Montoro tiene que explicarnos esto

Montoro, en Granada. PEPE TORRES Agencia EFE

El misterio mejor guardado por los secesionistas catalanes empieza a salir a la luz. Se podría asegurar ya claramente que el intento de golpe de estado lo hemos estado financiando durante años todos los españoles a través del Ministerio de Hacienda. 

Cristóbal Montoro ha admitido hoy en Granada que la justicia deberá clarificar si ha habido "falseamiento de facturas" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que pudieran servir para financiar el 1-O. Así ha respondido el ministro de Hacienda al auto del juzgado 13 de Barcelona que da por hecho que el FLA sirvió para pagar "en parte o en su totalidad" el referéndum. 

El magistrado dice que "resulta evidente que tanto si el pago de los gastos del procés, y concretamente los que importan en esta causa respecto a la preparación y ejecución del referéndum del 1-O, se realizó directamente por la Generalitat o indirectamente por personas o entidades interpuestas con la finalidad de desviar el rastro de las partidas dificultando así la investigación, todo o parte de los pagos fueron realizados a cargo de los créditos obtenidos a través del FLA cuya finalidad era otra".

En este momento no entra a valorar y que ahora habrá que hacer "las comprobaciones pertinentes para seguir aportando a la Justicia". Hacienda siempre ha negado que el FLA, un fondo de rescate para las comunidades, financiara el 1-O. Según ha explicado, lo que hace el FLA es, "frente a vencimientos de crédito, pagar facturas de proveedores".

Ahora se ha sabido que los mandatarios catalanes utilizaron directamente parte de los fondos del FLA para pagar –junto con fondos de la propia Generalidad– la consulta del 1-O. Aunque a efectos del delito de malversación resulta irrelevante que los fondos públicos provengan de una Administración u otra, lo que deja de relieve esta noticia es hasta qué punto el Gobierno central –y el ministro de Hacienda muy en particular– tiene en este asunto una tremenda responsabilidad in vigilando. Recuérdese que Montoro, hasta una fecha tan próxima al 1-O como el 31 de agosto, tuvo la desfachatez de afirmar rotundamente que la Generalidad no había gastado "ni un euro público en el referéndum", para poco después asumir, supuestamente, el control directo de los fondos de la Generalidad. 

La paradoja es que mientras el ministerio que dirige Montoro es capaz de detectar si cualquier españolito le ha colado alguna factura o ingreso no declarado y en cambio no es capaz de controlar donde van a parar las grandes sumas de dinero público que manejan unas instituciones a pesar que sus altos funcionarios llevan años alardeando sus intenciones de montar un estado propio. Y para ello ha hecho falta desembolsar grandes sumas de dinero. Entre sus planes existía el proyecto de crear un ejercito profesional compuesto de 22.000 unidades.

El hecho de que, finalmente, el material de esa ilegal consulta se sufragara mediante "negocios jurídicos simulados" no borra la responsabilidad política de Montoro durante los años anteriores en los que supuestamente fiscalizó los gastos de la Administración en rebeldía y, menos aún, durante el tiempo en que se hizo cargo directo de la misma. Ningún secretismo ni ocultos tejemanejes de Puigdemont y su tropa son excusa para la pasividad del Gobierno del PP y de su responsable de Hacienda ante noticias tales como "El Parlament condiciona ayudas a los medios a la publicidad del 1-O" o "El Gobierno catalán inicia la compra directa de urnas para el referéndum del 1-O".

Lo peor es que la tan tardía aplicación del 155 sólo ha tenido como objetivo una nueva y precipitada convocatoria electoral lo que se pretende devolver el poder a las mismas formaciones secesionistas que perpetraron el golpe. De momento ninguna formación política ha pedido la comparecencia de Montoro ni de Rajoy en el Congreso para explicar este escándalo.