¿Por qué los radicales de Arran gozan de impunidad?

La organización juvenil carece de personalidad jurídica, por lo que no se la puede imputar un delito penal, algo que sí se podría hacer con la CUP si se demuestran sus vínculos.

Un encapuchado y varios de los ataques y gestos violentos de Arran

La organización juvenil Arran, la rama más radical y violenta de la izquierda independentista en Cataluña, ha protagonizado en la última semana varios actos violentos con el estilo que les caracteriza. Unos jóvenes perpetran la acción con el rostro completamente cubierto, normalmente a altas horas de la madrugada y sin testigos presenciales, mientras otro de sus integrantes graba la escena a corta distancia. Después, añaden al vídeo como banda sonora la canción de algún grupo de música que esté de moda entre la izquierda independentista, dotándolo así de un estilo agitprop con el que atraer a simpatizantes. Además, no tienen ningún reparo en atribuirse el ataque. Todos los vídeos están firmados con el logo de Arran y son difundidos a través de sus perfiles oficiales de redes sociales.

¿Cómo es posible que este colectivo reivindique de forma reiterada acciones violentas sin que tenga consecuencias penales? Fuentes jurídicas explican a este medio que Arran goza de una cierta “inmunidad” gracias a la total ausencia de “personalidad jurídica” de la organización, por lo que no se les puede imputar un delito penal como colectivo. No es de extrañar que las juventudes de la CUP evitaran dotarse de una personalidad jurídica cuando se crearon en 2012. Sus fundadores eran conscientes de que parte de su actividad iba a estar centrada en cometer actos violentos --"propaganda por el hecho", según ellos--, que podrían ser tipificados como delitos.

¿Organización criminal?

“Ninguna organización o grupo criminal se constituye como tal”, ironiza la abogada penalista y exjuez María Jesús Hernández Elvira. La jurista observa “un caso similar al de la kale borroka” en el País Vasco. Según Hernández, se les podría considerar “una organización o grupo criminal” como sucedió con las organizaciones juveniles vascas del entorno abertzale. Cabe recordar que el artículo 570 bis del Código Penal define una organización criminal como una “agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”.

Pero de momento los jueces y fiscales tienen pocas herramientas para juzgar las acciones violentas de Arran. Tampoco se les puede atribuir el delito a las personas físicas que sean criminal o civilmente responsables de las acciones reivindicadas por el violento grupo juvenil, ya que en todas ellas llevan el rostro lo suficientemente cubierto como para imposibilitar su identificación.

Responsabilidad jurídica de la CUP

No obstante, la denuncia que interpuso Ciudadanos el pasado jueves ante la Fiscalía de Barcelona tras el ataque de Arran a la vivienda del juez Pablo Llarena en Sant Cugat añade un matiz que podría hacer que la denuncia no cayera en saco roto.

En la misma, además de dirigirse contra las personas físicas responsables de los hechos, también se dirigen contra “la persona jurídica que resulte responsable de los delitos cometidos por esas personas físicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal, ya sea la propia Arran o, en caso de que ésta carezca de personalidad jurídica, el partido político CUP”. 

Así, la formación anticapitalista podría acabar respondiendo como responsable de las acciones de sus juventudes “si se acredita su relación con Arran, por entender que tales hechos podrían ser constitutivos de un delito de incitación al odio de los artículos 510 y 510 bis del Código Penal y de un delito de daños del artículo 263” del mismo código. La dificultad, de nuevo, reside en demostrar esta relación entre la CUP y sus supuestas juventudes, un término que sus miembros evitan pronunciar a toda costa.

Los militantes de Arran, unos 500 según fuentes internas de la organización, son conscientes de esta privilegiada situación. Por eso, sus esfuerzos se centran en asesorar a sus miembros para evitar ser cazados “in fraganti” durante sus acciones presuntamente delictivas, especialmente en manifestaciones o protestas multitudinarias donde puedan ser interceptados por la policía.

Según reconoció la organización juvenil a este medio el julio pasado​, las causas judiciales abiertas contra más de una cincuentena de sus militantes “suma una cantidad económica superior a los 30.000 euros”. Pese a ello, la organización no ha bajado su ritmo de actividad, aunque sí el tipo de acciones de protesta. Han dejado a un lado las acciones a cara descubierta, como la ocupación que protagonizaron en la sede del PP de Barcelona en marzo de 2017, que les exponen a elevadas multas, y han optado por centrarse en acciones más de tipo kale borroka.

Medidas de seguridad

Esto les ha llevado a aumentar los protocolos de seguridad internos en aras de protegerse frente a las posibles responsabilidades delictivas que pudieran acarrear sus acciones. Y, hasta el momento, han surtido efecto.

No se trata de recomendaciones nuevas, pero en acciones como las protagonizadas durante esta semana cumplen a rajatabla las indicaciones de seguridad. Destacan, entre ellas, evitar el uso del teléfono móvil en sus comunicaciones --incluso recomiendan retirar la batería del mismo en caso de llevarlo encima durante alguna reunión--, desconfiar de cualquier persona del que no se conozca “quién es y de dónde viene”, o evitar hablar de hechos comprometedores en ambientes nocturnos o en cualquier espacio público transitado.

Manual de seguridad de 'Alerta Solidària', organización próxima a la CUP