Médicos de urgencias a pie o en bicicleta

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana proponen a los médicos ir en bicicleta a las visitas a domicilio tras quitar el servicio de ambulancia. Algunos departamentos optan por esta alternativa al suprimirse, a partir de hoy, los transportes urgentes para este tipo de servicios. Los cambios han entrado en vigor este 1 de agosto. Conselleria apunta que son alternativas «provisionales», mientras que el PPCV critica el "caos" y el "grave deterioro"que provoca

La entrada en vigor del nuevo contrato del servicio de ambulancias en la Comunidad Valenciana impedirá a los profesionales sanitarios que trabajan en los Puntos de Atención Continuada (PAC) disponer del servicio de Transporte No Asistido (TNA) con el que hasta ahora se desplazaban para atender las visitas domiciliarias.

El cambio en el Pliego de Prescripciones Técnicas -motivado, según la Conselleria de Sanidad por una recomendación de la Abogacía de la Generalitat que consideraba 'irregular' utilizar estos vehículos sólo para desplazar a los profesionales- ha obligado a cada departamento de salud a adoptar medidas alternativas para su personal médico y de enfermería.

Algunas de estas opciones han sido recomendaciones de la propia Conselleria -como utilizar vehículos particulares y cobrar posteriormente el kilometraje, contratar taxis o emplear las ambulancias de la Unidad de Hospitalización a Domicilio-, aunque hay también gerencias -como la del departamento de salud de Alicante/Hospital General- que se han decantado por facilitar a sus profesionales un servicio con cuatro vehículos de combustión Opel Corsa y cuatro bicicletas eléctricas «sin cargo».

En general, estas propuestas han sido mal recibidas por los facultativos, pues consideran que son insuficientes, podrían interferir con su ámbito deontológico y genera un conflicto de intereses y derechos jurídicos. Por una parte, puede dificultar al médico o al enfermero realizar su trabajo con seguridad y medios adecuados, al mismo tiempo que no garantiza que el paciente reciba la mejor asistencia posible. Pero además, los sanitarios subrayan que la falta de medios podría llevarles a incurrir en delitos de mala praxis u omisión del deber del socorro si no acuden o llegan tarde a lo que pueda ser una emergencia.

Por su parte, la Generalitat insiste en que todas las medidas son provisionales, mientras se estudian soluciones globales consensuadas y que ahora ha sido la gerencia de cada departamento la que ha escogido la opción que mejor se adapta a las características de su territorio. También subrayaron que, en ningún momento, se van a ver afectadas las urgencias sanitarias, ya que en estos casos el servicio 112 siempre enviará una ambulancia con personal sanitario.

Desde el PPCV se tiene una visión absolutamente contraria. El coordinador de Política Social del Grupo Popular, J.J.Zaplana, alertó este martes de lo que considera un «recorte brutal» y criticó que la titular del departamento, Ana Barceló, no se haya reunido con las sociedades científicas, los sindicatos o los Colegios Médicos antes de que este cambio entre en vigor.

En opinión de Zaplana, el hecho de que cada departamento sanitario haya buscado opciones a su «libre albedrío» es fruto de la «descoordinación» y de la falta de previsión de Sanidad ante un pliego que ata la prestación del servicio durante cuatro años más dos de prórroga.

J.J.Zaplana alertó de que la Conselleria no ha sopesado lo suficiente las consecuencias que puede tener que un médico se desplace a una visita en un vehículo particular. Apuntó que, si una vez en el domicilio del paciente, el profesional sanitario diagnosticara que la atención requerida es urgente, sería entonces cuando deberá llamar al 112, que le remitirá la ambulancia, con lo que se habrá perdido, al menos, media hora en la mayoría de los casos, un tiempo que puede ser vital.

También cuestionó como va a transportar el facultativo el material sanitario si se desplaza, por ejemplo, en una bicicleta. El portavoz popular expresó, en definitiva, su tristeza por lo que considera un "malbaratamiento aberrante" del servicio público sanitario, ante la "pasividad" de la Conselleria.