La Interventora de Hacienda ocultó tres millones de gastos del 1-O

Cristóbal Montoro, Carles Puigdemont y Pablo Llarena

La Policía ridiculiza a Montoro: la interventora de la Generalitat ocultó la malversación de 3 millones

Los informes de la Policía y la Guardia Civil ridiculizan al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puesto que la interventora del fisco bajo el 155 ha ocultado pruebas del 1-O al ministerio y, por lo tanto, a los jueces que investigan el golpe separatista. Los documentos remitidos ya a la Justicia a los que ha tenido acceso OKDIARIO ponen el descubierto que la interventora de Hacienda ocultó la malversación de 3 millones de euros destinados a la promoción y celebración del referéndum ilegal.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pidió informes adicionales para descubrir el esquema de malversación y uso de fondos públicos del Govern separatista. El juez de Instrucción de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer hizo lo mismo. Y la Guardia Civil ha hecho su trabajo destapando la realidad: ha cazado a la interventora general de la Generalitat ocultado pruebas en operaciones de millones de euros.

La Guardia Civil y el juez Ramírez Sunyer habían alertado en diversas ocasiones a Montoro de los retrasos e irregularidades cometidos por esta interventora, Rosa Vidal, a lo largo de toda la investigación del golpe separatista. Pese a ello, Hacienda no ha querido apartarla del cargo. Ella era y es la supuesta controladora de la legalidad de los pagos y gastos de la Generalitat. La que debía alertar a Hacienda hasta que se intervinieron los pagos de los movimientos de fondos públicos con destino al 1-O.

“Las presentes diligencias son ampliatorias y enfocadas a determinar qué cantidades de dinero efectiva se han empleado para llevar a cabo los actos de preparación y ejecución del referéndum, es decir la presunta malversación de caudales públicos”, explica la Guardia Civil en su informe.

Una de las ocultaciones de pruebas de la interventora que detectan se encuentra en los pagos a Unipost, la empresa que preparaba las papeletas del referéndum.

“El servicio en cuestión alcanza la cifra de 979.661,56 euros sin IVA”, señalan. La Guardia Civil detecta una serie de anomalías que anota como “incidencias sobre la gestión de la interventora general de la Generalitat”.

Y allí detalla la Guardia Civil que “la interventora hace referencias en un anexo al registro de facturas de la Generalitat emitidas por Unipost, pero sin embargo no las adjunta en el informe”. La policía judicial añade que la interventora afirma con respecto a las facturas que “no se han registrado ni se han abonado los importes de las mismas”.

Pero la Guardia Civil no se lo creyó ya en aquel momento y decidió seguir investigando. “Debido a que la interventora no aportó el anexo, al cual hace referencia en el informe, se acordó mantener una reunión con ella al amparo de lo que recoge el propio mandamiento que habilita esta unidad para tener cuantas ampliaciones de información fuera necesarias". 

A raíz de la reunión, la interventora facilitó el anexo que no había aportado inicialmente mediante un correo electrónico.

Es decir, que lo que no aparecía inicialmente, empezó a surgir a medida que la presión policial se incrementaba.

En el informe de contestación al mandamiento, además, “la interventora no menciona ninguna coincidencia con los datos que aporta en el anexo”. Y de nuevo, ocultó datos: “Sin embargo se observa un asiento que coincide en el importe con la factura número 90659350-P de fecha 7 de septiembre de 2017 emitida por Unipost al Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña con un abono por importe de 238.965,37 €.

Más trampas

La Guardia Civil ha encontrado más trampas. Y anota, de hecho, que la factura en cuestión se intentó cobrar dos veces y ninguna de las dos fueron reseñadas por la interventora.

Las ocultaciones por parte de la interventora se repiten y la Guardia Civil anota en su informe que tras la fecha en la que ya se conoció que las facturas estaban alteradas tampoco “ha activado ningún procedimiento para denunciar acciones” que pretendían realizar una malversación de 2.299.900,20 €.

La misma escena se registra con las notas de entrega. La Guardia Civil aporta varias notas de entrega de Unipost con el sello de salida. Todas ellas fueron registradas con sello de salida el día 7 de septiembre de 2017, es decir, justo antes del golpe separatista. Y pese a todo ello la Guardia Civil menciona cómo en el informe la interventora se “concreta sobre esas cinco facturas que no se han registrado en el registro contable de facturas de la Generalitat y que tampoco se han abonado los importes de las mismas”.

Todo ello ha sido recogido por la Guardia Civil. Y advertencias, no tan concretas, pero sí delatoras de lo que pasaba con la interventora han sido trasladadas a lo largo de meses por el juez de Instrucción. Pero, pese a todo ello, Hacienda no ha solicitado la sustitución de una interventora que, de hecho, colaboró ya con Junqueras en el primer parón de envío de información antes del golpe separatista