Torra confina Lleida, a las órdenes de Puigdemont

El presidente de la Generalitat Quim Torra durante la comparecencia que ha realizado este lunes en la que ha asegurado que no acepta la decision judicial de la magistrada que ha rechazado el confinamiento parcial en el Segria (Lleida9 / TONI ALBIR /EFE

Carles Puigdemont pide confrontación y Quim Torra acata. El clima preelectoral que se vive en Cataluña condiciona, y de qué manera, los actos del presidente de la Generalitat. Hasta el punto de poner en vilo a la ciudad de Lleida y a siete municipios más con una orden de aislamiento que, según la juez de guardia, restringe derechos fundamentales --encierro domiciliario-- y solo es posible en una situación de estado de alarma que compete al Estado. El Gobierno de Sánchez se lava las manos.

Lérida y la comarca del Segriá amanecieron ayer cubiertas por un neblinoso manto de incertidumbre. Sus más de 200.000 vecinos se habían ido a la cama pensando que los rebrotes vividos en las últimas semanas les forzarían a regresar a la peor fase de la pandemia. Debían dar un paso más en el confinamiento «perimetral» ( vetados los movimientos de entrada y salida de la ciudad) iniciado el pasado 4 de julio para entrar de lleno en el encierro «domiciliario» (que limitaría las salidas a la calle forzando, de nuevo, el cierre de bares y comercios), tal y como anunció el gobierno de la Generalitat el domingo con toda pompa y circunstancia.

Nada más lejos de la realidad. Una decisión judicial conocida de madrugada –de la que muchos se enteraron ya por la mañana, cuando encaraban un día sin acudir al trabajo– dejó en el aire la propuesta de confinamiento planteada por el ejecutivo de Quim Torra y encendió una compleja trifulca político-jurídica entre el Govern, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida que cada cual sintetizó a su manera.

La Generalitat Catalana acordó de urgencia y por decreto el confinamiento de Lleida tras horas de confusión añadida al enojo de los habitantes y responsables políticos del Segrià. El texto aprobado por el Consell Executiu en sesión extraordinaria consiste en una modificación de la ley de salud pública basada en que "mientras que la previsión de los estados excepcionales es una regulación de carácter general", en cambio la regulación específica de las emergencias sanitarias constituye "una legislación especial" fruto de la necesidad de adoptar medidas concretas para preservar la salud pública, garantizadas por la Constitución, a la que apela el Govern.

En concreto, el decreto modifica la ley catalana para que "en situaciones de pandemia declaradas por las autoridades competentes, se podrán adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales".

Tras este acuerdo, compareció Torra pasadas las once de la mañana para pedir a los habitantes de Lleida y el Segrià que "sigan las indicaciones" del Govern de permanecer en sus domicilios -salvo excepciones- pese a la decisión judicial contraria al respecto. Torra aseguró que el Govern "no acepta" la decisión de la juez, pero asumió que hasta la regulación definitiva, los Mossos la cumplirían las resoluciones judiciales. "Si algún juzgado nos quiere impedir proteger la salud de nuestros ciudadanos, nosotros queremos contar con la colaboración de la gente", argumentó el 'president'. 

Torra argumentó que "en otros lugares del Estado se han tomado medidas más restrictivas como impedir el derecho a voto en Euskadi y Galicia y no ha habido ningún impedimento. ¿Hay algún hecho que nos afecte a nosotros, a nuestras capacidades y competencias?". Horas después, tras trascendir la intención de la fiscalía de Lleida de mantener el veto a la iniciativa del Govern, Torra respondió en Twitter, directamente: "¿Pero esto qué es?".

Limitación de desplazamientos

¿En qué se traducirá esto para los ciudadanos del Segrià? De entrada, el decreto habla de recomendaciones, que han de durar un máximo de 15 días prorrogables, y ajustado territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad". Y en concreto, respecto a los desplazamientos, se permiten solo los "esenciales" de forma individual o con "la unida de convivencia" y con todas las medidas de precaución higiénicas y de distanciamiento. 

¿Cuales son los esenciales? Paseos individuales o con grupo de convivencia: cuida de huertos familiares, de autoconsumo, municipales, siempre que esten en el mismo término muncipal que el del domicilio o un municipio vecino; actividad deportiva sin contacto en el mismo término municipal que el del domicilio; desplazamiento a supermercados y tiendas de alimentación en el mismo término municipal; desplazamiento por asistencia sanitaria e ir a la farmacia siempre que esté en el mismo término municipal; desplazamiento para ir a trabajar o a la escuela; desplazamiento para bodas o ceremonias funerarias con aforo limitado. "En ningún caso se pueden prohibir los desplazamientos con carácter absoluto", añade el decreto.

Este decreto viene precedido de un nuevo choque político-judicial tras la decisión judicial, la anterior madrugada, de atender a la petición de fiscalía y vetar el confinamiento decretado por la Generalitat. Lo cual motivó reuniones de urgencia a primera hora del 'president' con los servicios jurídicos y los 'consellers' implicados en la gestión de la covid-19, que actuaron de forma conjunta y sin fisuras.

Waterloo marca el paso

El nuevo pulso de Torra es la gota que colma el vaso en un territorio, el leridano, donde alcaldes y ciudadanía consideran que la Generalitat actúa tarde y mal. “Se ha ido a lo fácil, al confinamiento”, explica un cargo municipal. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha visitado todavía Lleida a pesar de la crisis que se ha desarrollado durante las últimas semanas a raíz del rebrote de Covid que ha obligado a volver a confinar el Segre.

“Ni se controla la aplicación de las recomendaciones, ni se analiza la trazabilidad de contactos ni se sigue a los pacientes”, explica otra fuente municipal leridana. De hecho, el Govern ni siquiera proporcionó a la juez de guardia la cifra de contagios que justificaban una medida que afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos. Tal como publicó Crónica Global, juristas consultados sostienen que reducir esos derechos constitucionales pasa por un estado de alarma que solo puede decretar el Gobierno.

De ahí que anunciara la elaboración de un decreto ley para recoger las instrucciones. Este instrumento es constitucional, pero reduce la capacidad de debate parlamentario. Suele ser utilizada por gobierno débiles, como es el caso del presidido por Torra, quien lo utilizó el año pasado en 17 ocasiones. Una vez aprobado, debe ser refrendado por el Parlament antes de que transcurran 30 días hábiles. De contrario, decaerá.