Echenique, una vergüenza nacional que no puede cobrar de los españoles

España no puede estar en manos de dirigentes que se inventan incluso que la víctima de un asesinato es un violador

Pablo Echenique y Juanma del Olmo han sido condenados a pagar una indemnización de 80.000 euros a la familia de una víctima de asesinato a la que humillaron, en público, acusándola de ser un violador. Lo hicieron sin ninguna prueba, para defender a la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, condenada a 30 años de cárcel por urdir ese crimen contra su antigua pareja.

Resulta especialmente vergonzoso acusar de algo tan grave a alguien que no se puede defender, y da cuenta de los principios éticos de los dos condenados y, por extensión, de quienes les eligieron o mantienen en sus cargos: con el compañero vale todo, incluso justificar un crimen y denigrar a la víctima. Y contra el rival, lo mismo pero en sentido contrario: cualquier falsedad es válida si debilita al contrincante.

Echenique es el mismo acusando a un asesinado que tildando de fascista a media España, con la diferencia de que el primer comportamiento merece una condena y el segundo, paradójicamente, le convierte en un dirigente clave de un partido que Gobierna el país.

Podemos acumula dirigentes enjuiciados o condenados por todo tipo de abusos, delitos y excesos, con el propio Echenique a la cabeza, sentenciado por pagar en B a su cuidador mientras clamaba por los derechos laborales de los empleados de hogar. Desde Pablo Iglesias hasta Monedero, pasando por Isa Serra o Íñigo Errejón; los fundadores del partido han aparecido relacionados con agresiones a policías, denuncias falsas, fraudes fiscales, becas universitarias fake y todo tipo de tropelías.

Y han cobijado a criminales como Rodrigo Lanza, Alfon o Bódalo, todos responsables de barbaridades incompatibles con la vida en sociedad. El portavoz parlamentario no es una excepción, sino parte de una norma instaurada en su partido, consistente en justificar todos los medios para alcanzar un fin, sea personal o político.

Nadie así puede decidir nada público, gestionar presupuestos, legislar ni condicionar la política española en los tiempos más dramáticos en décadas. Y que Sánchez les haya escogido como socios, junto a aliados cómplices del terrorismo o responsables de delitos de sedición, produce una inmensa pena, una razonable indignación y un inevitable temor por el futuro de España.