Jordi Sánchez cobraba en la ANC 8.000 € al mes a través de la Fundación UPF

Jordi Sànchez, ex presidente de la ANC.

El magistrado Pablo Llarena ha redactado este martes un nuevo auto en el que rechaza la petición de libertad de Jordi Sánchez por entender que es el cabecilla de la violencia ejercida en el sitio de la Conselleria de Hacienda catalana, el peligro que existe por la posibilidad de ocultamiento de las nuevas pruebas que aún siguen apareciendo sobre su responsabilidad en los distintos episodios del procés. 

Las tesis de la ANC no encajan

Las investigaciones de la Benemérita le han llevado ya al juez Pablo Llarena a ordenar el registro de las sedes de ambas entidades hace escasas semanas. Allí, los agentes de la policía judicial han buscado pruebas para confirmar varios puntos. En primer lugar los esquemas reales de financiación de ambas entidades. Hay que recordar que Òmnium es una sociedad que obtiene subvenciones y que no ha ocultado su percepción de fondos públicos. Pero, teóricamente, no así ANC. Según los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, sus ingresos proceden exclusivamente de las captaciones de aportaciones populares. Los datos de la Guardia Civil no encajan con esta tesis y con la capacidad de movilización de la ANC.

La Guardia Civil remitió el pasado 20 de noviembre un informe al Juez del 13 de Barcelona en el que ya afirmaba lo siguiente: “La Generalitat no ha contestado todavía” a los mandamientos de requerimiento de información sobre sus rutas de dinero, “pero esta Instrucción tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta”. Los agentes realizaban ya en ese informe una descripción del esquema de triangulación preparado para despistar los controles del Gobierno en el desvío de fondos públicos hacia fines ilegales: “Si fue o no dinero público o de un tercero y posteriormente repuesto precisamente de fondos públicos (aquí entrarían o no las actuaciones de la ANC y Òmnium)”.

No se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, acaba de entrar a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas.

Un sobresueldo a través de la Pompeu Fabra

El líder de ANC Jordi Sánchez estaria cobrando un sueldo mensual de 8.000 euros procedente de la Fundación Universidad Pompeu Fabra según informa OKDiario. Jordi Sánchez, podia contar con unos ingresos más que notables sin necesidad de que contasen los pagos dentro de los registros de la propia Asamblea Nacional Catalana (ANC). Las investigaciones empiezan a aclarar, de este modo, el supuesto misterio de cómo podía tener tanta actividad golpista una asociación que, a fecha actual, sigue defendiendo que no recibe subvenciones de la Generalitat.

A pesar de no haber figurado en plantilla, la Fundación Universidad Pompeu Fabra ha previsto una asignación mensual de pago de casi 8.000 euros como contraprestación por los “trabajos y estudios” que “oficialmente” ha realizado Jordi Sánchez para esta institución.

La UPF es una universidad pública”, como destaca abiertamente la Universidad. Y la “Fundación Universidad Pompeu Fabra es una entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en el año 2006 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pompeu Fabra [pública]” que, según sus estatutos, tiene “el objetivo de cooperar para conseguir las finalidades de la Universidad a través de: la promoción y mejora de la docencia y la investigación; el fomento y la difusión de la cultura universitaria; el establecimiento de interrelaciones entre la Universidad y la sociedad”.

El pago a través de esta fundación y la implicación de más protagonistas de la Universidad Pompeu Fabra puede arrojar luz sobre un supuesto y pretendido misterio de la ANC. Y es que mientras que Òmnium Cultural admite su financiación mediante subvenciones de la Generalitat, ANC lo niega. La Guardia Civil, de hecho, cree que ANC y Òmnium forman parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda. La estructura sería la que habitualmente se considera como sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.

La Benemérita, además, tiene la sospecha de que el dinero de las campañas de captación de fondos realizadas para pagar los viajes de los familiares a visitar a los encarcelados, estancias como la de Carles Puigdemont en Bruselas, el pago de los gastos jurídicos de todos los imputados por el 1-O, o las fianzas de Forcadell y sus compañeros, puede estar beneficiándose de una vía de dinero negro. Dinero, posiblemente, desviado a cuentas corrientes durante los años previos al golpe separatista con la previsión, ya en esos periodos, de que tuviese que ser utilizado para diversos gastos ligados al proceso de ruptura con España.

Malestar del soberanismo

Esto ha vuelto a desatar a los soberanistas, que mantienen las muestras de apoyo a los "presos políticos" a través de actos o acciones simbólicas. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha manifestado que el auto que mantiene a Jordi Sánchez en prisión es una "injusticia" que "afecta gravemente los derechos humanos, civiles y políticos" y que "hace sonrojar a los profesionales del derecho y a la gente comprometida con la democracia" 

Carles Puigdemont ha apuntado que el Estado tiene "un gravísimo problema político" y que no lo quiere resolver "desde la política, sino desde el código penal" y ha resaltado que cien días después de su llegada a Bélgica "el problema no sólo no se ha resuelto, sino que se ha agravado".