Peligran los sueldos y el derecho a voto de Puigdemont y los demás fugados ante el Parlamento Europeo

La ley electoral española contempla la pérdida de prerrogativas de los eurodiputados que no acaten la Constitución, pero la situación sin precedentes del 'expresident' prófugo la decidirá en última instancia la Eurocámara.

La jura o promesa de la Carta Magna es un requisito que siempre se ha cumplido en democracia ante la sede de la soberanía nacional

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo no verificó este martes las actas de eurodiputado de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Jordi Solé. Ninguno de los cuatro independentistas acudió a España a jurar o prometer la Constitución, por lo que la Junta Electoral Central (JEC) no envió nunca la preceptiva notificación oficial confirmándolos como miembros de la Eurocámara. La no verificación, anunciada este miércoles en sesión plenaria, es la última vuelta de tuerca en el laberinto de los eurodiputados con causas pendientes por el 'procés', que ahora podrían perder sus prerrogativas como parlamentarios (derecho a voto, salario, presupuesto para personal...).

Su situación, sobre la que tendrá la última palabra el Parlamento Europeo, arrastra dificultades desde el comienzo de la legislatura, precisamente por la negativa de Puigdemont y de Comín a acudir a España para acatar la Constitución, habida cuenta de que todavía pesaba -y pesa hoy- una orden de detención sobre ellos por sedición y malversación.

Entonces, Ponsatí y Solé no eran eurodiputados -tomaron posesión en febrero y julio del 2020, respectivamente-. Ellos tampoco acudieron a España para formalizar su nombramiento porque la Presidencia del Parlamento Europeo se amparó en el principio de igualdad de trato para no hacer distinciones con Puigdemont ni Comín. Solé, para más inri, ni siquiera tiene causas judiciales pendientes, y aun así evitó prometer o jurar la Constitución, un requisito que siempre se ha cumplido en la democracia española ante la sede de la soberanía nacional.

El panorama de los prófugos de la Justicia en el Parlamento Europeo ha sido complicado desde el inicio. De las elecciones celebradas el 26 de mayo del 2019, resultaron elegidos Puigdemont, Comín y Oriol Junqueras. Este último perdió la condición de eurodiputado al ser condenado por sedición y malversación por el Tribunal Supremo. El entonces presidente Antonio Tajani, en junio del 2019, dijo que no estaba «en condiciones de tratarles [a Puigdemont, Comín y Junqueras] como futuros miembros del Parlamento» porque sus nombres no constaban en la notificación oficial remitida por las autoridades españolas.

La JEC, al no haber acudido ninguno de ellos a acatar la Carta Magna, no los incluyó entre los nombres notificados de eurodiputados electos por España. Ahora, al no poder verificar la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo las credenciales de estos cuatro independentistas, cabe la posibilidad de que la JEC haga llegar a la Eurocámara la situación jurídica en la que se encuentran Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé en base a la ley electoral española. El presidente de esa comisión, el español Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos (Cs), ya le ha enviado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, una carta informándole del proceso de verificación.

La ley electoral da un plazo de cinco días

El artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice lo siguiente: «En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento».

Es decir, con la ley española en la mano, y al no verificar el Parlamento Europeo las actas de los cuatro independentistas que no acataron la Constitución para ser eurodiputados, Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé podrían perder el sueldo, el presupuesto que tienen para contratar personal y el derecho a voto en las sesiones de la Eurocámara. Esta decisión, no obstante, queda en manos del propio Parlamento Europeo, que bien podría decidir lo contrario ante la ausencia de precedentes. La suspensión de esas prerrogativas, en cualquier caso, duraría solo hasta que juren o prometan la Carta Magna -algo que implica su paso por España y su más que probable detención- o hasta que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea sobre un recurso que interpusieron Puigdemont y Comín contra la decisión inicial de Tajani de no considerarlos eurodiputados.

Entre medias de Tajani y de Metsola, el expresidente David Sassoli, fallecido este mes de enero, permitió a Puigdemont y a Comín tomar posesión de su acta con plenas funciones ignorando que no habían acatado la Constitución. Lo hizo basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la cuestión prejudicial planteada por Junqueras, a quien le concedió la inmunidad parlamentaria -que quedó sin efecto con la condena por el 'procés'- pese a estar en situación de prisión provisional. Puigdemont y Comín alegaron que ese reconocimiento implicaba también que ellos deberían ser nombrados eurodiputados.