Pujol corporation 70 - La sentencia del "caso Pretoria"

El banquillo de los principales acusados del caso Pretoria, de izquierda a derecha, Prenafeta, Alavedra, García y Muñoz. / EFE / FERNANDO VILLAR

Ocho años y ocho meses después de que los principales implicados en la operación Pretoria fueran arrestados, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia. La mayor pena por tres operaciones urbanísticas, desarrolladas entre el 2002 y el 2009, en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona ha correspondido al exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, 'Luigi', al que se le han impuesto 7 años, un mes y 27 días de prisión. El tribunal considera "trascendental" el papel que jugó en todas ellas como "intermediario" o "conseguidor", gracias a las relaciones personales que por su antigua militancia política mantenía con diversos cargos públicos.

El exalcalde de este partido en Santa Coloma de Gramenet y amigo de 'Luigi', Bartomeu Muñoz, ha sido condenado a 5 años, 8 meses y 28 días de cárcel, mientras que quien era su teniente de alcalde, Manuel Dobarco, ha sido inhabilitado por 8 años y medio. Por su parte, los 'exconselleres' de la Generalitat en los tiempos de Jordi Pujol Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta han logrado eludir la cárcel, como estaba previsto tras reconocer que utilizaron su "ascendente" sobre cargos públicos y que blanquearon lo que obtuvieron ilícitamente.

La pena de cada uno asciende a un año, 11 meses y 27 días de prisión, al aplicárseles las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas, circunstancia esta que también se ha tenido en cuenta para los otros nueve condenados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La resolución, de 1.369 páginas, acuerda el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas (Pallaresa, Niesma y Badalona) que ascendieron a un total de 5.886.925 euros, así como de las dádivas recibidas por Muñoz (1.144.724), Alavedra (3.243.103) y Prenafeta (5.193.170).

Comisiones para promotores

La sentencia declara probado que durante siete años en el área metropolitana de Barcelona los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones, “no amparadas en otras actividades comerciales lícitas, ganancias que ingresaron en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades administradas o controladas de hecho por los mismos”.

El diputado del PSC entre 1980 y 1988 intervino en las tres operaciones juzgadas, "ideando y liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para seleccionar a los posibles inversores a los que ofertaba el plan de negocio y favoreciendo la aprobación posterior de los cambios urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”.

“Aprovechando la ascendencia que le proporcionaban las estrechas relaciones de amistad personal y de antigua militancia política que le unían con Bartomeu Muñoz y con Manuel Dobarco logró ostentar durante el periodo en el que se desarrolló la Operación Pallaresa un dominio fáctico sobre las decisiones municipales, especialmente en los expedientes de adjudicación de concursos y procesos de modificación urbanística”, afirma la resolución.

Luis García también influyó sobre el concejal de Urbanismo de Sant Andreu para dirigir la modificación urbanística producida en las fincas de la Operación Niesma, mientras que en Badalona ejerció su influencia sobre el consejero delegado de la sociedad pública Marina Badalona y "en otros cargos que permitieron que una finca edificable situada en un lugar estratégico del puerto pasara a manos de inversores particulares que obtuvieron una gran plusvalía en su reventa".

Territorios 'off shore'

La participación en la trama del exsecretario de la Presidencia de la Generalitat y del 'exconseller' de Economía se centró en San Andreu de Llavaneres y en Badalona. Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los contactos e influencias que García tenía en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Catalunya, se concertaron con él, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.

La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas en territorios 'off shore' para ocultar a Hacienda las "cuantiosas ganancias" que obtuvieron. Las esposas de los dos últimos les ayudaron en ello, al igual que varios testaferros.