Colau multa a la empresa que la denunció por defender a okupas

 

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en una comparecencia pública anterior / EFE

Colau multa con 417.000 euros a la empresa que la denunció por defender a okupas

El Ayuntamiento de Barcelona sanciona a la inmobiliaria Vauras Investment, que se ha querellado contra concejales por connivencia con los allanadores

Una multa. Esta es la respuesta del gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona contra Vauras Investment, la inmobiliaria que ha denunciado a miembros de su equipo por presunta connivencia con okupas. La administración local ha sancionado a la compañía con 417.000 euros por, dicen, no ofrecer alquiler social a los allanadores.

La concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha anunciado la cuantía de la penalización en una comparecencia ante los medios este martes. Ha justificado que se trata de una "sanción proporcional" y ha advertido que podría haber llegado a los "90.000 euros por unidad familiar [piso okupado]". En total, seis apartamentos tomados a la fuerza en el número 38 de la calle Lleida.

"La querella está en trámite"

La propia Lucía Martín ha precisado que la querella por ocho presuntos delitos contra el Ayuntamiento de Barcelona "aún no ha sido admitida a trámite". 

Martín, de Barcelona en Comú, ha manifestado que "no valorará una denuncia que no ha sido examinada por el juez", pero sí ha acusado gravemente a la inmobiliaria. Según la concejal, Vauras Investment "se saltó la ley autonómica 24/2015 y el decreto 17/2019 al no ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables que habitaban en pisos del bloque desde 2017".

Okupados, luz 'pinchada' y destrozados

Los pisos a los que ha hecho referencia son al menos ocho apartamentos del edificio situado en el barrio de Poble Sec. Los okuparon diversas personas en 2017, arropadas por el autodenominado Sindicat de Barri, una organización cercana a Barcelona en Comú. Los allanadores pincharon los suministros y permanecieron allí hasta 2020. Resistieron hasta cuatro intentos de desahucio que contaban con el visto bueno de la autoridad judicial.

Finalmente, y antes de que los Mossos d'Esquadra consiguieran ejecutar la orden en 2020, los intrusos destrozaron las viviendas, tal y como avanzó este medio. En este momento, dos pisos continúan okupados por errores administrativos. Su propietario, Vauras, ha denunciado penalmente al consistorio. Además, ha anunciado que no invertirá más en Barcelona por la inseguridad jurídica, un mensaje que espanta a otros inversores de la ciudad.