Una estafa a costa de la solidaridad

La pequeña Nadia con sus padres, Fernando y Marga (Familia Blanco Garau)

Los padres de Nadia, la niña de once años afectada de una enfermedad rara, cuyos padres hicieron una campaña por Internet para recoger fondos para un tratamiento en Estados Unidos, se habrian gastado "en asuntos propios" unos 600.000 euros de los 918.000 que fueron recogidos a través de donativos desde 2008. El dinero fue recaudado para supuestas operaciones urgentes que necesitaba la menor y que nunca llegó a producirse. 

Cuando fue detenido el padre de la menor, Fernando Blanco en la Seu d’Urgell después de que se escapara de un control policial en la Cerdanya, intentando pasar la frontera llevaba 1.450 euros en efectivo, una pistola de fogueo y cartuchos de rifle cuando fue detenido.según informan los Mossos d’Esquadra. En el registro posterior de la vivienda, se encontró marihuana, 32 relojes valorados en 50.000 euros, entre otros artículos de alta gama

La Fiscalía ha pedido este viernes prisión comunicada y sin fianza para el padre de la menor; Fernando Blanco, tras su declaración, “por indicios claros de delitos graves, por riesgo de fuga y riesgo de destrucción de pruebas”, ha explicado el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné y le ha sido retirada la patria potestad de la niña que tiene ahora once años. En el caso de la madre, Marga Garau, el fiscal no pide prisión pero en cambio sí solicita que se le retire la custodia de la niña.

En concreto, el Ministerio Público solicita la suspensión de la patria potestad de los progenitores con medida de acogimiento en familia extensa, de manera que se pide que la custodia la tenga una tía materna con residencia en Mallorca. Para la madre, Fiscalía solicitan un régimen de visitas de fines de semana de viernes a domingo en presencia de familia materna. El objetivo es evitar que se mantenga “la exposición publica de la menor”, señala Boné.

Las investigación sobre los movimientos en las cuentas bancarias de ambos progenitores, que en estos momentos se encuentran bloqueadas con un saldo de 319.676 euros, revelan una gran cantidad de reintegros y gastos que no guardan vinculación con el tratamiento médico al que supuestamente iba a ser destinado el dinero recaudado.

Otro de los puntos que destacan en la investigación es el alquiler de la residencia familiar, cuyo coste anual de 9.800 euros era asumido por la asociación creada para recaudar fondos para la niña. Desde la misma fundación se hizo un pago a una empresa de automoción por valor de 24.500 euros.


Material confiscado al padre de Nadia en el control policial

Según los Mossos d’Esquadra, varios pediatras del Alt Urgell habían contactado con un centro hospitalario de Barcelona donde tratan este tipo de enfermedades raras, pese a la oposición del padre de la niña, que explicó que el tratamiento lo llevaban desde Mallorca -donde habían residido anteriormente- y Houston. Por su parte, el pediatra de la niña se interesó por obtener los informes médicos de la menor, sin éxito, según la investigación policial.

Indicios de delito

Desde que en 2008 los padres iniciaron una campaña para lograr donativos para el tratamiento médico de su hija, la familia había logrado reunir 918.000 euros en donaciones que se tenían que destinar a intervenciones médicas de envergadura que, finalmente, no se habrían llevado a cabo, según los Mossos.

De esta cantidad, según un informe que los Mossos d'Esquadra han entregado al juez, los padres han gastado cerca de 600.000 euros en fines distintos a los donativos, según se desprende de sus movimientos bancarios, con una gran cantidad de reintegros y gastos que no tienen ninguna relación con el tratamiento médico de la menor.

Como ejemplo, la asociación creada para recaudar fondos para la menor pagaba el alquiler de la casa donde residía la familia, en Fígols i Organyà (Lleida), con un coste anual de 9.800 euros, y también había hecho un pago a una empresa de automoción por valor de 24.500 euros, entre otros.

La petición del Gobierno

La polémica trama ha llegado hasta el Gobierno, cuyo portavoz y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que este caso no debe dejar que “contamine las demás muestras de solidaridad” y que no significa que el resto de peticiones de este tipo también sean presuntos fraudes.

El ministro ha mostrado su decepción con lo ocurrido pero ha insistido en que no hay que pensar que por un caso presuntamente de fraude el resto también lo sea.