El idioma español en Cataluña: una urgencia democrática

Se trata de una urgencia vital y democrática, que no sólo apela a los ciudadanos de Cataluña, sino a los de toda España.

La Generalidad de Cataluña pretende eliminar el idioma español de la enseñanza en todos sus niveles, de las guarderías a las aulas universitarias. El plan es público y notorio y los principales prebostes del separatismo se jactan de que esa operación de "limpieza lingüística" es uno de sus objetivos prioritarios. Ya son más de cuatro décadas de hostigamiento contra las familias que piden que sus hijos puedan recibir enseñanza en español, cuatro décadas de violencia extrema contra quienes han denunciado la vulneración en una parte de España de los derechos lingüísticos de los españoles, de acoso, insultos, desprecios y marginación con todo el aparato administrativo, represivo y propagandístico de los separatistas volcado en la tarea.

En Cataluña, pues, el español es un idioma perseguido, maltratado en la vida pública y objeto de toda clase de limitaciones y marginaciones en el ámbito de la enseñanza. A lo largo de estos más de cuarenta años de autonomía en la región se ha intentado convertir la lengua materna de más de la mitad de los habitantes de Cataluña en un idioma extranjero, como si fuera un cuerpo extraño y ajeno a la realidad sociolingüística de la comunidad, un elemento cuyo uso se ha tratado de asociar a grupos de inadaptados.

Una cantidad incalculable de familias ha tenido que cambiar a sus hijos de la escuela pública o concertada a centros donde se tratara el español con normalidad. Hay también una cantidad incalculable de niños que ha sufrido señalamientos, burlas y todas las formas imaginables de acoso escolar por razones lingüísticas ante la pasividad de los sucesivos gobiernos de España, que han dejado en manos de la denominada "escuela catalana" (el entramado de docentes, sindicatos y asociaciones separatistas construido e impulsado por la Generalidad) el adoctrinamiento y la negación de los derechos lingüísticos y culturales de los millones de alumnos que han pasado por la mayoría de los centros educativos de Cataluña en estos años.

El 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una sentencia por la que se instaba a la Generalidad catalana a ofrecer al menos un 25% de las clases de educación obligatoria en español, fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo y que la administración autonómica sólo cumplió parcialmente en la treintena de escuelas donde hubo padres que no tuvieron miedo a reclamar su aplicación. La posibilidad de que más y más familias se acogieran a esa resolución judicial propició que la Generalidad, con el decidido concurso de los socialistas, desplegara primero a sus "activistas" lingüísticos para amedrentar a lo padres y luego remozara las leyes educativas autonómicas para hacer inviable la ejecución de la sentencia.

Que la consejería de Educación estuviera al frente de la campaña de acoso contra la primera familia que logró la aplicación del 25% en un centro escolar de la población barcelonesa de Canet de Mar fue el primer aviso a navegantes. Sucedió casi un año después de la emisión de la sentencia y fue una operación que vulneró los más elementales derechos y la seguridad física de esa familia y de cuantas osaron pedir que en Cataluña se cumpliera la ley, así como de las entidades que les dieron cobertura y defensa jurídica.

Las amenazas fueron a más y en paralelo a los movimientos de la Generalidad para convertir la sentencia en papel mojado. Han contado además los separatistas con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha firmado un documento con ERC en el que se avala no sólo ese tortuoso experimento sociológico conocido como la "inmersión lingüística" en catalán sino la misma erradicación del español en los colegios.