Mediapro admite por fin el escándalo de los sobornos en EEUU

 

aume Roures, presidente de Mediapro, en una comparecencia pública anterior / EFE

Reconoce la conducta delictiva de Imagina para asegurarse los derechos audiovisuales de partidos en América hasta 2022, lo que le llevó a pactar con la justicia

Mediapro firmó en julio de 2018 un pacto con el departamento de Justicia de EEUU en el que reconocía la conducta delictiva de la cúpula de la filial en ese país. La mercantil adscrita a Imagina Media Audiovisual actuó de forma ilícita para asegurarse los derechos de retransmisión de varios partidos de fútbol hasta 2022. Así lo indica una nota que el grupo cofundado por Jaume Roures y Tatxo Benet ha emitido esta semana, y con la que zanja un corolario de declaraciones para intentar negar la magnitud del escándalo de los sobornos en el que está implicado. 

La compañía ha dado este paso por orden de la fiscalía de EEUU, cansada de que los directivos jugaran al despiste e intentaran esconder por todos los medios las conductas delictivas que sí reconocieron en los tribunales, tal y como indican fuentes próximas a la cúpula de Mediapro. Todos los hechos están detallados en el Acuerdo de No-Enjuiciamiento (NPA por sus siglas en inglés) que se firmó hace dos años y que ha derivado en el mensaje público.

Mediapro entona el ‘mea culpa’

“Mediante la presente nota, Imagina rechaza todas y cada una de las declaraciones hechas por Imagina o sus representantes desde la firma del NPA, negando que Imagina fuera responsable de o participara en la conducta delictiva”, señala el texto que ha divulgado el grupo audiovisual.

Incluso detalla hasta dónde llegó: “Incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (Concacaf) para los Campeonatos del Mundo de fútbol de 2014, 2018 y 2022”. Este reparto de dinero ilícito también incluía los “derechos de los clasificatorios” de los mismos ejercicios.

Mediapro intenta jugar al despiste al atribuir esta operativa de forma exclusiva a “tres empleados, dos de los cuales se declararon culpables del pago de numerosos sobornos, y el tercero, un ex codirector general de Imagina”.

Éste “aceptó el pago de un soborno de 1,5 millones de dólares [1,26 millones de euros al tipo de cambio actual] a fin de adquirir los derechos de los clasificatorios”. También “dirigió y facilitó el pago de 500.000 dólares [420.000 euros en el canje de este miércoles] de dicha cantidad total”.

Romy, cofundador del grupo junto a Roures

El grupo asegura que los tres “fueron despedidos y apartados de la gestión del grupo Imagina o cualquiera de sus filiales desde diciembre de 2015”. Con todo, elude una parte muy sustancial de la información que salpica a la cúpula de Mediapro en Barcelona. Y es que el “ex codirector general de Imagina” al que hace referencia no es otro que Gerard Romy, cofundador del grupo audiovisual junto a Roures e imputado en una de las derivadas del macroproceso que aún sigue abierto en EEUU.

En el mismo comunicado el grupo con sede en Barcelona asegura que desde la firma del NPA se dotó de un “amplio abanico de políticas y procedimientos a fin de asegurar el cumplimiento de todas las legislaciones y buenas prácticas en el ámbito de la anticorrupción, en todos los territorios en los que desarrolla sus negocios”. Afirma que también contaba con políticas en este sentido con anterioridad a esta fecha, aunque lo sucedido en EEUU las pone en entredicho.

Pago de sobornos

Mediapro ha negado durante años su culpabilidad en el pago de sobornos a cambio de derechos de fútbol en América. El caso acabó en los tribunales del país, con directivos del grupo Imagina despedidos (incluso un cofundador junto a Jaume Roures y Tatxo Benet) y con la firma de un Acuerdo de No-Enjuiciamiento (NPA por sus siglas en inglés) en la que admitían los hechos para evitar el juicio.

Todo eso ocurrió hace dos años y la fiscalía estadounidense ha aguantado hasta ahora, cuando le ha mandado un correctivo al grupo audiovisual sobre el concepto de este papel. Le recordaba que habían admitido su culpabilidad y que si negaban los hechos otra vez tendrían problemas. Incurrieron en conductas ilícitas. Todas las que están detalladas en la nota que se han visto obligados a hacer pública.