Pacto de rentas ...¿Y la reducción del gasto público ?

Reunión de Sánchez con los agentes sociales

El pacto de rentas que anunció el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso el miércoles pasado se queda, al menos de momento, en nada.

Sindicatos y empresarios recuerdan que el acuerdo salarial lo negocian entre ellos. CCOO y UGT insisten en que es necesario garantizar el poder adquisitivo. Los empresarios se niegan a indexar el salario a la inflación

Tras la reunión que mantuvo esta tarde Sánchez junto a todos sus ministros económicos con los líderes de CEOE, Antonio Garamendi; Cepyme, Gerardo Cuerva; CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, los agentes sociales dejaron claro que la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se queda fuera de un supuesto pacto de rentas, si es que llega a negociarse, según coincidieron los máximos responsables de las cuatro organizaciones sociales.

Los salarios quedan excluidos del pacto de rentas propuesto por Pedro Sánchez. El más tajante fue Garamendi. "Quiero dejar claro algo sobre el pacto salarial: hemos dicho al presidente que estamos trabajando en él, y se desarrolla en el diálogo bipartito [empresarios y sindicatos]".

Aunque matizó que a futuro, se sentarán con el Gobierno si este plantea otras materias de negociación que habría que definir. "Y, entonces, ya veríamos", aclaró sobre una posible negociación de un pacto de renta, algo más amplio que la mera subida salarial.

La guerra no la pueden pagar los mismos de siempre: le toca ahorrar al Estado

Con la luz en precios máximos y un récord histórico para este lunes de hasta 500 euros por la tarde; el IPC disparado al 7.4%; los costes laborales más caros que nunca y la certeza de que la guerra va a incrementar los estropicios económicos provocados por la pandemia; el Gobierno parece haber renunciado a aplicar de inmediato la reforma fiscal prevista para 2022 que, en síntesis, supondría una masiva subida de impuestos camuflada en una apuesta por sostener el Estado de Bienestar.

El Gobierno socialpodemita achaca la subida desbocada de nuestro IPC a la guerra pero, aunque en estos momentos está en el 7’4%, España cerró el año 2021 con una inflación desbocada que ya rozaba ese nefasto 7%, la cifra mayor de la Eurozona. Parece haber encontrado en la guerra una excusa para justificar sus errores de previsión y de políticas, resumidos en un crecimiento inexistente; una creación de empleo artificial y un ansia recaudatoria que se ha beneficiado del enorme coste de la luz, el combustible y hasta la cesta de la compra.

La desesperación del Gobierno, no obstante, se percibe en su apuesta por un “pacto de rentas” que arregle el roto causado por él mismo al indexar las pensiones con arreglo al IPC: de trasladarse esa norma a los convenios colectivos, las subidas salariales a aplicar, unidas al incremento de las cotizaciones y del SMI, abocarían a miles de empresas al cierre.

La guerra, la pandemia y la crisis no puede ser siempre para los mismos: los trabajadores por cuenta ajena, los pequeños empresarios, los autónomos y los comerciantes. El esfuerzo ha de ser compartido y repartido por el conjunto de la sociedad y no aplicado a una parte, la misma que soporta todas las facturas, por un Gobierno que mientras mantiene en su seno, el mayor número de Ministerios de toda Europa, muchos de ellos dedicados a tareas  innecesarias o contradictorias con la grave situación de crisis actual.