Purga en el Consejo de Transparencia

José Luis Rodríguez, junto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado

«El Puma», un «killer» a 110.000 euros al año para controlar el Consejo de Transparencia

Pedro Sánchez ha decidido terminar con la autonomía del Consejo de Transparencia (CTBG), pese a tratarse de un organismo público pero de carácter independiente. Después de varios meses en los que el CTBG ha instado al Gobierno a responder de su gestión en temas como la pandemia o los abusos del presidente con los recursos públicos, resoluciones propiciadas por ABC, Moncloa ha culminado el asalto al Consejo de Transparencia.

La maniobra comenzó con el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del CTBG el pasado 20 de octubre. Este jurista, que fue jefe de gabinete del ministro de Justicia Francisco Caamaño y director de la Agencia de Protección de Datos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de fulminar la cúpula del Consejo de Transparencia que durante los últimos años había velado por el cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia.

El cambio de rumbo en este organismo, que gracias a su independencia ha resultado especialmente molesto para los intereses del Gobierno obligándole a rendir cuentas en todas aquellas ocasiones en las que prefería mantener información cerrada bajo llave. 

Alzaron la voz

Esperanza Zambrano y Javier Amorós, los dos represaliados por el Gobierno

La llegada de Rodríguez no estuvo exenta de polémica ya que sus vínculos con el PSOE, fue alto cargo durante uno de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuestionaron su independencia para un cargo tan sensible como este, basado en controlar, precisamente, los excesos del Ejecutivo. 

Esperanza Zambrano y Javier Amorós, que dirigieron el organismo de manera interina, fueron especialmente incisivos en la rendición de cuentas del Ejecutivo con casos como los viajes en Falcon del presidente o los detalles de la crisis sanitaria. Ambos eran los dos puntales de este organismo hasta el nombramiento de Rodríguez y, durante su etapa al frente, no les tembló el pulso a la hora de cuestionar, siempre con argumentos legales en la mano, las maniobras opacas del Gobierno al tratar de esconder información a la ciudadanía.

Durante este tiempo, y pese a las evidentes dificultades, el Consejo fue ganando notoriedad, en parte por sus clarificadoras resoluciones y también por la progresiva implantación del concepto de Transparencia Pública entre la sociedad. Fueron Amorós y Zambrano quienes reclamaron más medios y poner fin a la etapa de interinidad. Denunciaron que esta institución, fundamental para que los ciudadanos puedan controlar a la Administración, estaba funcionando con una plantilla de 22 trabajadores cuando deberían ser 60.

Durante su mandato, aunque fuera de forma interina, el Consejo formuló numerosas resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno. Uno de los casos más sonados fue la insistencia con la que el Consejo requirió a La Moncloa que detallara el uso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó de los medios de transporte públicos, como puede ser el Falcon. Sin embargo, hay más ejemplos, como puede ser la obligación de revelar la identidad de los miembros del comité de expertos de la desescalada, facilitar los contratos sanitarios suscritos durante la crisis del coronavirus o los detalles sobre las vacaciones del presidente, datos reclamados por este diario.

Con la salida de estos dos funcionarios queda la incógnita de quiénes serán las personas que el nuevo presidente elegirá para ocupar sus puestos, pero también se alimenta la tesis de quienes sospechan que, ante las numerosas llamadas de atención recibidas por el Gobierno desde Transparencia en los últimos años, el Ejecutivo ha decidido «colonizar» de cargos afines un organismo tradicionalmente molesto para sus intereses.