El Supremo tumba el régimen de semilibertad otorgado a Forcadell.

En la foto, Forcadell sale de la cárcel el pasado 17 de febrero. 

Establece que el tribunal sentenciador sea quien revise las salidas del 100.2 del reglamento penitenciario. Da la razón al fiscal en el caso de Carme Forcadell, único recurso que no fue a la Audiencia Provincial

El alto tribunal, muy crítico con decisiones que entiende solo muestran un desacuerdo con su sentencia, solo se pronuncia sobre el caso de Forcadell, pese a que todos fueron impugnados por la Fiscalía, porque el juez de Vigilancia Penitenciaria de Lleida aplicó el criterio seguido con los permisos de fin de semana de Iñaki Urdangarin en el 'caso Nóos' y entendió que quien debía revisar el recurso que interpondría el ministerio público era el tribunal sentenciador, que en el 'procés' fue el Supremo, y no el del lugar donde se ubique la cárcel. Sin embargo, en aplicación de la nueva doctrina, la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona remitió al alto tribunal los que aún tenía pendientes: los de Jordi Sánchez, Joaquim Forn y Jordi Cuixart. 

El Supremo deniega la aplicación a Forcadell de dicho régimen flexible, propuesto en febrero por la Junta de Tratamiento de la prisión de Mas d’Enric (Tarragona), al entender que no existe conexión entre el programa de tratamiento aprobado (tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel) y el proceso de reinserción de la penada en relación con el delito cometido, lo que hace "injustificable" ese régimen de semilibertad de facto del que disfrutaría antes de haber cumplido ni una cuarta parte de la condena. Añade que aunque la reinserción sea el "fin principal de la pena, ello no implica la desaparición de otras finalidades, como la retributiva y la prevención general y especial".

Sin cumplir la cuarta parte de la condena

"Carme Forcadell -continúa la resolución-- no fue condenada por su ideología independentista. Fue declarada autora de un delito de sedición por los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia, valorados con detalle en el punto 1.3 de su fundamento C), donde se explica su decidido protagonismo en el concierto delictivo ideado por los demás acusados y se concluye cómo su actuación rebasó el ámbito de su cargo institucional, con actos y decisiones plenamente integrados en una estrategia delictiva, en un expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades que actuaban a su amparo".

Los magistrados destacan que la decisión supone que Forcadell, clasificada en segundo grado, "disfrutará, de facto, de un régimen de semilibertad. Y este hecho ha de ser un elemento a valorar pues aún no ha cumplido ni la cuarta parte de su condena. Ya hemos indicado que la reinserción social es el fin principal de la pena, pero ello no implica la desaparición de otras finalidades, como la retributiva y la prevención general y especial".

La viabilidad y procedencia de la propuesta del 100.2, de acuerdo con los informes que la acompañan y le dan soporte, se vinculan -indica el auto-- por el centro penitenciario a la capacidad de liderazgo que tiene la interna que, durante el tiempo que ha permanecido en prisión, se ha canalizado en ayudar a sus compañeras de internamiento, tanto en cuestiones básicas como en actitudes de empoderamiento. El voluntariado que se propone representaría un paso adelante y no interferirá en la integración con sus compañeras. Se valora como un factor positivo y, siguiendo el mandato de la legislación penitenciaria, sería un refuerzo en el proceso de reinserción de la penada.

"Examinado el contenido de esta propuesta -dicen los jueces--, así como los motivos que la fundamentan, no se aprecia sin embargo vinculación alguna con el proceso de reinserción social de la penada, de forma que la misma sea adecuada a su situación actual. Esa falta de conexión entre el programa de tratamiento y el delito cometido hace injustificable un régimen de semilibertad. La Sala no pone en duda el buen comportamiento de la señora. Forcadell en prisión y la influencia positiva que haya podido ejercer sobre las demás internas -hechos destacados en los informes que acompañan la propuesta de la Junta de Tratamiento-. Tampoco cuestiona su capacidad de liderazgo y las demás habilidades sociales que se describen. Pero nada de ello permite salvar esa ausencia absoluta de enlace entre el programa que se propone y el proceso de reinserción social de la penada que, como es obvio, no puede ser ajeno al delito por el que fue condenada".

En el auto, dictado por los magistrados Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, la Sala dice verse obligada a reiterar "una obviedad de la que, sin embargo, se está prescindiendo. Algunas de las alegaciones que se vienen realizando por la defensa y las valoraciones incluidas en la documentación remitida con la propuesta del centro penitenciario no toman en cuenta que los hechos objeto de condena son los declarados probados en nuestra sentencia. Una vez alcanzada su firmeza, ya no pueden ser objeto de reinterpretación ni por el penado ni por terceros. Esta resolución es el incontrovertido punto de partida para el cumplimiento de la pena y, en consecuencia, para el modo de ese cumplimiento, que ha de discurrir por los cauces previstos en la legislación penitenciaria que, por otro lado -y esto es otra obviedad- no pueden ser utilizados en fraude de ley y para mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta".

El Tribunal Supremo no ha esperado a que lleguen hasta él los recursos presentados contra la concesión del tercer grado a los condenados por el 'procés', pero da una pista clara de hacia dónde se encaminará su decisión. Ha revocado los permisos de los que disfruta al expresidenta del Parlament Carme Forcadell con la aplicación del 100.2, y en el mismo auto establece un nuevo criterio en el ámbito penitenciario consistente en que esta flexibilización siempre sea revisada por el tribunal sentenciador y no por las Audiencias Provinciales como hasta ahora.