Päjaros disparando a las escopetas - Puigdemont falsea la demanda contra Llarena

Carles Puigdemont falsea una traducción para acosar al juez Llarena en Bélgica

Carles Puigdemont y Quim Torra, tras su reunión en el Martin's Grand Hotel de Waterloo en Bélgica. Stephanie LecocqEFE

Una traducción errónea. Ese es uno de los pilares de la querella presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y sus ex consellers contra el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, Pablo Llarena. El documento sustituye en la traducción del castellano al francés un condicional por una afirmación, que implicaría que el magistrado vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Pero no lo hizo. En la demanda presentada en Bélgica traducen el «si es que ha sido así» que pronunció el magistrado cuando hablaba de la comisión de delitos por un «sí, así ha sucedido». El juez está llamado a declarar el 4 de septiembre.

«Los magistrados deberían tener la boca cerrada cuando hablan públicamente de causas que están instruyendo», afirmó Carles Puigdemont ayer ante la prensa en Waterloo, a una semana de la citación del juez Pablo Llarena ante la Justicia belga. El ex president se refería precisamente a las declaraciones de Pablo Llarena el pasado 22 de febrero y en las que se basa la querella que Puigdemont y los ex consellers presentaron en Bélgica, el pasado 5 de junio, contra el juez del Supremo que instruye el procés. Pero en la demanda presentada hay un error de traducción que resulta crucial.

El magistrado, ante los medios, aquel 22 de febrero, explicó que no podía considerarse presos políticos a los acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la proclamación unilateral de independencia. Alegó que los hechos que se les imputan son «comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal». Y puntualizó: «Con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados». Esa es la clave. Los independentistas catalanes consideran que con estas palabras, Llarena vulneró su derecho a la presunción de inocencia, pero lo hacen basándose en una traducción incorrecta. En el texto de la demanda presentada en Bélgica sustituyen ese «si es que ha sido así» condicional, que pronunció el magistrado («et si c'est ce qui s'est produit», debería haberse traducido), por un «sí, así ha sucedido» («et oui c'est ce qui s'est produit») que transforma la frase en una afirmación tajante.

La declaración de Llarena original (arriba) y la traducción al francés incorporada a la demanda de Puigdemont.

"Si es que [hubo delito]", dijo el juez; "así ha sucedido", se traduce en la querella

En la denuncia interpuesta ante la Justicia belga el pasado 5 de junio, los políticos catalanes describían España como un lugar en el que «los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia» sufren «violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales». Y aunque la querella está dirigida contra Llarena, el texto es una crítica feroz que cuestiona la independencia judicial y el adecuado funcionamiento de la Justicia en España. En el documento se recuperan párrafos de los autos o antecedentes irrelevantes que se convierten en conjeturas. Realmente, la única aportación para sostener el «ensañamiento» del juez es el párrafo, en realidad, mal traducido.

El juez Llarena solicitó el pasado 15 de agosto el amparo del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno de Pedro Sánchezalegó en principio que no podía actuar «puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función». Pero el pasado fin de semana, ante la presión política y judicial, rectificó su posición. Aunque el Ejecutivo lo achaca a un problema de comunicación, Justicia aseguró estar en proceso de contratar un bufete de abogados en Bélgica para personarse en la causa e insistió en que tomará las medidas necesarias «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica». Ayer, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que el Gobierno defenderá al magistrado ante la Justicia belga «hasta las últimas consecuencias».

La rectificación del Gobierno será usada para elevar el acoso a Llarena en Bélgica

Pero la indecisión de Sánchez sobre si personarse o no en la causa contra el juez del Supremo podría costarle muy cara a Llarena. Durante su comparecencia ante la prensa en Waterloo ayer, Puigdemont aseguró que sería «un precedente gravísimo que el Estado español pagara la defensa jurídica de un ciudadano español, sea o no juez». El ex president reconoció su confusión ante los últimos movimientos del Gobierno y subrayó que no intervenir «sería la opción correcta» pero también que si el Ejecutivo cambiaba de idea era debido a las presiones, «también políticas». Esto, advirtió Puigdemont, «demuestra la tesis principal de nuestra argumentación y es que se trata claramente de un montaje político, de un caso de persecución política».

De hecho, uno de los abogados de Puigdemont en Bélgica, Gonzalo Boye, insinuó en Twitter que la acusación utilizaría este argumento. Boye publicó los comunicados contradictorios de Moncloa acompañados de un comentario: «Con tanto comunicado, la de tiempo que vamos a gastar en traducciones».

Puigdemont se pronunció sobre la polémica tras reunirse ayer en Waterloo con Quim Torra, actual president de la Generalitat, para preparar el inicio del curso político. Lo hicieron en un hotel, lejos de la conocida como Casa de la República. Antes de su tête à tête, se habían reunido con los ex consellers y con la actual portavoz del Govern, Elsa Artadi, que también se desplazó a Bélgica.

