ERC y Bildu presionan a Sánchez por el cambio en el constitucional

Justo después de confirmarse la decisión de nueve vocales del Poder Judicial de no aceptar el chantaje del Gobierno para fraguar el asalto del PSOE al TC, el Gobierno ha intensificado sus presiones. Y el nuevo mecanismo de tensión, en caso de conseguir triunfar, marcaría todo un hito en los rodillos institucionales: el Gobierno presiona para forzar un dimisión de vocales en el Poder Judicial y romper, precisamente, el bloque de miembros de este organismo que se han negado a las coacciones previas.

Porque ERC quiere más. Y Sánchez, hasta el momento, ha concedido a sus socios todo lo que le han pedido. Ya dio un indulto a la cúpula del golpe separatista del 1-O. Y, ahora, Aragonès quiere impunidad plena para los delitos relacionados con el separatismo: incluido el lanzamiento de nuevos referéndum de ruptura de España. E incluida una fórmula de referéndum encubierto que permita celebrar la votación rupturista sin el más mínimo temor.El asalto al Tribunal Constitucional por parte del PSOE no amaina. Tensiones y coacciones para forzar dimisiones que tumben a los vocales del CGPJ que no se someten a los deseos de Pedro Sánchez. Violaciones de las exigencias europeas de independencia judicial y fiscal. Presiones al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para que maniobre y fuerce a los vocales a acatar las exigencias del Gobierno. Todo vale en este jaque de Sánchez al TC. En su enésimo capítulo de ataques a las instituciones.

Porque Aragonès ha reclamado de todo a Sánchez. Y nada admisible en un sistema judicial limpio y un esquema democrático limpio y homologable. El presidente catalán ha exigido, efectivamente, la extensión del indulto ya concedido a los golpistas, a los más de 300 casos de violencia callejera por separatismo encausados judicialmente en estos momentos. Aragonès ha exigido, así, el perdón general para los violentos ya confirmados como tales y para los que lo acaben siendo en futuros referéndum.

Y Sánchez no puede esgrimir sorpresa: ERC registró el pasado mes de mayo en el Congreso su petición formal y por escrito para proceder al archivo de toda actuación judicial para los CDR y Tsunamis. Toda una impunidad o inviolabilidad penal para quienes defienden con violencia la ruptura de España y, además, extensible a quienes preparan ya nuevos referéndum separatistas. Quiere decir que para manosear la Justicia y frenar, a través de la Fiscalía, los procesos e imputaciones por los delitos cometidos en favor del separatismo de forma que todos los culpables o en fase de juicio o investigación queden bajo un manto de impunidad.

¿Y por qué es tan importante para Sánchez el control del Constitucional? La respuesta está, una vez más, en ERC y Bildu, dos partidos que ya casi son uno y funcionan con una agenda destructora de España plenamente uniforme y pactada. Ambos han exigido al presidente avances constatables en su agenda separatista. Quieren la impunidad para todos los delitos relacionados con el independentismo; quieren a sus delincuentes presos (en especial, a los etarras) en la calle; y quieren un mecanismo de referéndum rupturista pactado entre ellos y avalado por el TC. Y saben que esas exigencias no tienen cabida en el actual marco constitucional. Momento en el que han reclamado a Sánchez un TC dócil y controlado que interprete de modo favorable reclamaciones que violan la Carta Magna española.