La desastrosa situación económica pondrá fin al despilfarro de Pedro Sánchez

Los transportistas aprietan, el BCE anuncia el fin de la barra libre, la inflación asola España y Pedro Sánchez se prepara para los recortes. La situación no es tan distinta de la que vivió José Luis Rodríguez Zapatero cuando tuvo que enfrentarse a la exigencia de Europa de recortes en 2010. 

Pedro Sánchez se enfrenta a una deuda del 122% del PIB y, a menos de un año de la reactivación de los controles de déficit de Bruselas, ha solicitado a su partido que lleve al Congreso la exigencia de una «evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado». Pide que se emita un «juicio de valor» sobre esos gastos para evaluar si hay motivos para que sean eliminados. Sánchez empieza a preparar la justificación para futuros recortes.

Desde el Palacio de La Moncloa se está viendo con pánico que el déficit no deja de crecer, que el Índice de Precios al Consumo se ha disparado hasta casi el 8%, que la luz y los carburantes prosiguen su escalada, que los transportistas, con su huelga, han conseguido colapsar el mercado y que Bruselas, a partir de 2023, reactiva el control de la balanza económica de cada estado miembro.

Y, para males mayores, el Producto Interior Bruto registra un déficit del 122%, una cifra inasumible y que, aunque sea a la fuerza, lleva a Sánchez a tener que apostar por esas políticas de contención y moderación del gasto. Sánchez se verá obligado a tener que hacer ajustes importantes si pretende llegar a finales de 2023 en la poltrona de La Moncloa.

Los socialistas no disimulan demasiado en el texto. Hablan de “mejorar la eficacia y transparencia” de esas políticas y, por lo tanto, de sus partidas de gasto público; afirman que ello “redundará en una mayor confianza de la ciudadanía hacia quienes tienen la obligación de gestionar el dinero de todos”; y llegan a mencionar que todo debe hacerse partiendo de los “criterios de necesidad y eficiencia”.

La contención del gasto público tendrá que contar con el obligado respaldo de podemitas, separatistas y nacionalistas. Otra cosa será que todos ellos le digan que no a un plan que amenaza sus canonjías. Entonces, claro está, tocará ir pensando en elecciones

Por esa razón, el Gobierno Sánchez ha registrado en el Congreso de los Diputados un documento como Proposición no de Ley en el que se pretende hacer una evaluación del funcionamiento de la Administración General del Estado y, por supuesto, acometer una modernización de la misma y acometer los recortes que sean necesarios para frenar un gasto público que ahora mismo no se puede asumir.