El Gobierno activa un plan b tras el su tropezón en su intento de asalto al Poder Judicial.

Sánchez intenta asaltar de nuevo el Constitucional con otro trámite por vía de urgencia

Parece claro que Sánchez no va a dar su brazo a torcer y que va a recurrir a un plan B a través de una nueva artimaña revestida de aparente legalidad, pero que no es más que una forma de orillar los procedimientos normativos para lograr su propósito de someter al TC. La proposición de ley tramitada con carácter de urgencia volverá a impedir el pronunciamiento del Consejo de Estado y del CGPJ, de forma que lo que Sánchez busca es sepultar cualquier consideración contraria a su iniciativa de los órganos constitucionales. En suma: exactamente lo que contrario de lo que exige la UE. Aquí, el único consenso que parece preocuparle al presidente del Gobierno es el que está dispuesto a alcanzar con los enemigos de España -golpistas catalanes y etarras de Bildu-. Nada de tender la mano a las formaciones constitucionalistas. Todo lo contrario. Su apuesta de presente y futuro pasa por una retroalimentación de intereses entre el socialismo, el populismo de extrema izquierda y los partidos que han puesto en la diana el marco constitucional. Sánchez, el que decía acatar, vuelve al ataque con la intención expresa de demoler el régimen del 78. Ese es su plan.

El presidente, con este movimiento, insiste en reformar por vía urgente la ley orgánica que regula el Órgano de Garantías y la del CGPJ. Sánchez ya advirtió, en una comparecencia este martes, que el Ejecutivo iba a usar todas las herramientas a su disposición para lograr su objetivo. Incluso insinuó que, tras la decisión del Constitucional, podría avanzar una pantalla y reformar también la mayoría para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Por ahora, esto no se incluye en el documento que desde este mediodía trabajan los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos. En su momento, cuando ambos grupos lo propusieron, provocó que Bruselas reprendiera al Gobierno.

Según fuentes del Ejecutivo, que ha avanzado su intención de no guardar en el cajón la reforma paralizada por los jueces, esta proposición de ley se hará mediante la tramitación urgente. Eso quiere decir que, al acortarse todos los plazos, podría estar aprobada y entrar en vigor en menos de un mes. Moncloa no descarta incluso la convocatoria de un pleno extraordinario a lo largo del mes de enero, un mes inhábil en el Congreso, para imprimir rapidez al asunto. De momento, el Ejecutivo ya ha hablado con varios grupos de la izquierda, que han censurado la decisión del Constitucional, y que han manifestado su voto favorable a la iniciativa, para que se sumen también a la propuesta.

Las enmiendas que fueron suspendidas por parte del Constitucional, y que ahora el PSOE y Podemos tratarán de darles validez legal mediante otro texto, pretenden, por una parte, eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional. Y, por otra, modificar el propio órgano de garantías eliminando el plácet, el examen de la idoneidad a los nuevos magistrados y habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios. Son la vía que el Gobierno ha encontrado para superar el bloqueo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo con el PP, que dura ya cuatro años y que desde el pasado verano se extiende al Tribunal Constitucional, donde impera una mayoría conservadora.