se emplee sea lo más limpia posible y otra muy distinta es que sea todavía más cara que limpia, empobreciendo al conjunto de nuestra economía.

En vez de afrontar un debate sobre una posible rebaja de los impuestos en el recibo de la luz, Ribera se ha escudado nuevamente en la Unión Europea y en el comportamiento de determinadas electricas que para aumentar beneficios han vaciado embalses o el abuso de las centrales de ciclo combinado que consume gas natural a precios prohibitivos imprescindibles para aprovechar la producción las energías eólica y solar

La ministra ha admitido que esta situación de sucesivos máximos históricos en el precio de la luz responde a "cuestiones complejas para las que es fundamental tener un diagnóstico correcto". En ese sentido, cree que "seria una buena idea pensar en la posibilidad de una comisión parlamentaria de estudio" que trabaje de manera no permanente sobre el análisis del impacto de los precios, el modo de funcionamiento del sistema eléctrico español, y las posibles mejoras que pudieran acometerse.

Peajes e impuestos, el 56,61 % del recibo

Otra parte importante del coste lo constituyen los peajes y los impuestos, hasta unos niveles tremendamente elevados en su impacto en la factura energética. Adicionalmente, pagamos todavía la moratoria nuclear que el PSOE llevó a cabo en los años ochenta, en una decisión populista y equivocada, que sólo conduce a unos mayores costes.

De esa manera, nos encontramos con que del total de la factura eléctrica, un 43,06% de la misma se debe a costes regulados y un 13,55% a impuestos aplicados. Es decir, el intervencionismo es responsable de un 56,61% del coste de la factura, de manera que más de la mitad de la misma depende de unos elementos que no los determina el mercado y que pueden provocar, como en estos momentos, distorsiones importantes al alza en el coste de la energía y en la pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos.

Mientras tanto, la factura de la luz de un usuario medio en agosto será «la más cara de la historia», con un encarecimiento en la primera quincena del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. El incremento de la electricidad ya se hace notar en los precios de consumo con el IPC subiendo hasta el 3,3% en agosto, la tasa más alta en casi nueve años.

España no puede seguir así. Debe redimensionar la composición de su conjunto energético para abaratar la energía y hacer que nuestra industria sea competitiva, además de evitar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Por ello, debe apostar por energías limpias, sí, pero eficientes. No sirve envolver todo de verde si ello es perjudicial. 

Se necesitan ideas nuevas, empuje, determinación, coraje para afrontar decisiones y vocación de servicio público para aplicar medidas imprescindibles que permitan conjugar energía limpia y eficiente. No parece que el actual Gobierno se encuentre en condiciones de ello, como vemos, ya que sus ideas se acaban en más gasto, más empresas públicas y la nacionalización por el lado comunista del Gobierno, sin ser replicadas esas afirmaciones por los socialistas. De seguir así, no se solucionará el problema energético, sino que se agravará y, con él, España perderá competitividad, los ciudadanos tendrán menor poder de compra y el conjunto de su economía se empobrecerá.