El juez Calatayud: ‘Un MENA nos cuesta 7.200 euros al mes’

2018 cerró con 13.012 personas en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados.

España se ha convertido en la primera puerta a Europa de personas migrantes, con más de 65.300 llegadas por vías irregulares en 2018, de las que 6.063 fueron menores no acompañados que llegaron por mar. La cifra de menores extranjeros solos que accedieron a costas españolas en 2018 ha aumentado casi un 160% con respecto a 2017, cuando se contabilizó la llegada de 2.345 niños y niñas por la vía marítima.

De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, 2018 cerró con 13.012 personas en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS). Las redes sociales han recuperado una intervención del juez de menores Emilio Calatayud en la que alerta del problema que supone para España: «Ya estamos saturados».

La acogida obligada de ilegales menores de edad sólo en Ceuta y Melilla le ha costado a España 20,44 millones de euros en los últimos cinco años; una cantidad con la que los últimos Gobiernos se ha visto obligado a financiar a ambas ciudades autónomas por la afluencia masiva y en progresión de menores extranjeros. Lo grave es que la financiación se duplicó en 2017 con respecto a 2016, y que este año de 2018 podría llegar a duplicarse respecto al año anterior. Sería la consecuencia del ‘efecto llamada’ de Pedro Sánchez. Les denominan los MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados).

La situación creada por la inmigración ilegal es tan grave y con consecuencias económicas tan importantes para España que el Gobierno ha conseguido de Bruselas que los gastos relativos a los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), entren en el marco europeo del Fondo de Asilo, Migraciones e Integración (FAMI). Los MENAS constituyen casos especiales precisamente porque son menores de edad y tienen otras necesidades al estar más protegidos sus derechos como menores. No solamente entran por Ceuta y Melilla, sino que la Policía española ha detectado mafias marroquíes y argelinas especializadas en introducir vía pateras a menores en la Península, y que esa progresión ha ascendido de forma geométrica en los últimos dos años, pero especialmente tras el cambio de política operado en España con la llegada al poder del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios de Podemos.

Sin embargo, salvo en el caso de Ceuta y Melilla, resulta difícil establecer cuánto cuesta globalmente la atención a los MENA en todo el territorio nacional, dado que esa atención forma parte del ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, que asumen su tutela en el ejercicio de sus funciones en materia de protección del menor. Para dicha acogida, las Administraciones Autonómicas cuentan con presupuestos propios, de acuerdo con la distribución que cada año se realiza en el marco de la financiación autonómica.

Problemas también para la Fiscalía

Sin embargo, según datos preliminares, en el registro del Ministerio del Interior a fecha 30 de abril de este año 2018 había censados ya un total de 6.248 MENAS, mientras que, según los últimos datos oficiales facilitados por la anterior ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, Carmen Montón, tras la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios celebrada el pasado 2 de agosto en La Moncloa, el incremento en el número de menores extranjeros no acompañados en España y que son atendidos por los servicios de protección al menor de las comunidades autónomas ha experimentado un salto cualitativo: entre los meses de abril y agosto se había incrementado en 1.000 menores más, lo que ofrecía unas cifras superiores a los 7.000, lo que supone un 12% más que tres meses antes. Obviamente, al aumentar las entradas, aumenta también el coste y, por lo tanto, la aportación especial del Gobierno a determinadas ciudades o comunidades autónomas para hacer frente a esta situación.

Pero constituye otro problema también añadido para la Fiscalía, que en su Memoria Anual ya hace referencia a que la entrada de menores migrantes no acompañados en España creció un 398% en 2017 -se pasó de 588 entradas oficialmente registradas en 2016 a 2.177 entradas en 2017-. Según esa Memoria, el 97 por ciento de estos menores son de sexo masculino y, en su mayoría, proceden de Marruecos (56,3%) y Argelia (19,9%), seguidos por países del África Subsahariana como la República de Guinea (8,4%), Costa de Marfil (7,5%) o Gambia (2,8%). Ese aumento en la llegada de los menores ha desembocado en una subida de las diligencias preprocesales de determinación de edad de los mismos, que se han cifrado en 5.600 y que suponen un aumento del 48% respecto a las incoadas en 2016, que fueron de 2.971.

Para darse cuenta del problema creado por las mafias, el registro interno de la Fiscalía apunta que durante el año 2017 se han incoado 254 procedimientos que tienen por objeto teórico la persecución de delitos de trata de seres humanos -24 más que el año anterior-, 103 persiguen la trata con fines de explotación sexual, ocho la trata laboral, dos la trata para la mendicidad, otras dos la trata para la realización de actividades delictivas, cinco para matrimonios forzosos y una para la extracción de órganos.

