La Generalitat espia los ordenadores de jueces

 Genera

Torra, su vicepresidentes, Pere Aragonés, y su consejera de Justicia, Ester Capella.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido investigar si la Generalitat de Cataluña ha accedido de forma indebida a tratamientos jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de esa comunidad para hacer actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la ley.

Según informa el CGPJ, la Comisión Permanente de este órgano ha tomado esta decisión después de que varios jueces comunicaran que en sus ordenadores había aparecido un mensaje de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat en el que les informaba de la posibilidad de acceso a sus equipos para llevar a cabo labores de "control y seguimiento".

De acuerdo con la información aportada por esos jueces y confirmada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que los jueces pudieran superar esa pantalla y acceder a sus equipos debían pinchar una pestaña de "confirmación de lectura" tras un mensaje que incluía una "manifestación expresa" del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción en virtud de la cual se planteara ese acceso, la 3/2018 de ese departamento de la Generalitat.

La Comisión ha recordado que buena parte de los datos contenidos en esos equipos están amparados por leyes de protección de datos y que los únicos que pueden permitir el acceso a los mismos son los órganos jurisdiccionales.

El silencio de Dolores Delgado

Ante el palmario silencio de la ministra de Justicia en funciones, los miembros de la Carrera Fiscal exigen a la Fiscal General que tome medidas ante el espionaje a jueces por la Generalitat.

El silencio del Gobierno en funciones -en los días decisivos para la investidura de Pedro Sánchez- y el mutismo de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, sobre el escándalo del supuesto espionaje de la Generalitat a jueces y fiscales, ha provocado la indignación de varias asociaciones profesionales de ambas carreras.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha reclamado en las últimas horas a la Fiscalía General del Estado que averigüe si la Generalitat ha accedido indebidamente a los ordenadores de jueces y fiscales, "vulnerando así su derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales".

La petición se produce tan solo unos días después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iniciara una investigación después de conocer que, en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en esa comunidad apareciera un mensaje sobre la "vigencia y aplicabilidad" de una determinada instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a determinadas aplicaciones informáticas (TIC).

Según advierte la Asociación de Fiscales en una nota de prensa, estos ordenadores "contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección".

Por ello, la asociación insta a la fiscal general, María José Segarra, a que realice las "oportunas gestiones para averiguar estos hechos" y, al mismo tiempo, exija al gobierno catalán "que se abstenga de realizar conductas que puedan suponer una injerencia en el derecho al entorno digital de fiscales y jueces, "afectando estos comportamientos al derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales".

Asimismo, la Asociación de Fiscales considera que la Fiscalía General del Estado, junto al Consejo General del Poder Judicial, debe exigir al Ministerio de Justicia "la implantación de un nuevo sistema informático único en todo el territorio nacional y común para jueces y fiscales, que esté libre de toda injerencia de los poderes públicos y dotado de los adecuados mecanismos de protección".

De hecho, esta es una de las reivindicaciones que la Asociación de Fiscales viene planteando reiteradamente en los últimos años "sin que, por el momento, el Ministerio de Justicia haya considerado oportuno sentarse a discutir esta medida", lamenta esta organización.