El saqueo de Andalucía - Las auditorias de empresas duplicadas o instrumentales del anterior regimen socialista

Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Las 54 auditorías realizadas al sector público instrumental revelan duplicidades y mala gestión

El Gobierno andaluz culminó en la semana que acaba de terminar uno de los objetivos que se había fijado al inicio de su mandato: desbrozar el bosque de entes instrumentales sembrado en la administración durante las cuatro décadas de gobiernos socialistas. Lo ha hecho a través de una auditoría operativa contratada mediante una licitación abierta dividida en lotes de las que resultaron adjudicatarias seis empresas y grupos de empresas entre las que se incluyeron algunos de los operadores más prestigiosos del sector. Esta semana se han conocido los resultados.

El Sector Público Instrumental Andaluz consta de 92 entidades: 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. Sin embargo sólo se analizaron 54 de ellas, entre las que figuran 18 fundaciones, 16 sociedades mercantiles, 18 agencias públicas empresariales y dos agencias de régimen especial (el Servicio Andaluz de Empleo y la Agencia de gestión agraria y pesquera (AGAPA). Quedaron fuera las que están en proceso de disolución o inactivas.

Los resultados ponen de manifiesto una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios, por lo que se va a abordar un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental para definir las estrategias con estas entidades, que los partidos del Gobierno llaman 'administración paralela' desvela casos duplicidades y caos organizativo.

El informe a partir de estos elaborado por la Junta y que se convertirá en una herramienta para la reforma del sector público que los partidos del gobierno autonómico pretenden impulsar, señala que se ha constatado que a lo largo de las últimas décadas la Junta de Andalucía desarrolló una «superestructura administrativa paralela» que provocó solapamientos funcionales que «han llegado a sedimentar y que, a día de hoy, dificultan el cumplimiento de los propios fines de la Administración».

Según las conclusiones presentadas, aparecieron duplicidades de funciones y competencias tanto entre algunos entes entre sí como entre estos y las consejerías de las que dependen e incluso con consejerías ajenas.

Otro de los puntos que destacan en el estudio son las deficiencias en la gestión de algunas de las entidades, así como, en algunos casos, mala organización en la gestión de bienes y activos. Uno de los casos de mala gestión que se destaca es el del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que sólo gestiona el 3% de las contrataciones en Andalucía.

Asimismo, se menciona lo que el Ejecutivo andaluz describe como caos organizativo en el área de recursos humanos. El personal de estos entes se rige por 66 convenios colectivos distintos, de los que 43 son propios y 23, sectoriales.

Entidades instrumentales

Entidades que podrían mantenerse con cambios leves: Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said; Aerópolis; Agencia Pública de Puertos de Andalucía; Fundación integración salud mental (FAISEM), Empresa Pública para gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, Agencia Andaluza de la Energía.

Entidades que se recomienda extinguir, fusionar o integrar: Agencia Pública de Educación, agencias públicas sanitarias Bajo Guadalquivir, Costa del Sol, Alto Guadalquivir, Poniente y EPES (se propone su integración en el Servicio Andaluz Salud), Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Fundación Andalucía Olímpica, INTURJOVEN, Red de Villas Turísticas.

Entidades con duplicidades. Canal Sur Televisión y Radio, RTVA, y Fundación Audiovisual Pública Andaluza; Agencia Andaluza del Conocimiento; Centro de nuevas tecnologías del agua (CENTA); Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA); Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA); Red Logística de Andalucía, S.A.; Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A

Entre este desorden administrativo, se destacan los sueldos por encima de la media del mercado en varios de los entes analizados, como en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Retribuciones superiores

Otro ejemplo aparece en la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), donde el personal laboral recibe retribuciones superiores a las que corresponderían a funcionarios, con pluses que no responden a una base directamente vinculada por el desempeño laboral.

Entre las irregularidades que el informe destaca en el plano laboral, se subraya como especialmente llamativo el del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que pese a su ineficacia, ya que realizaba una media de 12 ofertas de empleo por cada 1.000 demandantes, «sí ha servido para resolver el horizonte laboral de todos los ex trabajadores de la Faffe (la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo); de los ex UTEDLT (al menos 337 de sus empleados, el 55%, han sido incorporados tras sentencias firmes de anulación de despido); el personal de las escuelas consorcio (con irregularidades detectadas por los auditores en las de Benalmádena y La Cónsula).Los auditores han advertido de que las tablas salariales del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio-CIOMijas no provienen de convenio o acuerdo colectivo y que pueden considerarse nulas por carecer de informe previo. Una fundación de la Junta de Andalucía destina el 88% de su presupuesto a sueldos de personal sin tareas

Conclusiones

La primera de las conclusiones a las que llegan las auditorías realizadas es que durante los anteriores gobiernos se fue desarrollando una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta. Ello provocó duplicidad de funciones y competencias entre algunos entes, entre algunas de estas entidades y la Consejería de la que dependen y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos.

Otra de las conclusiones es la deficiencia en la gestión, lo que incluso está provocando dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados. Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales.

A modo de ejemplos, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -donde han confluido los ex trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación- el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.

Nueve de cada diez euros que gestiona la Fundación Pública Andaluza Legado Andalusí de la Junta se destinan a pagar los sueldos de una plantilla con «escaso» trabajo. Los auditores que han fiscalizado esta entidad cultural califican como «alarmante» que con un presupuesto de explotación de 1,28 millones de euros en el año 2019, los gastos de personal consuman 945.705 euros, es decir, el 88,53 por ciento.

Igualmente, en cuanto a la gestión ineficaz de algunos de estos entes, los resultados arrojan datos llamativos como el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solo se gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía o que realizó únicamente 12 ofertas por cada 100.000 habitantes.

Las auditorías reconocen la utilidad de algunos de los entes existentes y ponen también de relieve la ineficacia de otros, que podrían ser extinguidos o integrados, por falta de actividad o por no cumplir los objetivos que se marcaron para su creación y que durante años no han desarrollado actividad alguna no cumplen su fin como ente público o no responden a sus objetivos fundacionales, Un ejemplo de ello sería el Parque Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, del que se ha constatado que no ha tenido actividad desde hace años y en sus terrenos en propiedad de 156.750 metros cuadrados no se ha instalado ninguna empresa o la Fundación Doñana 21 o la Red de Villas Turísticas de Andalucía..

Los auditores apuntan la existencia de entidades que podrían mantenerse con cambios leves en su gestión o en su forma jurídica y otras que recomienda extinguir, fusionar o integrar.

El líder del PSOE, Juan Espadas, ha cuestionado la naturaleza de este informe, al que ha calificado como «el resultado de un encargo a demanda» del que han salido unas conclusiones «de control político, claramente sesgadas y de parte» .

Juan Espadas Cejas secretario PSOE-A