Frenazo al ataque impositivo del Gobierno de Sánchez contra Madrid

Montero, sobre el impuesto a Madrid: "No está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca"

La ministra de Hacienda María Jesús Montero siguiendo instrucciones de Presidente del Gobierno ha zanjado este viernes de una tacada la iniciativa del presidente valenciano, Ximo Puig, de crear un impuesto especial para las rentas altas radicadas en Madrid y que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, había considerado como una idea con «mucho recorrido». 

Montero acaba con la especulación sobre un impuesto especial para la capital, una serpiente de verano que garantizaba la irrelevancia del PSOE en la Comunidad de Madrid por años.. «Esta propuesta no está en la agenda del Gobierno, ni lo va a estar nunca», dijo María Jesús Montero, liquidando de golpe una de las serpientes de verano más llamativas de los últimos tiempos.

Montero ha zanjado así, de raíz, la polvareda levantada tras las declaraciones de Escrivá y cerrada, de momento, la espita del acoso fiscal a la Comunidad de Madrid. En declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el alcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Víctor Mora, Montero quiso despejar cualquier duda tras incidir en que «creo que he sido bastante clara. Eso sería una medida contraproducente que ningún Gobierno, sea del color político que sea, fuera a trabajar en esa dirección». Según sostuvo, la hoja de ruta del Gobierno en política autonómica es evitar cualquier enfrentamiento entre comunidades que pueda poner en peligro el consenso. «Nosotros nunca vamos a propiciar que se enfrenten territorios, sino todo lo contrario».

En los mismos términos se manifestó la portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, Hana Jalloul, que dio un portazo a la posibilidad de la creación de un «impuestazo» contra Madrid. «Estamos en contra de establecer unos impuestos especiales para los madrileños», reiteró Jalloul, quien se limitó a reclamar «un sistema de impuestos justo y equitativo para todos».

Puede ser que Montero tenga más sensibilidad que Escrivá sobre el nulo futuro electoral que espera a los socialistas madrileños de perseverar por ese camino. O que haya percibido los numerosos dolores de cabeza que la denominada ‘armonización fiscal’ puede crear con sus aliados nacionalistas (incluida la duración del Gobierno de Pedro Sánchez) y los ejecutivos autonómicos. O, por último, que simplemente se haya dado cuenta de que para seguir explorando la idea no basta con el marco de la financiación autonómica, sino que habría que modificar la Constitución.

El modelo español establece un sistema de soberanía fiscal con distintos grados de autonomía que ha permitido que, aunque los impuestos los paguen los ciudadanos y no los territorios, no resulte lo mismo tributar en Barcelona, Bilbao, Tenerife o Ceuta. La primera gran diferencia la establece el régimen foral de Navarra y las tres provincias vascas frente a las comunidades del régimen común. Pero dentro de éste último, coexisten el régimen común y el especial para Canarias, así como el que atañe a Ceuta y Melilla.

Lo cierto es que la idea impulsada desde el mismo Pedro Sánchez por imposición de ERC,  con la idea de seguir poniendo obstáculos a la presidenta de Madrid Diaz Ayuso y su despegue económico, ha tenido un corte súbito, en el momento que Moncloa ha atisbado que insistir por este camino podía entrar en una serie de inconstitucionalidades que llevarían a una lucha judicial en la que el Gobierno tenia las de perder y podía llegar a producir una verdadera batalla campal entre sus propios barones autonómicos, con resultados impredecibles.

Ximo Puig  y Escrivá, con el pie cambiado

 

La fiscalidad autonómica se está convirtiendo en una piedra en el zapato de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y de propio Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha marcado la armonización impositiva como uno de los principales objetivos para esta legislatura. Pero sus intenciones «de lograr la igualdad y la equiparación fiscal de todos los territorios» se está encontrando con bombas de relojería que están torpedeando su línea de flotación, la mayoría fuera de filas, pero también dentro y no por falta de apoyo, sino porque su forma de hacerlo dista lejos de ser adecuada.

Es lo que ha ocurrido con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que esta semana se alineó con el presidente valenciano, Ximo Puig, en su petición de gravar a la Comunidad de Madrid con un impuesto que compense al resto de autonomías por el efecto capitalidad. «Es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido», defendió Escrivá, haciendo suya la tesis del mandatario autonómico valenciano, que ha acusado a Madrid de abusar de su estatus de capital de España para «atraer bases imponibles de otros lugares. 

El tipo marginal máximo del IRPF en la Comunidad Valenciana es el más alto de España en el 54%, 10 puntos por encima del que tiene la Comunidad de Madrid. Si Ximo Puig no baja los impuestos en su comunidad es porque no quiere, no porque Madrid se lo impida. Por ello, volvió a reclamar armonizar fiscalmente «a todas las comunidades autónomas a través de este nuevo impuesto», destinado solamente a las rentas altas.