Imputan a la interventora de la Generalitat por el 1-O

El Juzgado de Intrucción nº 13 de Barcelona, ha citado para el próximo 24 de julio como imputada a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ya que considera que pudo cometer un presunto delito de obstrucción a la justicia al certificar que el Govern no había gastado ni un euro en el 1-O. La acusación se produce después de varios informes de la Guardia Civil y de Hacienda que ponían en el punto de mira a la encargada de controlar las cuentas de la Generalitat.

El juez considera que la interventora intentó "impedir" que se conociera el posible coste público de la votación, según informa la agencia Efe. También están citadas la responsable del área de procesos electorales y consultas populares de la Generalitat, Montserrat Vidal, y la secretaria general de Gobernación, Meritxell Masó el mismo día 24.

El juez ha imputado a la interventora después de que ésta contestara los requerimientos de Hacienda asegurando que en ningún departamento constaban gastos por la preparación y realización del referéndum del 1-O.

Un informe de la Guardia Civil ya alertaba que la interventora no activó ningún procedimiento para denunciar un intento fraudulento de la empresa postal Unipost de cobrar una factura de 238.965 euros a la Generalitat por gastos vinculados los envíos postales del 1-O.

La providencia considera que la interventora no sólo no facilitó ninguna información sino que intentó "impedirlo". "No habiéndose facilitado información justificativa de los gastos generados por la consulta antes al contrario, tratando de impedir el conocimiento de la misma y ante la existencia de evidencias sobre la realidad del gasto y la utilización de fondos públicos" apunta el escrito del magistrado.

El papel de Vidal estaba en el punto de mira del juez después de que éste recibiera un anónimo que le instaba a rastrear las autorizaciones de contratos y pagos efectuadas por la investigada y que Hacienda le advirtiera de que la Interventora no había respondido a su requerimiento de información de los gastos del Govern para el 1-O.

En un auto en que desestima una vez más los recursos de los investigados contra esa línea de investigación, el juez defiende la necesidad de acudir al SEPBLAC y reprocha a la Interventora que pretenda que el material y los gastos de personal vinculados a la consulta se imputen «a ignorados modos de pago, donaciones o contribuciones, ya sea de particulares, de empresas o de instituciones».

Además, añade el juez, si ese fuera el caso, la Interventora «debería haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías».

«Es por ello que no habiéndose facilitado ninguna información justificativa de los gastos generados por la consulta, antes al contrario tratando de impedir el conocimiento de la misma y ante la existencia de evidencias sobre la realidad y del gasto y la utilización de fondos públicos, deba acudirse a otros medios de investigación (...)», sostiene el juez en su auto.

Rosa Vidal figura entre los cargos públicos de la Generalitat a los que el Tribunal Constitucional advirtió, el pasado 13 de septiembre, de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión del 1-O, según la documentación que el alto tribunal ha remitido al juez instructor.

Una señora mete su voto en una urna durante el referéndum ilegal del 1-O - INÉS BAUCELLS