En los próximos meses, se cumplirá el primer aniversario de la celebración del referéndum ilegal, la declaración de independencia y la huida a Bélgica de parte del Govern depuesto. Antes, tendrá lugar la Diada. President y ex president anticipan un crecimiento de la presión y piden a los catalanes que salgan a la calle «con más fuerza que nunca». Mientras, Puigdemont culpaba a los partidos que «flirtean con la violencia» [en referencia a PP y Ciudadanos por pedir la retirada de los lazos amarillos] del aumento de la tensión. Y para Pedro Sánchez dejó otra advertencia: aseguró que este inicio de curso puede estar lleno de «nubes negras» o «grandes oportunidades». Todo dependerá, dijo, de la actitud del presidente del Gobierno. El juicio contra el juez Llarena podría ser el primer órdago.

Del acto en Oviedo a una denuncia en Bélgica

Las primeras declaraciones públicas que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena realizó sobre el 'procés' catalán fueron el pasado 22 de febrero. En un acto celebrado en Oviedo junto a otros expertos penalistas, Llarena se mostró contundente al decir que los líderes independentistas encarcelados «no son presos políticos». El objetivo de la instrucción «es conocer los hechos y los términos en que se desarrollaron [los delitos] para que podamos hacer una calificación de si es delito en España e infracción penal en los países donde se encuentran fugados», explicó en referencia a Puigdemont y Anna Gabriel.

Puigdemont tras su reunión con Torra en Waterloo. (EFE)

El original que leerá el juez belga que debe decidir sobre la acción civil pone en boca del magistardo español una afirmación que nunca efectuó

La demanda civil presentada por Carles Puigdemont en Bélgica reproduce en su contenido el textual las declaraciones ante los medios que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena realizó tras un acto privado celebrado en Oviedo y hace recaer en estas palabras del magistrado el peso de sus acusaciones de daños provocados a la reputación y su honor. El escrito se presentó ante un Juzgado de Primera Instancia de Bruselas en francés y se acompaña de una traducción jurada en castellano.Hasta aquí todo correcto. No obstante, una comparación de los textos en sus dos versiones -francés y castellano- permite comprobar que se ha introducido en la variante en francés un sutil cambio en las palabras del magistrado quealtera el sentido de la frase concreta que pronunció ante la prensa tras participar en una conferencia ofrecida en Oviedo en febrero de 2018.

En la transcripción en castellano Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' lo estén siendo por motivos políticos y asegura que trata de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal. Dice textualmente, en respuesta a una pregunta sobre si en el procedimiento hay presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

En la transcripción en castellano Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' estén siendo investigados por motivos políticos

En este textual el magistrado incide en la presunción de inocencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de acusados por rebelión y sedición. No obstante, en la traducción al francés las palabras del juez sugieren que les considera sin ninguna duda culpables de estos comportamientos delictivos. La frase en este idioma, contenida en la demanda es la siguiente: "Ce nést pas le cas que nous travaillons a la Cour Supreme, il s'agit de comportements que sont inclus dans notre Code Penal et que, peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s´est produit, il faut faire une enquête".

Ambas cosas no significan, ni mucho menos, lo mismo. La frase en el idioma en que se leerá en el tribunal belga que ha citado al magistrado el próximo 4 de septiembre se traduciría al castellano por "con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados". Esta disonancia en las dos versiones fue detectada por un profesor francés hispanoblante, que alertó de las diferencias en las redes sociales, y cuya apreciación fue después difundida por varios juristas. El Confidencial ha comprobado que figura tal cual en el original de la demanda civil presentada en Bruselas por el 'expresident' y cuatro de sus 'consellers'.

Fuentes de la defensa consultadas por este diario quitan importancia a este matiz y ponen el acento en la primera parte de las declaraciones del juez, en las que niega que en la causa que conduce existan presos políticos. Para los abogados de Puigdemont, dirigidos por el belga Paul Bekaert, la importancia de esas afirmaciones de Oviedo reside en que el juez admite que no comparte uno de sus principales argumentos de defensa: los motivos de la instrucción y encarcelamiento son políticos y no penales. Que lo descarta de plano y les prejuzga por ello.

Distintas fuentes jurídicas e incluso el entorno más cercano del propio magistrado ven en este principio una evidente contradición y "trampa". Aseguran que es impensable que el magistrado hubiera indicado lo contrario ante la prensa -que Junqueras y el resto de encarcelados son presos políticos- que sería lo mismo que decir que la acusación por rebelión y malversación no se impulsa por motivos delictivos sino ajenos a la labor de un juez. Una prevaricación de libro.

Más leña para lo que ya se ha convertido en la crisis gubernamental de agosto. En tres días, la postura del Ejecutivo ha virado de la oposición de Justicia a defender al magistrado precisamente por estas declaraciones traducidas de forma incorrecta, a una defensa a ultranza del juez. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, quiso zanjar este lunes la polémica que ha provocado las iras de jueces y fiscales de todas las asociaciones, salvo JpD, asegurando que se va a defender a Llarena en Bélgica "hasta las últimas consecuencias".

El Mundo - El Confidencial