El jefe de los Mossos de Girona pide cárcel para el “juez dictador” Llarena

El mosso de Gerona Pep Blanco, que insulta al juez Llarena y al Presidente del Gobierno

Algunos se preguntan a diario en Cataluña si ha servido para algo la aplicación del artículo 155. Viendo y leyendo cosas como esta que le contamos en Esdiario es una pregunta razonable.

Se llama Pep Blanco y es nada más y nada menos que Jefe de Proximidad de los Mossos d’ Esquadra en Girona. Además de su actividad policial, Blanco es uno de los muchos agentes de la policía catalana que se han convertido en auténticos activistas proindependencia en las redes sociales.

El jefe de los Mossos en Girona arremete violentamente contra el Estado Español, en sus perfiles en las redes sociales. En distintos y numerosos post –a los que ha tenido acceso ESdiario- se expresa, en catalán, inglés y castellano de la siguiente forma: “España es un país fascista”. Del mismo modo pide la puesta en libertad de “los presos políticos” e ilustra muchas entrada de su muro con el lazo amarillo, símbolo de los independentistas.

Pero especialmente virulentos, y más tratándose de un agente de la Ley, son sus ataques al juez del Tribunal Supremo, Pablo LLarena. De él dice en un post (escrito en catalán) “estoy hasta los cojones de este juez dictador. Llarena a la prisión”. No es la única ocasión en la que el jefe de los Mossos en Girona reclama cárcel para el juez. Otra entrada en su Facebook la encabeza con la frase “Llarena a la prisión” y lo acompaña con un artículo del independentista Elnacional.cat que se hace eco de unas declaraciones del ex diputado de Podemos, Albano Dante Fachin, pronosticando que el juez Llarena acabará en prisión.

Por supuesto, según ha podido saber ESdiario, los superiores de los Mossos no contemplan abrir una investigación o expediente informativo alguno para este destacado mando del cuerpo autonómico policial pese a ser públicas y notorias sus manifestaciones. Contrasta con el acoso y persecución que está sufriendo una cabo de los Mossos d’ Esquadra expedientada y apartada del cuerpo porque desde su Facebook la madre de la agente calificaba a Carles Puigdemont como de un “capullo”.

Esta agente, suspendida de empleo y sueldo, está viviendo un calvario personal y profesional e incluso sufre una persecución en las redes sociales por parte de sus propios compañeros independentistas.

Escoltas y protección

Y todo esto se produce en medio de un ambiente de violencia en Cataluña, impulsada por los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), que ha forzado al ministerio del Interior a tomar una medida insólita en Cataluña. Interior garantizará protección para jueces con el objetivo de que el Estado de derecho no se vea "amenazado ni cuestionado por nadie" como así ha sucedido con los "gravísimos" ataques al domicilio en Das (Girona) del juez Llarena.

Interior ha enviado a Cataluña a una veintena de agentes de la Unidad Central de Protección para reforzar la protección de jueces y políticos tras el aumento de la tensión por la detención de Carles Puigdemont. Los policías desplazados escoltarán a cargos de Ciudadanos, el PP y el PSC, y se suman a los que ya protegen al juez del Supremo cuando viaja a Cataluña. También se ha incrementado la seguridad del juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, instructor de otro de los sumarios contra el procés.

Los 20 policías desplazados se suman a los aproximadamente 200 —en su mayoría, Mossos— que prestan este servicio en Cataluña. Estos últimos ya fueron reforzados durante la campaña electoral del 21-D con 50 escoltas procedentes de Madrid, a los que se encargó la seguridad de los candidatos de los partidos constitucionalistas y de los líderes nacionales cuando acudían a mítines. 

En los próximos días se incorporarán al dispositivo más agentes de la Unidad de Protección, una vez concluya la convención que el PP celebrará en Sevilla la próxima semana y que obligará a un importante despliegue policial en la capital andaluza. Los responsables policiales justifican la medida en los incidentes registrados en Cataluña tras la detención de Puigdemont. 

El hostigamiento a políticos no es nuevo. El 3 de octubre, Interior se vio obligado a reforzar la seguridad de dirigentes políticos después de que decenas de manifestantes cercaron la sede de Ciudadanos en Barcelona y varios dirigentes de la formación tuvieron que salir escoltados. En diciembre, poco antes de las elecciones, se recrudecieron las amenazas. El día que se conoció que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, enviaba a 50 policías para escoltar a candidatos aparecieron colgados en un puente de la comarca de Osona varios muñecos que simulaban cuerpos amortajados con los logotipos del PSC, el PP y Cs.