Los paganos del 'Procés' - Para ellos no hay indulto

El Tribunal de Cuentas reclama a Puigdemont y otros 19 cargos separatistas 4,14 millones malversados para el 1-O

Al tratarse de una actuación administrativa —no penal— ni Puigdemont ni los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí están amparados por la inmunidad parlamentaria como eurodiputados. Este martes, tras conocer la decisión, Puigdemont pidió ayuda económica a los ciudadanos catalanes. “El Tribunal de Cuentas nos pide una fianza de 4,1 millones de euros a los que hicimos posible el referéndum del 1 de octubre. Tenemos 15 días para evitar que nos embarguen nuestros bienes. Si votaste el 1 de octubre, te necesitamos”, escribió en la red social Twitter junto a una imagen con un número de cuenta.

Junto a ellos serán juzgados todos los exconsejeros del Govern de Puigdemont, incluidos Santi Vidal, que dimitió antes de la declaración de independencia del 27 de octubre, y Neus Munté, que abandonó el Ejecutivo en julio de ese año. Además, en la lista figuran algunos altos cargos claves en la preparación de la consulta ilegal, como Josep María Jové o Antoni Molons.

La instructora exoneró, en cambio, a Eva María Pardo y Jordi Serra, ambos interventores de la Generalitat, y a Josep Vidal, director general de Economía Social de la Generalitat.

El procedimiento ante el Tribunal de Cuentas es similar al que afectó al expresident Artur Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que se celebró pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. El tribunal fijó en 4,99 millones de euros el dinero malversado en aquella ocasión. Esa sentencia del órgano fiscalizador se encuentra recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La causa por el 1-O en la llamada jurisdicción contable corre en paralelo a la sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, que el 14 de octubre condenó a penas de hasta 13 años de prisión por sedición y malversación a Junqueras y a otros ocho exconsejeros del Govern de Puigdemont por la fallida declaración de independencia del otoño de 2017.

En la causa ejercen la acusación la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y las asociaciones Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución. El ministerio público, en su demanda, no concreta una cifra total de dinero supuestamente malversado, aunque da varios gastos parciales, entre ellos uno de 979.666,96 euros en papeletas y otro de 38.431,20 euros en cartelería, así como 2,3 millones de euros de la "acción de la presidencia catalana" en el exterior para promover el proceso independentista. Las asociaciones constitucionalistas reclaman un desfalco total de 1.971.601,20 euros.

En la causa penal sobre el procés ante el Supremo, la Fiscalía mantenía en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista. En esta cantidad figura el montante que supuso el uso durante la jornada del 1-O de los más de 2.259 locales habilitados como puntos de votación y que fue valorado pericialmente por la entidad SEGIPSA en 900.906 euros.

A esta cantidad hay que sumar las campañas de publicidad del registro de residentes en el exterior (220.253 euros), la campaña de publicidad del referéndum (los anuncios de las vías del tren emitidos por TV-3, que ascienden a 277.803 euros), las facturas de Unipost por los envíos postales de las tarjetas censales (979.661 euros) y la cartelería (47.151).

Los gastos de honorarios, viajes y manutención de los diferentes grupos de observadores internacionales y estudiosos que acudieron a Cataluña en la jornada del referéndum y en los meses previos ascendieron a 338.607 euros. De esta cantidad, 177.304 euros corresponden al grupo de los 12 "expertos internacionales" contratados por Diplocat y liderados por la neozelandesa Helena Catt.

Esta actividad preparatoria del referéndum ilegal también se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde se encuentran imputados algunos de los protagonistas secundarios del procés, como Josep Maria Jové, diputado autonómico de ERC y número dos de Oriol Junqueras cuando sucedieron los hechos; Josep Lluís Salvadó, exsecretario autonómico de Hacienda; o Antoni Molons, secretario de Comunicación del Govern y la persona sospechosa de ser "el tal Toni" que realizaba los encargos del material preparativo del referéndum ilegal.

Economistas internacionales apoyan a Mas-Colell ante el inminente embargo por el Tribunal de Cuentas

“En dos semanas, la casa de mis padres, su pensión y su cuenta bancaria podrían pasar a manos de las autoridades”, denuncia el hijo del exconsejero catalán acusado de desviar fondos al ‘procés’

El debate sobre la concesión de los indultos a los líderes catalanes juzgados por el procés eclipsa otro frente legal del independentismo, con muchos más afectados y con importantes consecuencias económicas. En la lista también está el máximo responsable de Economía de la Generalitat en esa época, Andreu Mas-Colell. Uno de sus hijos, Alexandre, profesor de la Universidad de Princeton, ha denunciado este lunes, a través de las redes sociales y en inglés, su caso. Los mensajes han despertado una ola de apoyo entre la comunidad académica económica, como ha sido el mensaje del economista Alexander Tabarrok, director de investigación del Think Tank Independent Institute; Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México o por la cuenta oficial del Instituto de Investigación en Economía de la Universidad de Georgetown.

