El proceso de vuelta a empezar

Roger Torrent, Elsa Artadi y Eduard Pujol.

Junts per Catalunya y Esquerra han cerrado un acuerdo de investidura para la "construcción de la República Catalana" y han trasladado el documento a la CUP. El nuevo acuerdo plantea un proceso constituyente que culminaría con varias consultas ciudadanas y con unos trabajos que servirían de base para una futura constitución catalana.

Concebido como una estructura paralela al Govern de Catalunya, ese "Consell de la República" se encargaría de fomentar e impulsar los debates del proceso constituyente, que abarcaría a "agentes cívicos, sociales y políticos". La Generalitat tendría un "plan de gobierno de obediencia republicana" y un "plan de políticas de progreso", mientras que el "Espacio Libre del exilio" desarrollaría la estrategia política, la internacionalización y un frente común para la defensa de los derechos civiles y colectivos de los catalanes.

Más de dos meses después de las últimas elecciones regionales catalanas, las fuerzas separatistas siguen insistiendo en su venenosa desestabilización, que condujo a Cataluña a una crisis formidable con la intentona golpista en forma de pseudorreferéndum del pasado 1 de octubre. En las negociaciones para formar un nuevo Gobierno regional, bochornosa ópera bufa con escenarios en el Parlamento catalán, la prisión de Estremera y la mansión de Waterloo donde mora el cobarde Carles Puigdemont, ha quedado acreditado que la agitación golpista será de nuevo el único programa de las fuerzas separatistas, que andan buscando la manera de volver a asaltar las instituciones y el Estado de Derecho.

Las dos formaciones cierran un acuerdo de legislatura en Catalunya y lo trasladan a los anticapitalistas

Al parecer, Puigdemont y sus detestados socios de ERC tratan de dar de una vez inicio a la legislatura, con vistas a lo cual el cobarde prófugo ha designado al preso Jordi Sánchez como su candidato-esbirro a la Presidencia de la Generalidad. 

Las dos formaciones fijan como "criterios esenciales de la legislatura" la "construcción de la República", "la restitución de las instituciones" y "construir la República al Espacio libre del exilio" a través de la Asamblea de representantes, Presidencia y Consejo.

Ambas formaciones también se comprometen a "transmitir en sede parlamentaria los debates y propuestas que emanan del compromiso de construir república surgido en las urnas el pasado 1 de octubre" y "la defensa de los derechos civiles y políticos vulnerados y amenazados por las actuaciones de los poderes del estado español".

La propuesta fija que el proceso constituyente surgiría de un gran debate ciudadano que se impulsaría conjuntamente con el Consejo de la República desde Bruselas y la Asamblea de Representantes y que acabaría en una primera fase con un gran Pacto Nacional. Después, el Parlament canalizaría sus retos con varias comisiones de estudio. En una fase final, debería ratificarlo la ciudadanía y se redactaría y aprobaría un texto base para una futura constitución.

Sobre las políticas sociales, el acuerdo propone no renovar los conciertos a colegios que segregan por sexos, reducir la presión fiscal a las rentas más bajas, recuperación pública de la gestión de Aguas Ter-Llobregat y crear una comisión mixta Govern-Parlament por una futura Banca Pública. JxCat y ERC ofrecen una "multiconsulta" y un esbozo de constitución para atraer a la CUP

Todo es una burda farsa para seguir alimentando la tensión antiespañola y tratar de obtener réditos en la escena internacional, principal punto de acuerdo entre los separatistas. De ahí surge precisamente ese estrambótico Consejo de la República que, presidido por Puigdemont, permitiría al cobarde prófugo seguir dirigiendo entre bambalinas la rebelión separatista. Y es que los pedecatos, ERC y la CUP están dispuestos a cualquier cosa menos a forjar un pacto de legislatura que devuelva el Principado a la normalidad y se traduzca en la conformación de un Gobierno que se ocupe de los muy graves problemas que aquejan a Cataluña, gran parte de los cuales son consecuencia de o se han agravado con el desafío golpista de estos fanáticos.

Los separatistas que no han aprendido nada después de la aplicación de art. 155, confían en el agotamiento de los defensores del Estado de Derecho para avanzar en sus objetivos liberticidas. Por eso es crucial desalojarlos de las instituciones, a las que están infligiendo un daño tremendo a la sociedad catalana.