Sánchez premia a ERC: 43 millones para catástrofes nacionales irán a la conversión ‘eco’ de los Mossos

Pedro Sánchez con Gabriel Rufián en Moncloa.

El fondo estaba originariamente previsto para cubrir emergencias y catastrofes en toda España, pero ahora irá a los Mossos d'Esquadra

Nueva lluvia de millones de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Pedro Sánchez redirige para algarabía de sus socios independentistas. El Ejecutivo ha reorganizado una partida de 43 millones de euros, destinada en origen a un fondo de contingencias ante catástrofes y emergencias a nivel nacional, a dotar de una flota de coches eléctricos a los Mossos d’Esquadra (18 millones) y a rehabilitar comisarías del cuerpo policial catalán para hacerlas más sostenibles.

Las enmiendas transaccionales de los Presupuestos aprobadas por el Gobierno, aquellas que ponen nombre y apellidos al destinatario de partidas económicas cuyo destino era hasta entonces genérico, siguen arrojando sorpresas.

Una de las partidas más llamativas que el Gobierno reformula al gusto de sus socios de Esquerra Republicana tiene como origen un fondo de contingencia «para la reconstrucción de infraestructuras como consecuencia de siniestros, catástrofes u otras situaciones de reconocida urgencia». Un fondo que proviene de la Secretaría General de Financiación Autonómica. Lo ha denunciado el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero.

Ahora, ese dinero previsto para situaciones de emergencia, por alcance de 43 millones de euros, irá destinado a la Generalitat de Cataluña. Concretamente al cuerpo policial de Mossos d’Esquadra y para un fin muy diferente del original: políticas de transición energética.

De esa manera, Sánchez financiará con hasta 18 millones de euros las actuaciones en «las flotas de vehículos» de los Mossos d’Esquadra. Y los otros 25 millones, que salen de ese mismo fondo de contingencia ante catástrofes, irán a la «transición energética» de las «edificaciones» de los Mossos.

No sólo ERC, sino también EH Bildu ha conseguido redirigir hasta nueve proyectos de promoción cultural y deportiva, abiertos a toda España, a entidades locales y ayuntamientos exclusivamente vascos. Son, en total 15,5 millones de euros destinados a iniciativas de las que los de Arnaldo Otegi podrán hacer uso electoral de cara a las elecciones municipales de 2023. Entre ellos, los 250.000 euros para circos en euskera.

Un vistazo a las enmiendas transaccionales que se incluyen en el proyecto de Presupuestos muestra que lo que Sánchez entrega a Bildu a cambio de su apoyo es mucho más que lo que contenía aquel documento filtrado por los de Otegi. Una lista de cesiones que incluía a la Guardia Civil o un millón de euros para radios que emitan en vasco por internet.

En esas enmiendas se incluyen hasta nueve proyectos cuya redacción genérica dejaba en manos del Gobierno fomentar diversas líneas de actuación en materia cultural y deportiva en el ámbito nacional. La reformulación de esas partidas, con el sello de EH Bildu, deja exclusivamente esos 15,5 millones en manos de ayuntamientos vascos.

En Eibar, donde gobierna el PSE, Bildu ha arrancado al Gobierno de Sánchez un compromiso de gasto de tres millones de euros para rehabilitar una gran zona industrial y reconvertirla para uso peatonal. Una actividad que se definía antes de su reformulación como «apoyo a la cultura».

A Durango, gobernada por el PNV, Bildu ha redirigido una partida de 1,5 millones de euros a proyectos de «promoción y cooperación cultural» a rehabilitar un antiguo edificio de Correos.

Las reformas del Código Penal introducidas por los grupos parlamentarios del Gobierno muestran de forma palmaria el propósito de Pedro Sánchez de perpetuarse en el poder con el sostén de quienes quieren destruir la democracia y el sistema de libertades de los españoles. Tras los indultos a los golpistas y la supresión del delito de sedición, llega el turno del manoseo de la malversación para favorecer a políticos delincuentes de toda condición y el asalto al Tribunal Constitucional (TC) para conformar una mayoría que avale todos los despropósitos de Sánchez, más los de golpistas y filoetarras que se jactan de mandar en España para destruir España.

La toma del Tribunal Constitucional se lleva a cabo a través de dos enmiendas que desarticulan los mecanismos de control que regían hasta ahora la elección de los magistrados. Por un lado, se desmantela el procedimiento en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ya no será necesaria una mayoría de tres quintos para designar a los nuevos miembros del TC. Por otro, se elimina el requisito de verificación de los nuevos magistrados a cargo del propio TC. Y todo ello en medio de

La primera enmienda desmonta parte de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. La segunda afecta a varios puntos de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional. La operación no puede ser más burda, rastrera y obscena. Consumado el golpe al Poder Judicial en el Congreso, el exministro de Justicia que firmó los indultos, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, que presidió el Consejo de Garantías estatutarias de la Generalidad golpista, podrán ocupar plaza como magistrados del TC que debe garantizar el cumplimiento de los deseos de Sánchez y sus socios separatistas.

Y si el principal servicio a la causa golpista de Campos fue firmar los indultos, el de Díez fue emitir un informe "técnico" que avalaba los cambios legislativos de la Generalidad para prohibir que se imparta el más mínimo porcentaje de lengua española en la enseñanza obligatoria. Ese es el perfil. O mejor, el percal. Y con esos mimbres, convertida la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado de 2017 en papel mojado, y suprimidos y modificados a su gusto los delitos que se imputaron a los sediciosos, Sánchez da un paso más en un programa cuyos últimos objetivos son la demolición de España a través de consultas separatistas en Cataluña y el País Vasco y la abolición de la Monarquía Constitucional en favor de una república que el presidente del Gobierno debe percibir como más "luminosa" aún que la instaurada en 1931.

Los cambios en el Código Penal y los nombramientos de títeres del Gobierno en el Constitucional forman parte de un proyecto totalitario que dinamita la separación de poderes y plantea el control político de los jueces, la ilegalización de los partidos contrarios a los desmanes socialcomunistas y separatistas, la ocupación de los medios y el cierre de los que no se avengan a las reglas sanchistas, la impunidad para malversar en nombre de las causas de la izquierda y todo lo que haga falta para consagrar a Sánchez y a sus colegas como dueños y señores de los designios de unos españoles sin España y sin las más elementales garantías jurídicas y políticas. Les llaman reformas del Código Penal, pero se trata del derribo controlado por los enemigos de España de toda la arquitectura institucional de la democracia. Hasta ahora, el episodio más grave de la infausta legislatura. Pero habrá más y peores.