“En dos semanas, la casa de mis padres, su pensión y su cuenta bancaria podrían pasar a manos de las manos de las autoridades estatales”, ha escrito el hijo del exconsejero en la red social. Mas-Colell fue consejero de Economía durante el Gobierno de Artur Mas, que finalizó en 2015. El Tribunal de Cuentas estudia el desvío de fondos públicos a la promoción del procés a nivel internacional, que terminó con el referéndum de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El órgano fiscalizador cree que se malgastaron unos 4,8 millones de euros entre 2011 y 2017.

Alexandre Mas, que también trabajó para el gobierno de Barak Obama, no pide ningún tipo de contribución económica para ayudar a su padre pero sí invita a que haga pública y se comparta su situación, desconocida fuera de España, en las redes sociales. Mas-Colell, asegura su hijo, está dentro del procedimiento solo por haber sido el máximo responsable del Presupuesto de la Generalitat e insiste que no tuvo ningún papel en la organización del referéndum del 1-O. “No habrá juicio, simplemente se impone una sanción. Los recursos [contra la posible responsabilidad administrativa] durarán años y pueden llegar a la justicia europea, pero el truco es que mientras tanto el acusado tiene que depositar una garantía por el importe total solicitado”, recuerda en su hilo de Twitter.

El exconsejero, de 76 años, se jubiló una vez terminó su labor al frente de Economía. El próximo día 26, su cumpleaños, tendrá que ir al Tribunal de Cuentas junto con otros 40 altos cargos para conocer cuánto dinero ha de asegurar. Además de Esquivel y Tabarrok, también han mostrado su apoyo el profesor de la Universidad de Minnesota Tim Kehoe o Dani Rodrik, presidente de International Economic Association y profesor de la Harvard Kennedy School.

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El hijo de Mas-Colell denuncia el asedio del Tribunal de Cuentas a su padre

La persecución del Tribunal de Cuentas a los políticos independentistas ha llegado con fuerza a los lectores de habla inglesa. El hijo del exconseller Andreu Mas-Colell, Alexandre Mas, ha publicado un hilo de Twitter en inglés dónde denuncia el asedio que está sufriendo su padre por parte de este tribunal.

Alex Mas es profesor de Economía Laboral en la prestigiosa universidad de Princeton, y desde los Estados Unidos ha querido dar a conocer la situación que se vive en Catalunya. "Mi padre, el economista Andreu Mas-Colell, está sufriendo una situación injusta", empieza la larga publicación en la red social, donde justifica abordar un tema personal en un perfil profesional por la extrema gravedad de la situación que vive su familia. "En dos semanas, la casa de mis padres, su pensión y su cuenta bancaria podrían pasar a manos de las autoridades estatales", denuncia a consecuencia de la causa del Tribunal de Cuentas contra la acción exterior de la Generalitat.

La persecución política en Catalunya

El mes pasado, el Tribunal de Cuentas puso en el centro de sus investigaciones la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017 por supuestos gastos relacionados con el procés independentista, y el órgano fiscalizador señaló personalmente a más de una treintena de personas, entre las cuales los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y muchos otros exconsellers como Raül Romeva, Jordi Turull y Andreu Mas-Colell. Sólo por el trabajo del Diplocat se reclaman 4,5 millones de euros.

Alex Mas recuerda que su padre se retiró de la política en el 2015, dos años antes que el siguiente Gobierno pusiera en marcha el referéndum del 1 de octubre. "Estos acontecimientos llevaron a una oleada de detenciones, condenas, encarcelamientos y duras penas contra líderes políticos y de la sociedad civil", explica Alex Mas. Puntualiza, sin embargo, que su padre no tuvo nada que ver con la organización del referéndum, porque ya estaba retirado. "Y ahora, seis años después de su jubilación, ha estado señalado con un castigo financiero severo", ha denunciado.

El asedio del Tribunal de Cuentas

"Aunque no queda escrito, parece que se lo señala porque fue responsable de implementar los presupuestos votados en el parlament. Parece que por eso se le responsabiliza personalmente por una cantidad total que puede sumar decenas de millones de dólares", valora en su hilo de Twitter.

Alex Mas explica que no habrá juicio, que la pena simplemente será dictada y costará años hacer que el caso llegue al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. "El truco es que mientras tanto los acusados tendrán que dar el total que se les pida", remarca. Por eso, puede ser que todos los acusados tengan que ceder sus ahorros y sus propiedades al Estado. "Será una expropiación arbitraria. Me entristece que alguien que ha puesto tanto esfuerzo al crear una educación superior e investigación en España se le trate de esta manera", denuncia. El 29 de junio los acusados tendrán que comparecer, coincidiendo con el 77.º aniversario de Andreu Mas-Colell.