Torra se niega a pagar la multa de 5.500 euros impuesta por la Junta Electoral

Quim Torra, durante su participación en un debate.

La Junta Electoral Central  ha sancionado con 5.500 euros al 'president' de la Generalitat Quim Torra, por "quebrantar la neutralidad" exigida por ley a los poderes públicos en los periodos electorales.

En uno de estos mensajes -difundido por los canales institucionales de la Generalitat el día 23 de abril y que ha costado a Torra 3.000 euros de sanción-, el dirigente denunciaba la "represión del Reino de España" a los "presos" y "exiliados". "Los juicios políticos no se pueden tolerar", expresaba.

Los otros 2.500 euros de multa se derivan de un correo electrónico -enviado también el pasado día de San Jordi, patrón de Cataluña- dirigido a los funcionarios públicos que trabajan para la Generalitat. El texto aludía al "nefasto 155" -artículo de la Ley Suprema aplicado por el Gobierno de Rajoy y que faculta al gobierno central a forzar a una comunidad autonónoma a cumplir sus obligaciones constitucionales-, a la vez que se insistía en calificar a Puigdemont como un "exiliado".

Torra se niega a abonarla.

En una comparecencia ante los medios este lunes, momentos después de conocerse la decisión de la JEC, el presidente de la Generalitat ha anunciado que piensa recurrir las sanciones y si no se admite el recurso, no piensa pagar las sanciones "La libertad de expresión está en cuestión ahora mismo en el Estado español. Siempre que se castigue la libertad de expresión, la volveremos a ejercer y seremos consecuentes", ha añadido.

Estas declaraciones de Quim Torra, explica la JEC, vulneran la neutralidad exigida a las Administraciones Públicas durante el periodo electoral, ya que su difusión puede suponer una ventaja para ciertas fuerzas políticas que se presentan a los comicios -en este caso, las independentistas- y causar, por tanto, un perjuicio al resto de partidos.

Multa a TV3

La Junta Electoral también ha multado a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que gestiona TV3, por la emisión en la cadena autonómica, también durante la campaña del 28-A, del documental 'Un procés dins el procés', sobre las familias de los políticos soberanistas en prisión. Según la JEC, "la culpabilidad de la CCMA radica en su falta de diligencia"  para evitar la violación de la neutralidad exigida por ley.

En su artículo 66, la LOREG exige a los medios de comunicación de titularidad pública (caso de TV3) "el respeto (...) a la igualdad y la neutralidad informativa en su programación durante el periodo electoral (...) que será garantizado por la organización de los mismos". Esta norma impone también condiciones similares a los medios privados.