Para la nueva ministra de sanidad la reproducción asistida es un acto criminal

De Guatemala a Guatepeor, la nueva ministra socialista millonaria María Luisa Carcedo acaba de tomar posesión de su nuevo cargo como ministra de Sanidad tras la dimisión de la sectaria Carmen Montón, Pero María Luisa Carcedo se ha estrenado con críticas por todos lados y empieza a tener grandes detractores ya que al parecer tiene ideas propias y ganas de unificarnos el cerebro, que van a dar nuevos debates existenciales inútiles y nuevos quebraderos de cabeza a Pedro Sánchez.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha reclamado este jueves un acuerdo internacional sobre la gestación subrogada al igual que existen en lo relativo al tráfico de órganos y a la adopción internacional. 

En el primer día al frente del Ministerio, la nueva titular ha asegurado que esta práctica debe ser objeto de estudio, y que la regulación de la misma tiene que llegar de un acuerdo "a nivel internacional". "Un país solo no puede", ha señalado. "Se trata de que, lo mismo que en la adopción internacional o en el trafico de órganos hay acuerdos internacionales sobre el asunto, en la gestación subrogada hay que caminar, hacer acuerdos", ha asegurado Carcedo en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Por esta razón el gobierno socialista tiene secuestradas en un limbo legal a 37 familias en un hotel de Kiev a quienes no permiten legalizar el bebé concebido de esta fórmula legal en muchos países ademas de Ucrania, como Canadá o Estados Unidos.

Y ha rematado nada mas empezar:  "Los españoles que recurran a la gestación subrogada internacional deberían recibir un trato penal similar al de aquellos ciudadanos que trafican con órganos o con menores. Es decir, penas de prisión de hasta 12 años e inhabilitación de la patria potestad por hasta 10 años". ¿en que quedamos?¿Se imaginan cómo se están sintiendo ahora mismo muchos padres que han podido formar una familia gracias a la gestación subrogada? Existen muchas parejas infértiles, homosexuales o de otra condición, que podrían hallar una solución a sus problemas para tener descendencia por este sistema, si el gobierno de España se alejara de estas posturas verdaderamente intransigentes.

Como los traficantes de órganos

El economista Juan Ramón Rallo aprovecha su columna de El Confidencial para cargar duramente contra ella asegurando que "encaja como un guante en el Gabinete liberticida de Pedro Sánchez. Si hace unos meses la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya se encargó de criminalizar moralmente a miles de familias que han recurrido, o que piensan recurrir, a una técnica de reproducción asistida tal como la gestación subrogada, ahora la nueva titular del ramo da el inevitable paso siguiente: proponer criminalizar legalmente la gestación subrogada". 

Rallo va aún más lejos: "En su sectarismo y fanatismo liberticida, ya presupone demostrado que esta técnica de reproducción asistida es criminal y que, en consecuencia, hay que utilizar el aparato represivo del Estado para perseguir a cuantos la utilicen".

Pero para el economista la propuesta de la ministra haría caer al Estado español en una peligrosísima arbitrariedad que, además, perjudicaría especialmente al menor.

En este sentido, recuerda que en prácticamente todo procedimiento de gestación subrogada, uno de los padres comitentes es progenitor legal del menor y que en España la filiación paterna sigue determinándose por la transmisión de la carga genética. A saber, "aun cuando se criminalizara bastaría con que la gestante subrogada acordara con el padre legal que este ejerciera en exclusiva la patria potestad sobre el menor para que pudiera entrar legalmente en España y ejercer plenamente como padre de la criatura".

A pesar todo, plantea, "imaginemos que Carcedo consigue su totalitario objetivo, esto es, que aquellas parejas que hayan recurrido a la gestación subrogada en el extranjero puedan ser encarceladas y privadas de la patria potestad durante al menos una década. ¿Quién sería el principal perjudicado de todo ello? Sin duda alguna, el menor".

Y aquí echa mano de un ejemplo: "Una pareja española acude a California a concebir su hijo mediante gestación subrogada; concluido el proceso, la legislación californiana reconoce a esa pareja española como padres legales exclusivos del menor: es decir, exime a la gestante subrogada de cualquier responsabilidad sobre el menor, de un modo similar a cómo la legislación española exime al donante de esperma de cualquier responsabilidad sobre el menor mediante él concebido. Unos meses después del parto, la pareja decide regresar a nuestro país y, una vez aterrizan en suelo patrio, se los arresta, se los juzga y se los condena a 10 años de cárcel y de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Bien, ¿qué hacemos con el menor durante esa década?".

No podría ser remitido a EEUU porque la gestante subrogada no le reconoce como su hijo, ni a los familiares de la pareja española porque no tendría sentido, la única alternativa realista sería que Servicios Sociales se hiciera cargo del menor para darlo en adopción a otra pareja.

En una durísima conclusión, Rallo señala que "eso sí se parece mucho más al tráfico de menores… por mucho que piense ejecutarlo con el aval del Código Penal español. El sueño del feminismo colectivista produce monstruos".