Pujol Corporation 58 - El proyecto Azul de Cortez

Jordi Pujol Ferrusola abandona la sede de la Ciutat de la Justícia, adonde acudió a declarar en marzo del pasado año. 

La Policía acusa a Jordi Pujol Ferrusola de blanquear al menos 15 millones de euros en el gran proyecto inmobiliario de Azul de Cortez en México y a la auditora KPMG de encubrir la operación ante la Audiencia Nacional. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sostiene en un nuevo informe que ha aportado ante el juez José de la Mata, que KPMG cooperó con el primogénito del clan catalán y sus socios para camuflar esta operativa supuestamente delictiva ante los investigadores del caso Pujol.

Por ello pide, al Juzgado Central de Instrucción número 5 y a la Fiscalía que actúen de inmediato contra los peritos por haber incurrido en una responsabilidad penal.Udef sostiene que Pujol y su socio Luis Delso, ex presidente de Isolux, articularon innumerables operaciones ficticias para lavar dinero de origen ilícito en el proyecto inmobiliario. «Se han descubierto indicios recurrentes, constantes, que se refuerzan entre sí, sobre la existencia de relaciones de negocio ficticias, pensadas para mover capitales, que además en algunos casos presentan significativos lazos con conductas aparejadas con la corrupción», enfatiza la Policía Judicial.

Mientras, KPMG elaboró un dictamen forense elaborado a petición de Delso y que fue presentado ante la Audiencia Nacional en el que certificaba exactamente lo contrario. Esto es, la existencia de «una corriente real de prestación de servicios, racionalidad y sustancia y sentido económico».

La Udef sostiene que Pujol Jr. y Luis Delso lavaron más de 15 millones en México

La Udef denuncia que la auditora «debiera haber tenido acceso a la información» de las operaciones fraudulentas y que, sin embargo, no las plasmó en su análisis forense. Dándose la circunstancia de que los peritos «firmaron un documento de manifestaciones en el que se comprometen refiriendo unos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal bajo juramento o promesa».

Y es que para la Policía, a diferencia de lo sostenido por la auditora, «la operación llevada a cabo en México denominada Azul de Cortez sería representativa desde el ámbito penal de una acción de blanqueo de capitales» en la que sus principales protagonistas fueron Pujol Jr. y su íntimo Delso.

Ambos promovieron un gran complejo sobre una superficie de 800 hectáreas junto al golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, y en el que se proyectó la construcción de un campo de golf diseñado por Greg Norman, una marina, dos hoteles con 280 habitaciones y unas 2.000 residencias de lujo destinadas al público estadounidense y canadiense. El ambicioso proyecto Azul de Cortez tenía previsto un volumen de negocio superior a los 3.000 millones de dólares, tal y como han certificado ya consultoras como Lazard o Deloitte.

Pujol Ferrusola se hizo a mediados de 2006 con un 21,5% del desarrollo del negocio. Adquirió entonces un paquete de lo que en México se conoce como el fideicomiso, convirtiéndose por lo tanto en «fideicomisario o fideicomitente». Esta figura legal no sólo abarca la propiedad del terreno, sino las posibilidades de negocio sobre el mismo. En diciembre de 2008 Pujol Jr. vendió su participación en el negocio a Isolux obteniendo un espectacular beneficio.

En el caso de Pujol Jr. y de su mujer Mercé Gironés, que participó con él en esta operación, la Policía resalta que llevó a cabo «aportaciones de fondos muy inferiores a las que les corresponderían» obteniendo a cambio «tamañas ganancias». En este sentido, la Udef explica que el proyecto incurrió en unos gastos totales de 18 millones de euros y que a Pujol Ferrusola le hubiera correspondido aportar 3,9 millones en relación con su participación. No obstante, la Udef concluye que sus aportaciones «fueron sustancialmente inferiores». Circunstancia que le llevó a la «obtención injustificada de plusvalías».

Según los datos que maneja la Policía, Pujol Jr. y su mujer «inyectaron en los circuitos financieros bancarios de España 15.278.804 euros procedentes de la venta» de su participación en el proyecto inmobiliario mexicano. El auditor avaló la operación ante la Audiencia y los agentes dicen que actuó con dolo o falta de diligencia.

En cuanto a Delso, la Udef le atribuye el lavado de fondos procedentes de su holding empresarial «que no habrían sido declarados a la Agencia Tributaria, utilizando una estructura internacional societaria con intención elusiva impositiva» y que «es factible que provengan de actos de corrupción».

«En el caso del (ex) presidente de Isolux habría utilizado capitales de origen desconocido, ubicados en Holanda amparados en sociedades opacas, para obtener cuantiosas plusvalías pagaderas por un holding societario internacional, que dominaba y titulaba directamente», añade el informe de la Udef.

Con respecto a la participación de la auditora KPMG, la Policía entiende que «los peritos, bien han incumplido dolosamente el deber que les compete o bien su informe no ha respetado la debida diligencia que se le supone a quien se presenta en un procedimiento judicial amparado en la calidad de perito». «Esta cuestión», añade el informe de la Policía, «se participa a su juzgado y al Ministerio Fiscal por si comparten el criterio del Grupo Investigador de Policía Judicial de que debiera derivarse alguna responsabilidad».

"El proceso esclarecerá nuestra independencia"

"Estamos convencidos de que en el proceso se esclarecerá la objetividad e independencia de nuestro trabajo, basado exclusivamente en la acreditación de pruebas y evidencias documentales". Fuentes de la auditora han querido reafirmarse con estas palabras en el trabajo forense realizado por sus peritos y que fue aportado en el sumario del caso Pujol por parte del empresario Luis Delso, uno de los principales implicados junto a Jordi Pujol Ferrusola.

El trabajo abordaba, como reza el mismo, los "análisis y consideraciones de KPMG Forensic sobre las transferencias de fondos del Proyecto Azul de Cortés". Según su contenido, los peritos "llevaron a cabo una serie de procedimientos de revisión, verificación y trazabilidad contable y documental" con el objetivo de "evaluar y concluir, desde una perspectiva Forensic, sobre la existencia de una corriente real de prestación de servicios, racionalidad y sustancia y sentido económico".