El saqueo de Andalucía 181 - Guerrero, condenado a devolver 4,1 millones a la Junta por los ERE

El ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso ERE 

El Tribunal de Cuentas ha condenado esta semana a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, a devolver 4,1 millones de euros a la Administración autonómica por la concesión irregular de fondos públicos a la empresa Novo Comlink en 2006.

En una sentencia fechada el 19 de julio a la que ha tenido acceso Efe, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento castiga al ex alto cargo de la Junta y a Novo Comlink al pago solidario de 4.153.980,54 euros más los intereses que se devenguen hasta el abono completo de la pena.

El Tribunal de Cuentas estima así la demanda presentada por la Administración andaluza y considera que Guerrero y la empresa son corresponsables de provocar un menoscabo a las arcas públicas de 3.800.000 euros que ahora deberán reintegrar junto con los intereses legales ya devengados provisionalmente, por un importe de 353.980,54 euros.

Recuerda el Tribunal de Cuentas que la empresa presentó un expediente de regulación de empleo temporal el 29 de julio de 2005 que afectaba a 184 trabajadores mayores de 54 años y la Junta se comprometió a prestarles apoyo financiero.

Guerrero firmó el 21 de julio de 2006 un convenio con la Agencia IDEA para que materializase esas ayudas individuales transfiriendo fondos a la cuenta de Novo Comlink, "sin precisar su importe", para compensar la merma en los ingresos de los trabajadores acogidos al plan de jubilación mientras se negociaba la póliza con el seguro.

El Tribunal de Cuentas, que afirma que la responsabilidad contable no ha prescrito, explica que la demanda hace referencia a tres pagos realizados por IDEA "por orden de Guerrero" con importes de 1 millón de euros (27 de julio y 31 de agosto de 2006) y 1,8 millones (19 de septiembre).

Según la sentencia, no está acreditado que los pagos estuvieran destinados a satisfacer los complementos de las retribuciones de los trabajadores y tampoco que hayan tenido como destinatarios últimos a los trabajadores y las ayudas se entregaron "de forma directa" y "no derivan de ningún procedimiento administrativo no ya real, sino ni siquiera simulado".

"Estamos ante una salida injustificada de dinero público que ha originado un menoscabo a los caudales públicos por importe total de 3.800.000 euros", considera el Tribunal.

En otro fallo del 26 de junio, por el contrario, el Tribunal estima el argumento del letrado de Guerrero y ratifica la prescripción de su responsabilidad contable en 215.384,19 euros que concedió a otra empresa, Explotaciones de Aroche, en 2002.