Blanca Arbell alcaldesa de ERC, factura 8.000 euros al día por alojar a MENAs

Blanca Arbell, primera edil de Canet de Mar, hace caja con su casa de colonias, donde se alojaba uno de los jóvenes acusados de violar a una menor el pasado sábado

¿Cuánto cobra Blanca Arbell, alcaldesa de ERC de Canet de Mar, por acoger a menores extranjeros no acompañados (MENA) en la casa de colonias de su familia? El Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña se niegan a dar la cifra. Fuentes del sector la sitúan en 155 euros por menor y día, lo que equivale a 8.000 euros al día de facturación (bruta) y 2,9 millones al año, cifra de la que se deben también descontar gastos. Ello es importante en la medida en la que uno de los jóvenes acusados de violar a una menor el sábado en el municipio se alojaba en Can Brugarola, el albergue provisional.

Ninguna administración es capaz de explicar la cantidad que cobra la familia de Blanca Arbell Brugarola, alcaldesa de ERC de la localidad costera, por hospedar a 50 menores tutelados en su casa de colonias. Ni el consistorio, ni el Departamento catalán de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, ni EduVic, la fundación que lleva el proyecto de Can Brugarola. Preguntados por la cuestión, las respuestas han sido evasivas o han rechazado directamente contestar. Solo EduVic, uno de los conglomerados que se lucra con la estancia e integración de los MENA en Cataluña, ha admitido que "es un contrato de servicios" otorgado por Trabajo. Admite también que uno de los dos jóvenes extranjeros acusados de agredir sexualmente a una menor y grabarlo se hospedaba en el alojamiento. Ambos han sido condenados a tres meses de régimen cerrado por su presunta participación en el delito sexual.

"Es un secreto de ERC de Canet"

Este secretismo no gusta a la oposición. Fuentes del PP han recordado que han pedido el expediente de contratación del servicio en el pleno municipal, pero ERC se negó a enseñarlo. Esquerra rechazó también que lo hicieran sus socios de gobierno [Som Canet, Canetencs Independents y PSC]. "Nunca se esclareció cuánto estaba cobrando la familia de la alcadesa por alojar a los menores en el domicilio y la oposición censuró al Ejecutivo local por esta falta de transparencia", aseguran las mismas fuentes.

"Lo que han hecho es bloquear el debate y ser opacos, tanto por parte del gobierno local como por parte del Gobierno catalán. No han frenado el debate sobre este centro y su financiación con dinero público. Dicen [ERC] trabajar para la integración, pero ya ha quedado claro que ésta no es posible a esta escala, con 50 menores en una población pequeña como Canet de Mar. En Calella (Barcelona) ya lo han admitido y aquí seguimos sin querer reconocer la verdad. La acogida debe organizarse de otra manera y, desde luego, ser transparente y dialogada con los vecinos", mantienen las mismas fuentes.

"Opacidad"

Trabajadores sociales contratados por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) han insistido a este medio que el organismo paga a las entidades 155 euros por menor y día. Esta cantidad es la que estaría inyectando EduVic en Can Brugarola, la casa de colonias de la alcaldesa de Canet de Mar y donde se alojaba uno de los jóvenes que, presuntamente, el sábado agredió sexualmente a una niña el sábado mientras un compañero suyo lo grababa.

"Es lo que cobran los centros de primera acogida. Los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) facturan menos. Los Centros de Atención Integral (CAI) sí salen un poco más caros a la administración pública", enumeran los trabajadores sociales a este medio. Y añaden: "Las entidades pueden ingresar más mediante cursos para los MENA cuya realización y contenido nadie controla. Sin hablar de la situación de precariedad de los educadores. El Colegio de Educadores Sociales (CEESC), ¿qué hace? ¿A qué se dedica? No hay control ninguno, los contratos son de precariedad absoluta y te echan a la mínima", lamentan.

Cabe recordar que ni el Govern, ni el Ayuntamiento de Canet de Mar ni EduVic, el conglomerado dirigido por Adela Camí Dealbert, no han querido aportar, lo cierto es que es un muy buen negocio para Blanca Arbell. La alcaldesa es administradora única, según el Registro Mercantil en la sociedad Can Brugarola SL, que gestiona la casa de colonias a la que ha contratado la entidad social por encargo de su propio partido: ERC.