Ignacio Cosidó deberá de explicarse este martes

La campaña de Pablo Casado por Andalucía aparece tocada del ala y destinada alfracaso ante las informaciones e indiscreciones que protagoniza quien actualmente es el Portavoz en el Senado y anteriormente con Rajoy, Director General de de la Policía.Su famoso wattsapp puede  llevar al traste el acuerdo con el PSOE para el nombramiento de los nuevos miembros del CGPJ  que junto a la renuncia de Marchena a presidirlo, quizá no sería tan negativo.

Pero hoy OKDiario publica una nueva información con respecto torno a las actividades irregulares del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz (2012-2015) que no deja de crecer tanto de manera cualitativa como cuantitativa. A las distintas entregas que ha hecho OKDIARIO en los últimos días sobre los métodos ilícitos de dicha institución, hoy se añaden nuevas evidencias que siguen poniendo negro sobre blanco prácticas impropias de un país democrático. 

Ignacio Cosidó, entonces director de la Policía autorizó el operativo de espionaje contra Luis Bárcenas y su familia para recuperar documentos sensibles que afectaban a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. La misión “extrajudicial” –tal como se lo explicaron a los agentes de campo- contó durante más de dos años con 80 policías del Área Especial de Seguimiento (AES) para controlar de cerca los movimientos del ex tesorero del PP, su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo. El dispositivo policial estaba formado por 20 mandos y 60 agentes que estaban divididos en seis grupos de 10 agentes cada uno. Para efectuar los controles se relevaban cada tres días en dos turnos: mañana y tarde-noche.

El hoy hombre fuerte de Pablo Casado en la Cámara Alta, coordinó todas las operaciones que tenían como finalidad hacerse con los documentos sensibles de Bárcenas para destruirlos, no para ponerlos a disposición de la Justicia. Para lo que no dudaron en chantajear a su chófer, Sergio Ríos Esgueva, con 48.000 euros de todos los españoles y un enchufazo en el Cuerpo Nacional de Policía posibilitado por el propio Cosidó. Ahora sabemos, además, que hubo 80 agentes que, en vez de estar velando por la seguridad de todos los españoles, se dedicaron a espiar a Bárcenas. 

El dispositivo de espionaje a la familia Bárcenas recibía las órdenes del comisario Enrique García Castaño, según una de las fuentes que tuvo acceso y conocimiento directo del dispositivo. La misma fuente ha narrado a OKDIARIO que García Castaño –que se presentó al contingente de efectivos como ‘el Gordo’, sobrenombre que utilizaba forma totalmente generalizada- afirmaba tener al corriente del operativo de forma periódica y constante al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Y a todos los agentes implicados se les trasladó de forma expresa la promesa de que, si realizaban bien el cometido “extrajudicial”, serían premiados con “la blanca o con la roja”. Las medallas tuvieron que ser diferidas en el tiempo para evitar las sospechas de amaño.

La mayoría de los policías fueron galardonados con la medalla con distintivo blanco, una condecoración que acelera el logro de ascensos dentro del cuerpo. Y hasta cinco consiguieron directamente una de las medallas más valoradas, la denominada “roja”, un distintivo que, además, de acelerar el ascenso y el reconocimiento, otorga desde el primer momento un beneficio económico porque se trata de lo que se denomina como una medalla pensionada.

Las medallas concedidas tuvieron que ser diferidas en el tiempo para evitar que se pudiese descubrir el amaño. Por eso se repartieron a lo largo de los siguientes años e, incluso, se camuflaron como méritos, por ejemplo, como el seguimiento al ‘pederasta de Santander’.

Destinar 80 agentes para espiar a Luis Bárcenas e intentar rescatar así los papeles comprometedores que afectaban a Mariano Rajoy, Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal es hacer un uso espurio del dinero público con fines de espionaje político. El montante asignado a los fondos reservados está para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, no para ponerlo al servicio de la impunidad de unos pocos. La justicia debe llegar hasta el final en sus investigaciones sobre la cúpula de Interior. Casado, por su parte, tiene que depurar responsabilidades en su partido. Todo lo que no sea eso, podría acabar demasiado pronto con una carrera con mucho potencial.

Destinar 80 agentes para consumar ese tipo de espionaje es propio de un régimen dictatorial o de una república bananera, no de un país como España. Estos hechos no hacen sino agrandar una bola de nieve que rueda cada vez con más fuerza a través de nuestra actualidad informativa, pero que de un modo sorprendente aún no ha provocado la dimisión del actual portavoz en el Senado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, a pesar de que era entonces el director general de la Policía Nacional y el número tres del Ministerio del Interior tras el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado Francisco Martínez Vázquez.