Pedro Sánchez se pone en manos de los golpistas del 1-O

La Fiscalía acusa por rebelión, como máximos responsables del alzamiento violento, a nueve procesados: Oriol Junqueras, los Jordis, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Pide la pena más alta para quien fuera vicepresidente catalán, 25 años de cárcel. En el extremo opuesto, la Abogacía del Estado, orientada por el Gobierno de Pedro Sánchez, rebaja sustancialmente las pretensiones acotando su informe a los delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia grave y reclama 12 años para el líder de ERC. La tercera acusación en discordia, la que ejerce el partido VOX, retrasará la presentación de su escrito hasta el próximo lunes y ofrecerá una comparecencia en el Alto Tribunal.

Pese al evidente acercamiento del Ejecutivo a sus socios, Sánchez y sus ministros venden el viraje hacia la sedición concluyendo que para que exista rebelión tendría que haber uso de armas por parte de los separatistas. Sorprende este cambio, más aún porque la Abogacía del Estado había elaborado informes apoyando la instrucción de Pablo Llarena por los delitos de rebelión y malversación. Por ejemplo, cuando el juez emitió la Orden Europea de Detención contra el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros. Además, se había adherido hasta ahora a las posiciones de la Fiscalía en lo relativo a la prisión preventiva apreciando el requisito de violencia.

De hecho, junto a la Fiscalía y VOX, presentó en agosto un escrito ante el Supremo en el que interesaba la apertura de juicio por rebelión, malversación y desobediencia. Hasta que la titular de Justicia Dolores Delgado, que boicoteó la defensa de Llarena en el exterior y después reculó, nombró a Consuelo Castro como Abogada General del Estado, dependiente jerárquicamente del ministerio. Ella firma la acusación por sedición y ha provocado malestar entre los colegas que han trabajado en la causa.

Peticiones de la Fiscalía

Cinco escalones diferentes en función de la trascendencia de su intervención en el proceso separatista. El Ministerio Público reclama la pena más alta, de 25 años de prisión con inhabilitación absoluta por el mismo periodo, para el líder de ERC y exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras. Le atribuye el papel de promotor del golpe agravado por su responsabilidad en la distracción de fondos.

Figuran en un segundo escalón tres personas que se enfrentan a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta. El expresidente de la ANC Jordi Sánchez y su homólogo en Ómnium Jordi Cuixart, agitadores del separatismo en la calle y "jefes principales" del golpe; y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell como promotora. No relaciona a ninguno de ellos con la malversación de caudales públicos.

En un tercer nivel, cinco exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que se enfrentan a 16 años de prisión e inhabilitación como subalternos en la rebelión. Son el de Presidencia Jordi Turull, el de Asuntos Exteriores Raül Romeva, el de Interior Joaquim Forn, el de Territorio Josep Rull y la de Trabajo Dolors Bassa. La Fiscalía entiende que éstos sí participaron en la distracción de dinero públicopara la causa.

Bajando más incluye en el cuarto a tres personas a las que ya no acusa por rebelión sino por malversación de fondos públicos y, además, por un delito de desobediencia grave en la modalidad de cargo público. Solicita penas de siete años de cárcel y 16 de inhabilitación para el exconsejero de Justicia Carles Mundó, la de Gobernación Meritxell Borrás y el de Empresa Santi Vila.

Por último, en el quinto peldaño sitúa a quienes únicamente acusa por el delito de desobediencia, sin malversación. Pide multas de 30.000 euros con inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses para la portavoz de la CUP Mireia Boya y los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Jusep Nuet, este último de Cataluña sí se Puede, la filial de Podemos en la autonomía.

Peticiones de la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, ha solicitado para Oriol Junqueras 12 años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos, menos de la mitad de lo que reclama la Fiscalía, que pide 25 años de cárcel para Junqueras por considerarle el líder de un delito de rebelión.

El informe de la Abogacía del Estado distingue entre tres tipos de procesados. Seis de ellos jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre: Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa. El exvicepresidente catalán se enfrenta en este escrito a 12 años de cárcel y los exconsejeros a 11 y medio por sedición en concurso medial con malversación de fondos públicos, porque un delito fue el medio necesario para la comisión del otro.

En este primer bloque incluye también a los exconsejeros Borrás, Mundó y Santi Vila, para los que reclama siete años de prisión, 10 de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa por malversación y desobediencia grave cometida por autoridad pública.

Un segundo grupo de acusados está conformado por los líderes de la ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como supuestos autores de un delito de sedición sin contar con la condición de "autoridad" de los seis exmiembros del Gobierno también acusados de la misma infracción. Solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.

En último lugar, en el tercer nivel, antiguos cargos del Parlamento catalán. Forcadell se enfrenta a 10 años de cárcel y los mismos de inhabilitación como presunta autora de sedición. El exvicepresidente Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, a multas e inhabilitación para empleo público de un año y ocho meses por desobediencia grave. Atribuye este mismo tipo al exsecretario tercero del órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta de la CUP Mireia Boya, para los que solo piden multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Las mentiras de la vicepresidenta

La vicepresidenta del Gobierno, que actuó como portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros, ha dejado hoy atónitos a los periodistas negando unas afirmaciones del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en mayo sobre el delito de rebelión en el golpe en Cataluña.

