Entre trileros anda el juego

La portavoz socialista Adriana Lastra y el diputado del PNV Aitor Esteban, este martes en el Congreso de los Diputados. BERNARDO DÍAZ

Pedro Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su Presupuesto

Desesperado por conseguir una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que aprobar la nueva senda de déficit y salvar los Presupuestos con más gasto público, como le exige Podemos para dar su visto bueno, el Gobierno echó este martes mano de una argucia que despierta dudas legales para saltarse la decisión de la Mesa del Congreso. Donde la mayoría que forman el PP y Ciudadanos rechaza cualquier acelerón en los tiempos parlamentarios y que condena a la reforma instada por Pedro Sánchez a una tramitación lenta en el Congreso y, posteriormente, en el Senado.

Ante esta situación de «bloqueo» -denuncia el PSOE-, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a última hora de la tarde una enmienda en una ley que nada tiene que ver con los Presupuestos ni el déficit. Se trata de una proposición de ley sobre formación de jueces contra la violencia de género que se está tramitando en la actualidad. Utilizando este canal abierto en el Registro del Congreso, el PSOE coló una enmienda para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su apartado 15.6, que alude a la capacidad de veto del Senado a la hora de aprobar la senda de déficit. Para arrebatarle esta potestad y favorecer que la última decisión la tenga el Congreso en el caso de que el Senado votase en contra. Lo que ya sabe que va a suceder porque el PP tiene mayoría absoluta.

Intenta tocar el techo de gasto aprovechando la enmienda a una norma sin relación alguna

La sorpresa fue mayúscula y el estupor corrió entre los grupos de la oposición y algunos juristas consultados por este periódico, pues se trata de una práctica en desuso desde hace muchísimo tiempo. Es más, fuentes parlamentarias advierten de que pedirán un informe a los letrados del Congreso para saber si esta práctica entra dentro de la legalidad al tratarse de una reforma de una ley orgánica, es decir, una norma de alta importancia porque desarrolla los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. En este caso, en el artículo 135.

Fuentes socialistas justifican la triquiñuela como «algo habitual y constitucional» y que, incluso, apuntan, han hecho anteriormente otros gobiernos. Porque, aseguran estas fuentes, cuando se tramita una ley orgánica «se puede modificar otra». Una treta que argumentan ante el «bloqueo» ocasionado por el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso y su rechazo a tramitar la reforma mediante lectura única sin escuchar la opinión a favor de la Junta de Portavoces.

Frente a la opinión del PSOE, los letrados consultados por este periódico recuerdan la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional dictada precisamente para evitar esta práctica que era muy habitual en el Senado. En virtud de la misma no es admisible en la Cámara Alta introducir enmiendas que no tengan nada que ver con el objeto del texto legal en el que se pretenden insertar.

Los expertos avisan de una sentencia del Constitucional contra una práctica similar

Los expertos aseguran la posibilidad de que los letrados del Congreso puedan argumentar que, por analogía con el Senado, también en la Cámara Baja es de aplicación lo establecido por el Tribunal Constitucional y, por tanto, no se permita enmendar una ley a través de otra que en nada tenga que ver.

En este caso, el asunto es especialmente sensible a la hora de las formas, como subrayan también otras fuentes, puesto que se trata de quitar una competencia a otra Cámara. Algo siempre delicado.

Ante lo que pueda ocurrir, el PSOE mantendrá abierta la reforma ordinaria de la ley, tras su admisión este martes por el Congreso. Y las fuentes socialistas apuntan que si la Mesa admite la lectura única desistirá de esta vía.

Sánchez juega con la Constitución como cortina de humo o para algo peor

El Gobierno intenta tapar los problemas del presidente con la tesis lanzando una idea que antes había rechazado y que estimula, al tocar la Constitución, al independentismo y al populismo.

En otro alarde de frivolidad que sustituye la propuesta tranquila por la ocurrencia publicitaria, Pedro Sánchez ha anunciado una medida que, en realidad, ni es suya ni la apoyó cuando otros la presentaron. Desde 2013 el ahora presidente del Gobierno ha venido rechazando la desaparición del aforamiento para los políticos, ora propuesta por UPyD, ora por Ciudadanos. E incluido, por cierto, en el programa del PP.

Si a Sánchez le hubiera parecido interesante esa propuesta, o no la hubiera despreciado en el pasado reciente o, ahora, se hubiera sentado a promoverla con el partido de Rivera, que de hecho ya la ha llevado al Congreso, y con el de Casado, que la incluye en su hoja de ruta.

Los independentistas verán una oportunidad de incluir en este debate su conflicto; y Podemos lo endulzará para defender el derecho a decidir.

Prescindir de ese respaldo y presentar la reforma para conmemorar sus primeros cien días en el Gobierno -otra operación de marketing innecesaria- desvela su intención: desviar la atención de la polémica sobre su tesis doctoral, que dista mucho de haber terminado, por mucho que el afectado y sus altavoces hagan lo imposible por enterrarla.

Un presidente débil y frívolo

Es tan burdo el intento como sin embargo eficaz, viendo cómo la práctica totalidad de medios de comunicación han variado su agenda para centrarse en la enésima ocurrencia sanchista, especialmente peligrosa por una poderosa razón: agitar la bandera de la reforma de la Constitución desde un Ejecutivo que depende de los dos bloques ideológicos que más quieren enterrarla es una lamentable manera de alimentar esas intenciones.

Estaba claro que el presidente del Gobierno no iba a tardar mucho en sacarse algún conejo de la chistera para desviar la atención de su tesis doctoral, y de cuestiones aún más graves, como su contemporización cómplice con los golpistas de Cataluña o su propuesta de subir todavía más los impuestos. Con todo, sorprendió en un primer momento que su cortina de humo fuese una propuesta de regeneración de Ciudadanos que, además, ya estaba asumiendo el PP: la supresión de los aforamientos.

Basta, sin embargo, un vistazo al esperpéntico proyecto de Sánchez para constatar que en realidad es un fraude como su tesis doctoral. No otra cosa cabe decir de una propuesta de supresión de los aforamientos que, aun requiriendo una reforma constitucional, ni siquiera afectaría a un 1% de las 250.000 personas que, en distintos grados, gozan de ese privilegiado tratamiento judicial. Para colmo, los diputados nacionales, los senadores y los ministros, los únicos a los que atañería esta farsa, mantendrían su privilegiada protección si las acusaciones contra ellos guardasen relación con el ejercicio de sus funciones.

Los independentistas verán una oportunidad de incluir en este debate su eterno conflicto, mientras que Podemos lo endulzará para defender, en la práctica, el inexistente derecho a decidir. Incluso el modelo de Estado, con una monarquía parlamentaria, puede ser ahora objeto de discusión. En el peor momento posible, con el presidente más débil de la democracia y, en consecuencia, con los socios de La Moncloa más exigentes y decisivos. Por muy de acuerdo que Cs y PP puedan estar con esa propuesta de Sánchez, plagio de otras, deben evitar caer en su juego.

Si además Sánchez está pensando en que un eventual desaforamiento de los cargos públicos -que ahora no son impunes; simplemente tienen al Supremo por referencia, sin posibilidad de recurso por cierto- puede perjudicar a Casado; se confirmará su tendencia a jugar con los asuntos estructurales del Estado en función de sus intereses individuales y cortoplacistas.

Ligerezas

Por muy de acuerdo que Cs y PP puedan estar con esa propuesta de Sánchez, plagio de otras por él abortadas, deben evitar caer en su juego. Porque incluso en el caso de que poner en solfa la cuestión territorial no sea la intención del presidente, ésa puede ser la consecuencia de sus ligerezas.