18 de 65 - Una de espías transparentes

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha arrojado luz sobre el escándalo del espionaje Pegasus que según la investigación del Citizen Lab y el diario The New Yorker espió a un total de 65 independentistas, abogados y afines en el momento.   Solo ha acreditado el seguimiento de 18, entre los cuales se encuentra el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y su vicepresidente, Jordi Puigneró.

El caso de Puigneró y Aragonés son los nombres propios más llamativos del listado de 18 cuya documentación y acreditación judicial ha aportado la directora del CNI pero hay otros, entre ellos se encuentran los cuatro independentistas fugados y residentes en el extranjero: el ex presidente, Carles Puigdemont y los ex consejeros, Toni Comín, Marta Rovira y Clara Ponsatí.

Unos hechos que justifican fuentes del Ejecutivo por el momento en que se produjeron los hechos, durante el año 2020, cuando Aragonès era vicepresidente de la Generalitat y Puigneró, consejero de Políticas Digitales, y se acuñó el concepto de la ‘República Digital’, que sirvió para reorganizar la infraestructura independentista tras la sentencia del 1-O. Eran los tiempos del ‘Ho tornaren a Fer’ (Lo volveremos a hacer), mensaje que repetían los independentistas tras la condena a 13 de los dirigentes responsables de organizar el referéndum ilegal de 2017.

Fuentes del Ejecutivo justifican así este espionaje «legal y acreditado judicialmente» por parte del Tribunal Supremo al CNI, fundamentado en la necesidad de actuar contra quienes habían puesto en riesgo la seguridad del Estado y cuestionado a sus instituciones, empezando por el CNI, «incapaz de encontrar las urnas del referéndum ilegal» para bochorno del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

De hecho, recuerdan desde el Ejecutivo que por esas fechas el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de ministros un decreto ley que posibilitaba cercar la llamada ‘República digital catalana’, creada por Puigneró, y que permitía intervenir redes de telecomunicaciones por motivos de «orden público», medida que amparaba en parte de las actuaciones del CNI avaladas también por la Justicia.

El decreto-ley obligó a modificar varias leyes, entre ellas la Ley 9/2014 de Telecomunicaciones, y habilitaba al Gobierno «con carácter excepcional», a asumir a través de la Administración General del Estado «la gestión directa e intervención de redes de comunicación y servicios de comunicaciones electrónicas que puedan afectar al orden publico, la seguridad publica y la seguridad nacional».

También entre ellos se encuentran varios dirigentes del círculo de Puigdemont y de la plataforma independentista, Tsunami Democratic, de la cual formaban parte su creador Elies Campo, el ingeniero que ha participado en la investigación y auditoría de The Citizen Lab sobre el espionaje, y el diputado nacional de La CUP, Toni Botrán.

La decepción de Rufián

Tanto el portavoz de Podemos como sus homólogos de ERC y JxCAT han coincidido en que la comparecencia de Esteban «refuerza» que se asuman responsabilidades políticas y la necesidad de que el Gobierno valore desclasificar los documentos que la directora del CNI trasladó a los diputados. «Serviría a la ciudadanía para saber qué ha pasado», ha apuntado la catalana Miriam Nogueras.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que salio de la reunión antes de hora contraviniendo la ley de secretos oficiales para dar la exclusiva a TV3 declaró: «Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales», ha dicho Rufián, incidiendo en que no incumplía la ley al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma ha versado sobre cosas ya «filtradas» a los medios de comunicación.

¿Y los 47 restantes?

"Para el resto de espiados plantean dos vías. Uno: una nación extranjera. Dos: organismos del Estado que tuvieran capacidad de espionaje con un programa parásito", decía Gabriel Rufían. En el separatismo, y en Unidas Podemos, creen que hay "células descontroladas" que podrían espiar.

El CNI niega haber ordenado la investigación de las 47 personas restantes, denunciadas por The New Yorker. Las sospechas se encaminan hacia potencias extranjeras o bien miembros de otros organismos nacionales «que habrían espiado por encima de sus posibilidades legales». Tampoco ha aportado datos sobre el supuesto espionaje con Pegasus, hace un año desde Marruecos, al Presidente y varios miembros del Gobierno, denunciados por la via de urgencia por Bolaños el pasado domingo.

Con el paso de los días, se ha abierto un verdadero cisma en lado de la izquierda, profundizado por la comparecencia de Robles en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, donde acudió para informar sobre la Brújula Estratégica para la Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Y es que la titular de Defensa se ha posicionado del lado institucional, al defender a la agencia de inteligencia -y a su directora-, y ha señalado al despacho de Presidencia como los responsables de la vulnerabilidad.

¿Espias transparentes?... Pedrito, la has liado bien.