Carmen Calvo no ha dudado en afirmar que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña". La contundente afirmación de Sánchez en el mes de mayo –"clarísimamente ha habido un delito de rebelión en Cataluña"– se hizo en una entrevista en Antena 3 por lo que está grabada. Posteriomente, y sin despeinarse, aclaró que cuando Sánchez dijo eso no era presidente del Gobierno, sino Pedro Sánchez. "A mí se me ha preguntado por el presidente del Gobierno", ya que las declaraciones de Sánchez son "del pasado mayo".

"El objetivo del Gobierno es resolver esta crisis constitucional". Dice Calvo que lo hará sin interferir en la Justicia pero creando "espacios de diálogo" con el gobierno catalán. La vicepresidenta dice que la solución llegará "en el marco de la Constitución".

Sobre el indulto

Calvo ha defendido que el indulto es una figura que está en la Constitución y ha criticado a Ciudadanos por interponer una Proposición No de Ley en el Congreso para eliminar la posibilidad del indulto para quienes protagonicen un golpe de Estado. "Ciudadanos siempre sobreactúa y utiliza elementos de manera precipitada", dijo Calvo. "Estamos hablando de una modificación legal y una PNL no tiene trascendencia jurídica". "El indulto es una figura constitucional y no implica perdón del delito. Si quieren reformar la Constitución que lo digan", emplazó Calvo.

La vicepresidenta admitió que "tenemos que resolver una crisis importante del Estado con los acontecimientos de Cataluña" y pidió a los partidos que "se comparten con lealtad y responsabilidad" para encontrar una salida.

Cambio de criterio de la Abogacía

En cuanto al cambio de criterio de la Abogacía del Estado con la calificación del delito de rebelión y sedición contra lo que ha hecho la Fiscalía del Supremo, Calvo se limitó a decir que la Abogacía y la Fiscalía tienen estatutos diferentes. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que acompañaba a Carmen Calvo en la rueda de prensa, ha negado que haya habido "imposición de criterio" a la Abogacía. También ha negado que se trate de un gesto hacia los independentistas. "Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión técnico-jurídica", dijo la ministra Delgado. "No se trata de gestos".

"El escrito lo firma la Abogada General del Estado porque es una causa de una relevancia del procedimiento, dice Delgado, que también insiste en que es la primera ocasión en que la Abogacía se pronuncia sobre la causa y que lo dicho en agosto –cuando aceptó el auto– se limitó a estar de acuerdo con ese auto pero "no se pronunció sobre los delitos".

En su indisimulado afán por complacer las demandas de los independentistas, el Gobierno podría cruzar una peligrosa línea roja que amenaza con violentar la independencia del Poder Judicial y poner en cuestión la división de poderes, inquebrantable principio de todo Estado de derecho. Descartada por burda y antidemocrática la presión directa sobre la Fiscalía General para que impusiera directrices políticas a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo y utilizando como ariete a la Abogacía del Estado, el Gobierno pretende cuestionar la instrucción del juez Llarena, construida sobre la base de que los encausados en el procés cometieron un delito de rebelión, que implica el uso de la violencia para «declarar la independencia de una parte del territorio nacional», como señala el artículo 472 del Código Penal.

Además, con esta decisión el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la reprobada ministra de Justicia Dolores Delgado, estaría cuestionando la posición que durante la fase de instrucción ha mantenido firmemente la Fiscalía del Supremo, que nunca ha dudado de que los sucesos de septiembre y octubre del año pasado son constitutivos de un claro delito de rebelión para subvertir el orden constitucional, una postura que defenderá en el escrito de acusación que va a presentar este viernes en el Tribunal Supremo. El proyecto de acusación que el Gobierno encargó a los abogados del Estado opta, sin embargo, por descartar que hubiera violencia y se decanta por acotar la acusación a los delitos de malversación y sedición, que supondrían, de confirmarse en el juicio oral, penas menores para los acusados que las que contempla el delito de rebelión.

La decisión del Gobierno solo puede ser entendida como una claudicación ante el independentismo y el pago de una hipoteca. En primer lugar, porque antes de llegar a La Moncloa aupado por los votos del separatismo, Sánchez había declarado en varios medios de comunicación su convicción de que los políticos separatistas procesados habían incurrido en un claro delito de rebelión. Y en segundo lugar porque habitualmente la Abogacía del Estado se limita a defender los intereses económicos de la Administración, por lo que suele acotar sus acusaciones a los delitos de malversación. Por tanto, es doble la irresponsabilidad en la que conscientemente incurre el Gobierno de Sánchez, pagando un peaje ante el Govern rebelde de Cataluña y dando argumentos a determinados tribunales extranjeros que han intentado socavar la credibilidad del juez Llarena y con ella la del Poder Judicial español. Sánchez y Delgado están aún a tiempo de rectificar y ordenar a la Abogacía del Estado que limite su acusación a la malversación y evite un conflicto impropio de una democracia avanzada y moderna.