Varapalo judicial a otra encerrona independentista al Rey

Felipe VI, en el mensaje que dirigió a los españoles el 3 de octubre de 2017 tras el referéndum ilegal en Cataluña. Casa de S.M. el Rey

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La resolución del Parlamento de Cataluña aprobada el 11 de octubre de 2018 reprobando a Felipe VI por su declaración institucional con motivo del referéndum ilegal celebrado en esta comunidad autónoma el 1 de octubre de 2017 contiene afirmaciones de "rechazo" y "condena" al Rey, una reafirmación de los valores republicanos y una apuesta por la abolición de la monarquía como institución caduca.

Así lo considera el Pleno del Tribunal Constitucional, que ha aprobado, por unanimidad, declarar nulos e inconstitucionales los dos apartados de la resolución en los que se reprobaba al Rey y se reafirmaban los valores de una República de Cataluña.

En una sentencia dictada este miércoles y cuyo redactor -ponente- ha sido el magistrado Antonio Narváez Rodríguez, el Alto Tribunal decidió estimar la impugnación solicitada por el Gobierno central tras considerar que no fueron meras declaraciones de carácter político, como argumentó el Parlamento catalán.

"Cuando es el Pleno de un órgano legislativo (Parlamento de Cataluña) el que adopta una decisión y toma posición ante un determinado hecho de relevancia pública, tal decisión constituye la expresión de la voluntad de una institución del Estado", señala el Constitucional en su sentencia.

Dicho esto, advierte de que es por ello por lo que considera que la resolución en cuestión "no supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, sino el de una competencia, atribución o función". El Parlamento catalán alegó que el contenido de los apartados impugnados estaban amparados por la libertad de expresión.

La resolución, presentada por Catalunya en Comú Podem y aprobada con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, condenó la toma de posición de Felipe VI en el "conflicto catalán", así como lo que consideró una "justificación de la violencia" policial el 1-O. En esa resolución, la Cámara catalana abogó por la abolición de la institución monárquica, que el Parlament calificó de "caduca y antidemocrática".

"Fuera del ámbito de sus atribuciones"

El Alto Tribunal resalta que con esta decisión la Cámara catalana tomó atribuciones que no le corresponden y se reafirmó en los valores republicanos

En su sentencia, el Constitucional deja claro que que "la persona del Rey es inviolable y está exenta de toda responsabilidad por sus actos", tal y como recoge el artículo 56 de la Constitución Española. De ahí que el hecho de la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña "resultará contrario al estatus constitucional del monarca", dice la sentencia.

El Alto Tribunal considera nulo e inconstitucional el contenido porque, advierte, el ordenamiento constitucional sitúa al Rey como jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia del mismo, teniendo en cuenta, además, que esta figura se mantienen ajena a toda controversia política, no teniendo intervención en su normal desenvolvimiento.

"Tal decisión de la Cámara ha sido adoptada fuera del ámbito de sus propias atribuciones, que son las que le confieren la Constitución, el Estatuto de Autonomía y su propio Reglamento orgánico, que no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobación de los actos regios", señala la sentencia.

No obstante, el Alto Tribunal señala que esta declaración de nulidad se debe a que los dos apartados están vinculados, ya que si el contenido se hubiera dado de forma aislada "no tendría este Tribunal por qué llegar necesariamente a declarar inconstitucional y nulo su texto en cada caso".

En este sentido, el Constitucional deja claro que las resoluciones que aprueba una Cámara legislativa "emanan del órgano que encarna la representación de la voluntad popular y son expresión de la autonomía parlamentaria que caracteriza el contenido esencial de su naturaleza institucional".

Roger Torrent