Un Brexit con trampa para Gibraltar

El Gobierno exige que quede claro que la relación futura con el Peñón se negociará entre Londres y Madrid

Arremete contra un artículo "salido de la nada" que no hace ninguna mención expresa, como reclama Moncloa

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha llevado una sorpresa desagradable al conocer el texto completo del Tratado de divorcio entre Reino Unido y la UE. Sin previo aviso, se ha encontrado con un artículo adicional que habla de las relaciones futuras entre Bruselas y Londres tras el brexit. Un artículo que sin embargo no menciona el poder de veto que la UE ha dado a España sobre el estatus de Gibraltar. Las autoridades españolas se quejan además de que el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, vio el texto antes de que se publicara porque se lo enseñó Theresa May. Todo ello inaceptable para España.

Tras 18 meses asegurando que había entendimiento, cordialidad y buenos avances, Borrell ha explicado que el visto bueno de España al acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE está condicionado a que quede negro sobre blanco que la relación futura con Gibraltar será negociada entre Madrid y Londres, y no sólo por los 27. España pide un cambio muy concreto en el Acuerdo de Salida, concretamente en el Artículo 184. Y, además, una mención expresa en la llamada Declaración Política, el segundo documento al que los líderes deben dar su aprobación.

España se planta. Por primera vez en las negociaciones del Brexit el Gobierno ha dicho basta y avisa de que, ahora mismo, no puede dar su visto bueno al Acuerdo de Salida consensuado la semana pasada por Bruselas y Londres. Rechazan totalmente, en público y privado, usar palabras como veto o bloqueo, pero las reservas son evidentes y las posibles consecuencias, también.

España afirma que no dará el Sí hasta que haya cambios específicos sobre la cuestión de Gibraltar. Lo explicó este fin de semana su embajador representante permanente ante la UE en la reunión del Coreper (Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros) con sus colegas de los 27 y lo ha dejado clarísimo esta mañana el ministro Josep Borrell tras celebrarse el Consejo de Asuntos Generales, el encuentro que ha preparado la Cumbre extraordinaria del próximo domingo en la que los jefes de Estado y de Gobierno deben dar el visto bueno a esta fase del Brexit.

Este artículo 184, que "ha aparecido de la noche a la mañana" según el ministro de Exteriores, "levanta dudas" y el Gobierno español quiere que se clarifique su alcance. "Queremos que quede clara la interpretación de ese texto, de que las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea no se aplican a Gibraltar," ha subrayado Borrell. "Las negociaciones futuras sobre Gibraltar son negociaciones aparte", ha insistido. Hasta que esto no quede claro, ha advertido el ministro, "no podremos dar el visto bueno".

Hay un cambio evidente, drástico, en la posición española. Es el giro más importante y la declaración más contundente de todas, con este Ejecutivo o con el anterior. Un aviso a Londres pero también a Bruselas de que una cosa es la buena fe y la colaboración y otra transigir con todo. La diplomacia española echa humo. Exteriores no puede entender, dicen, ese Artículo 184, que el equipo de Theresa May vio y aprobó el pasado miércoles por la noche antes de que los propios diplomáticos españoles lo pudieran descubrir. Un golpe bajo cuya autoría nadie quiere asumir. "El 184 ha aparecido el miércoles por la noche después de que lo viera la señora May y sólo ella. No sabemos quién lo ha introducido. Tampoco sabemos quién ha metido la cuestión de prorrogar el período de transición", explican fuentes españolas visiblemente irritadas por todo lo ocurrido.

Josep Borrell junto a su homólogo francés, hoy, en Bruselas. 

Polémico artículo

El texto dice que "la Unión y el Reino Unido realizarán sus mejores esfuerzos, de buena fe y en el pleno respeto de sus respectivas órdenes legales, para tomar las medidas necesarias para negociar de manera expedita los acuerdos que rigen su futura relación" y llevarán a cabo "los procedimientos pertinentes para la ratificación o conclusión de dichos acuerdos, con miras a garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final del período de transición". El problema, para España, no es lo que dice. Sino lo que no dice.

"Según nuestra interpretación, de la Abogacía del Estado y la Asociación Jurídica Internacional, es que no está clara la separación de dos negociaciones diferentes. Una es la de la UE con Londres sobre la relación futura con el Reino Unido. Y otra negociación es sobre el territorio de Gibraltar, en fase de descolonización y que no pertenece ni a Reino Unido ni a la Unión Aduanera. Y ahí todo tiene que pasar por España", explican fuentes del Gobierno. Y eso no está en ningún papel ahora mismo.

El Acuerdo de Salida, de 585 páginas, incluye un Protocolo sobre Gibraltar. Pero esto sólo sirve hasta 2020, cuando acabe el período de transición del Brexit (que empezará en marzo de 2019). Una vez que la salida se consume del todo (haya o no haya una prórroga a ese período de transición hasta 2022), se acabó. Y a España no le basta. Durante esa transición es cuando se negociará el futuro, todo lo que afectará a las relaciones entre la UE y Reino Unido de por vida. Y Madrid exige que haya referencias explícitas a la situación de Gibraltar. Y que se diga lo que se ha puesto en otros documentos en el pasado: que para que haya acuerdo a 28 antes debe haber uno bilateral sobre España.

"Hasta que no conozcamos lo que dice la declaración política sobre la relación futura, no podemos aprobar el acuerdo de retirada porque ambas cosas van juntas. La señora May ha dicho que para ella es así. Para nosotros también", ha advertido el ministro Borrell.

El Gobierno, acusado en casa de haber desperdiciado una ocasión única para lograr avances en las reivindicaciones históricas sobre el Peñón, necesita que haya una referencia legal. No le basta que la Declaración Política lo incluya, porque es eso, sólo política, no un texto legal. Por eso, ha pedido modificar el Artículo 184 o en su defecto, alguna fórmula alternativa satisfactoria. "Como que se incluya un texto anexo o una referencia en las conclusiones del próximo Consejo Europeo", explican fuentes diplomáticos. Pues ambas opciones sí tienen valor legal.

Moncloa teme que, en el futuro, el Consejo Europeo pueda tener una opinión diferente, menos cercana a sus intereses. Que, por ejemplo, se jubile el responsable de los servicios jurídicos del Consejo (lo que ocurrirá en breve) y el que llegue después tenga otro visión. Sin esa garantía está dispuesta a plantar batalla. Tiene, todavía, un poder de veto y sin querer abusar de él, no quiere que esta influencia se diluya para siempre.

Según Borrell, España no sería el único país que ha expresado sus dudas respecto al acuerdo. "Ha habido varios países que han demostrado su comprensión sobre la situación que hemos planteado y pedido que se resuelva", ha asegurado el ministro.

Desde la Comisión no hay respuesta todavía, pero Michel Barnier y los suyos no parecen demasiado preocupados y aseguran contar con el apoyo general de todos los países. Hay cuestiones, matices y peticiones de aclaración, pero nadie ha levantado la voz o hecho una enmienda que ponga en riesgo la totalidad.

"Barnier nos ha contestado que el servicio jurídico del Consejo nos daba todas las garantías, porque no van a poner una cosa en el Protocolo y otra en el artículo...confiamos en que se va a arreglar", explican fuentes oficiales españolas.

Los 27 se reúnen hoy en Bruselas para preparar la cumbre del próximo 25 de noviembre en la que el Consejo Europeo debe dar luz verde al acuerdo de divorcio entre la Unión Europea y Reino Unido, tras 17 meses de negociación. Un acuerdo que pende de un hilo en Londres, donde Theresa May no parece contar de momento con el apoyo de la Cámara de los Comunes para sacar adelante el texto.