El campo toma Madrid contra la inoperancia del Gobierno

Cientos de miles de agricultores, ganaderos, pescadores de la España rural se desplazó ayer a Madrid, ha dicho que ya no puede mas. Las bestiales subidas de carburantes , electricidad, piensos, impuestos y la huelga de trans portes les ha llevado a unas perdidas inasumibles que les van a obligar a abandonar el campo y cerrar los centros productivos 

Las principales organizaciones de agricultores y ganaderos, junto a entidades de los sectores de la caza y los toros, comenzaron la marcha a las 11, en un ambiente festivo, con 45 tractores, un gran número de animales, entre ellos caballos y gallos. Los primeros cálculos fijan la asistencia total en más de 200.000 personas llegadas desde todos los puntos del país, pero los organizadores hablan de más de medio millón.

Con el lema ‘Juntos por el campo’, la marcha transcurrió desde la sede del Ministerio de Agricultura (glorieta de Atocha) hasta la del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Nuevos Ministerios)..

Mientras el Gobierno español sigue deshojando la margarita con el paquete económico que prevé aprobar el próximo 29 de marzo en Consejo de Ministros. Las últimas informaciones hablan de que el Ejecutivo se decantaría por aprobar ayudas directas en forma de bonos para las empresas y personas más afectadas por la crisis, en vez de rebajar de manera equitativa los impuestos de las materias primas y los carburantes.

Una solución que no convence a las empresas españolas, que ven que esta vía puede retrasar las soluciones en una maraña de burocracia y requisitos, según han relatado varias asociaciones Las patronales se han cansado de exigir medidas urgentes y de aplicación inmediata y para ellos una solución en forma de ayudas directas podría retrasar demasiado la llegada de dinero a empresas que ya están asfixiadas.

Estiman que cualquier bono o subvención podría tardar varias semanas en materializarse y, por tanto, el dinero llegaría al tejido productivo cuando «ya sea demasiado tarde» para rescatar a unas empresas que pasan por una de las peores situaciones coyunturales desde la crisis de la pandemia.

No se bajan impuestos

«Necesitamos soluciones urgentes», indican. Consideran que ya es negativo postergarlo todo para el 29 de marzo como ha dicho el Gobierno, pero advierten que si ya está decidido, piden que por lo menos el impacto de los anuncios sea «inmediato» en la industria y que se note en la rebaja de sus costes energéticos y de combustibles a partir del 1 de abril.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por todas las grandes empresas de todos los sectores industriales, va más allá y pide al Gobierno que adelante las medidas que tiene previstas aprobar el próximo 29 de marzo para rebajar el precio de los combustibles. Por el momento, el Gobierno cierra la puerta a la bajada de impuestos, como ya contó este diario, por miedo a vaciar las arcas públicas.

Lo poco que se sabe de estas ayudas directas-que no han sido detalladas a los grupos parlamentarios con los que ha tenido contactos el Gobierno- es aplicar este bono ateniendo a niveles de ingresos para las empresas y de rentas en el caso de las familias. Esto supone entrar en una dinámica que, como ha pasado en la pandemia, genera una lentitud en la concesión que en este caso va totalmente en contra de las actuales urgencias de las empresas.

Burocracia en las ayudas

«La velocidad de las medidas es fundamental», dicen empresas consultadas. Muchas de ellas recuerdan los engorros para pedir créditos ICO y la lentitud de sus concesión o el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI al que solo se le han solicitado la mitad de los 10.000 millones con los que contaba, precisamente por la serie de requisitos que se solicitaban para su concesión.

En cuanto a la concesión de ayudas directas a las personas, el mejor ejemplo de burocracia es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En febrero se conoció que ha llegado a solo 824.441 personas, un 35,8% de las inicialmente previstas (2.300.000) según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Solo el 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza ha podido recibirlo y se han quedado sin ejecutar 1.000 millones de euros en 2021.

El Gobierno trabaja en dos dimensiones de soluciones. La primera de ayudas directas-que sustituirían a las bajadas de impuestos que les pide el sector- y la profunda reforma del mercado energético a nivel europeo. El objetivo del Gobierno y de la serie de reuniones que Pedro Sánchez está sosteniendo con líderes europeos es poner un límite al precio de la electricidad minorista -en los 180 euros el megavatio- y desacoplar el precio de gas del mix energético.