El saqueo de Andalucía 178 - El goteo de sentencias del Tribunal de Cuentas

Guerrero, tras los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante una de las sesiones del juicio de los ERE. Foto: EP

Un desfalco millonario y una macrocausa con más de 200 imputados ha dejado aquel procedimiento que se inició en 2001 desde la Junta de Andalucía de Manuel Chaves; un sistema que pretendía respaldar a las empresas 'obligadas' a presentar expedientes de regulación de empleo para realizar prejubilaciones o despidos. La Audiencia Provincial de Sevilla aún no ha dictado sentencia sobre el primer juicio del caso de los ERE, pero el Tribunal de Cuentas ya reclama los reintegros a los responsables del agujero económico.

El Tribunal de Cuentas va, poco a poco, 'rascando' en la trama con la intención de recuperar las ayudas otorgadas desde la Junta de Andalucía. Ya son más de 30 las sentencias condenatorias emitidas. El presidente de la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador, José Manuel Suárez, se han recuperado más de 20 millones de euros en el marco de la macrocausa. 

Algunas de las sentencias más sonadas han sido las que reclaman 446.339 euros de la Faja Pirítica; 168.000 de Calderinox; 200.000 de Saldauto; casi 470.000 de Valeo Iluminación; 380.000 de Nueva Lima; 262.500 de Consyproan; y más de 5,6 millones de Astilleros. Y aún quedaría un centenar de ayudas por sentencia. 

La cifra perseguida hasta ahora aún no se acerca a los 741 millones de euros que según la Fiscalía anticorrupción se desfalcaron con los ERE. La acusación popular ejercida por el Partido Popular habla de unos 1.200 millones.

Esta semana el Tribunal de Cuentas ha condenado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero a devolver 266.481 euros de las subvenciones concedidas a tres sociedades: Muebles Don Formón, Dehesa Navera y Promociones Vinícolas de Sevilla.

Las resoluciones realizadas por el órgano encargado de juzgar a los gestores que cometan irregularidades se elevan de momento a 6,6 millones de euros. Este fallo se conoce un día después de que el Tribunal de Cuentas lo eximiera de devolver casi 800.000 euros de dos ayudas de los ERE por estar prescritas.

Condena a Guerrero y a las tres entidades a abonar «de manera solidaria» los importe respectivos, así como los correspondientes intereses legales que se hayan generado.

Además, la Sala les ha condenado, junto a los administradores de las entidades, al pago de las costas de unos proceso judiciales en el que actuaron como demandantes la Fiscalía y la Junta de Andalucía.

Esta instancia se encarga de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos; su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos.