La Fiscalía prueba que Artur Mas ya usó dinero del Estado para la consulta del 9-N

Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, vota en la consulta del 9-N de 2014 J.M. 

En el proceso abierto contra Artur Mas por el 9-N, gracias a la benevolencia del Gobierno de Mariano Rajoy para que no entrara en la cárcel, se desestimó la acusación de malversación ahora tres años después la fiscalia demuestra que Artur Mas Gavarró ya malversó por lo menos cinco millones del presupuesto para gastos del referéndum ilegal.

El ex presidente catalán, Artur Mas, ordenó diez operaciones de pago de dinero público con cargo a las arcas de la Generalitat e incluso directamente a las de la Administración Central para financiar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, según concluye el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

En su informe final al que ha tenido acceso EL MUNDO, el fiscal Miguel Ángel Torres certifica que Mas autorizó el uso de 4,99 millones de dinero público a través de distintas partidas "sin cobertura legal" e incluso confirma que la primera factura de la campaña de publicidad institucional para la consulta fue pagada directamente por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Por tanto, finalizada la instrucción, pide al Tribunal de Cuentas que se condene al ex president y a una decena de colaboradores a devolver el dinero con intereses.

"El señor Mas Gavarró es la autoridad que aprueba todos los gastos inherentes a la consulta y determina su imputación presupuestaria", por lo que tiene "responsabilidad directa en la totalidad de los daños y perjuicios", afirma el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, que también culpa a colaboradores encabezados por los ex consellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Pide que el embargo preventivo de sus propiedades se convierta en definitivo y que devuelvan todos ellos un total de 5,27 millones por su responsabilidad contable. De esta cifra, 2,9 millones fueron depositados como fianza por la Asamblea Nacional Catalana y el resto corresponde a bienes inmuebles embargados, particularmente los de Mas, valorados en 1,25 millones. El Tribunal de Cuentas tendrá la última palabra tras el escrito del fiscal, fechado el pasado 27 de abril.

Al no tratarse de un proceso penal, el fiscal del Tribunal de Cuentas se limita a su función de reclamar la devolución de fondos públicos -con intereses- irregularmente autorizados, pero la descripción que hace de los hechos corresponde con la que comúnmente se considera malversación. Este delito, que les habría implicado pena de cárcel, no les fue imputado, sin embargo, por las fiscalías competentes en el proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en el Supremo por organizar la consulta del 9-N. Este hecho no les exime de ser condenados ahora a pagar, según el fiscal: "Las resoluciones recaídas en la jurisdicción penal ningún obstáculo constituyen en orden a ejercer la acción de responsabilidad contable".

El dinero deberá ser devuelto sobre todo a la Generalitat, pero el fiscal concluye que existe al menos una factura que fue abonada directamente por la Administración Central del Estado. A pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado siempre pagos directos para consultas ilegales, el fiscal sostiene que "la primera factura asociada al gasto de la campaña de publicidad institucional [para el 9-N], por un importe de 11.785,78 euros, fue satisfecha mediante transferencia del fondo de financiación a las comunidades autónomas 2015", en que está encuadrado el llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Por ello, "cabe entender que en ese supuesto son los fondos estatales los que sufrieron un quebranto".

Es llamativo que el pago por parte del FLA fue abonado en 2015, meses después de que el Gobierno descalificara la consulta por ilegal. El resto del dinero de esta campaña fue abonado por la Generalitat e, indirectamente, también por el Estado, puesto que el Govern de Artur Mas recibió aquel año cerca de 10.000 millones vitales del fondo de rescate estatal.

La contratación de la campaña de publicidad institucional costó en total 806.403,52 euros y es solo una de las diez operaciones irregulares que detalla el fiscal a lo largo de las 74 páginas del informe.

La más importante fue la adquisición de 7.000 ordenadores para ser utilizados en la mesa de votación por valor de 2,8 millones y que son responsabilidad directa de la consejera de Educación, Irene Rigau. El fiscal señala que la partida necesaria para que Rigau pudiera hacer ese pedido se produjo por acuerdo de la Generalitat el 21 de octubre de 2014. En aquel día, el Govern de Mas aparentó cumplir el mandato del Constitucional y anuló una partida de 5,2 millones que habían sido habilitados para "gastos de la consulta popular no referendaria del 9 de noviembre". Pero "a continuación y con acuerdo de Gobierno de idéntica fecha, se aprueba la transferencia para habilitar los créditos en el Departamento de Educación por 2,8 millones, lo que posibilita la adquisición y pago de los ordenadores que se utilizan para el tratamiento de datos del proceso participativo del 9-N", afirma el escrito del fiscal. Cumplida la ley, perpetrada la trampa.

En su opinión, "tras la Providencia del Tribunal Constitucional por la que se suspende la vigencia del Decreto de convocatoria [de la consulta del 9-N], con el impulso y la coordinación del señor Mas Gavarró, se siguieron ejecutando los procedimientos de contratación previstos e imputando los gastos ocasionados al Presupuesto de la Generalitat, mediante las improcedentes e injustificadas modificaciones de las posiciones presupuestarias". Se trata, según el fiscal, de "infracción grave al autorizarse gastos sin contar con la necesaria cobertura legal".

Otra operación fue la contratación para la "elaboración del soporte necesario para celebrar la consulta del 9-N", por 727.600 euros. En este caso, fue decisivo el entonces conseller de Presidencia, Francesc Homs, que, ante las dudas de legalidad que tenía el proveedor T Systems llegó a poner por escrito que no había problema. "Los servicios no están explícitamente afectados por la providencia del Tribunal Constitucional".

Según el fiscal, "este mensaje fue determinante para que la empresa informática decidiera continuar con los trabajos". Homs concluyó el pasado día 29 su pena de inhabilitación por aquellos hechos, puesto que no se le imputó delito de malversación.

Otra operación irregular fue el pago de 163.953 euros para "la fabricación y transporte del material a los locales de votación" bajo responsabilidad de Joana Ortega.

Ocho multinacionales facturaron 4,2 millones de euros a la Generalitat por la consulta del 9-N

Ambiente previo al 9-N en uno de los centros de información. 

Entre la quincena de empresas contratadas para servicios relacionados con la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 figuran ocho multinacionales que cobraron un total de 4,2 millones de fondos públicos. Así lo certifica el informe final del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL MUNDO. Telefónica y Media Planning, principalmente, pero también Hewlett Packard, T-Systems, Fujitsu, Axa, Vodafone y Colt figuran como suministradores de los contratos de 2014 que la Generalitat adjudicó "sin cobertura legal" con perjuicio a las arcas públicas, según el fiscal Miguel Ángel Torres.

Torres se ciñe a su labor en el Tribunal de Cuentas y no entra en la actuación de las empresas, pero basa en sus contratos la petición, de que Artur Mas y su equipo sean condenados a devolver a las arcas públicas el dinero que les facturaron. La presencia de grandes empresas en torno al 9-N contrasta con la precaución que tuvieron en su mayoría tres años después para el también ilegal 1-O. Empresas catalanas de menor tamaño como Unipost, participaron en ambas consultas, pero las grandes corporaciones destacan en la de 2014.

Ordenadores para el voto

El fiscal considera acreditado que, conocida ya sobradamente la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la consulta por ilegal, "el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) solicitó el 23 de octubre de 2014 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones el suministro urgente de 7.000 ordenadores" para ser utilizados en las mesas de votación. El ente catalán recurrió para ello un contrato de colaboración con Telefónica, suscrito en 2012.

"Los 7.000 ordenadores portátiles adquiridos fueron entregados y depositados por el proveedor entre los días 31 de octubre y 4 de noviembre", asegura el fiscal. Es decir, a tiempo para las mesas de la consulta. Telefónica los entregó "en una parte en almacenes dependientes de las delegaciones territoriales del Gobierno de la Generalitat y otra parte en almacenes dependientes de Fujitsu a la espera de ser preparados mediante la instalación de los programas informáticos que iban a ser utilizados en la votación". El importe final fueron 2,78 millones. El Departamento de Educación no dijo que fuera para la consulta, sino por "la necesidad inaplazable" de "dar respuesta a las necesidades informáticas específicas de los centros docentes públicos". Agrega que Telefónica y Vodafone facturaron otros 116.841,48 euros por servicios de call center y mensajería.

Campaña de publicidad

El Departament de la Presidència, dirigido entonces por Francesc Homs, formalizó el 24 de octubre de 2014 el contrato con el grupo Media Planning (MPG), perteneciente al grupo Havas, para "la inserción en los medios de comunicación de los diversos contenidos de la campaña institucional para informar sobre el proceso de participación ciudadana del 9-N". MPG ejecutó la campaña "durante el mes de noviembre hasta el día de la votación, a pesar de la suspensión constitucional", afirma el fiscal. MPG ha admitido a la investigación albaranes y facturas por un valor total de 806.403,52 euros. La primera factura -11.785,78 euros- fue pagada por el Fondo de Liquidez Autonómica en 2015 y el resto, por la Generalitat.

Servicios informáticos

El citado CTTI de la Generalitat "encomendó a Fujitsu la realización de una serie de servicios informáticos para dotarse de los medios electrónicos para facilitar la consulta", entre ellos, "apoyo telefónico y, si es necesario durante la jornada, la intervención de personal para solucionar problemas in situ". La multinacional japonesa facturó por ello 329.539,88 euros, según el informe.

Red y web

"El CTTI contrató la asistencia y el soporte para la plataforma web y el aseguramiento de la red con Colt, T-Systems y la UTE Hewlett Packard-Vass". Facturaron 74.878,06 euros. A ello se añaden los 136.720,85 euros cobrados por T-Systems por su "servicio de apoyo 24 horas al CTTI durante el fin de semana del 9-N" o la web para registrar los resultados.

Seguros

La Generalitat solicitó a a su aseguradora habitual, Axa, una póliza de seguro de accidentes para los más de 25.000 voluntarios del 9-N. Pagó 1.279,12 euros, pero "el erario público catalán no debería haber asumido ese gasto".