La Fiscalía argentina pide 12 años de cárcel e inhabilitación para Cristina Kirchner bajo la amenaza de represalias

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda tras un acto público.

La novena y última jornada del juicio de Cristina Fernández de Kirchner, el alegato de la Fiscalía ha arrancado este lunes bajo la intimidación kirchnerista de violencia en las calles.

La sesión ha comenzado a las 8:30 hora local. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han señalado que el tipo penal recoge de 5 a 16 años de cárcel por lo que solicitan 12 años para Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua, acusada de coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa de la trama mientras ejercía como presidenta de Argentina. Y en segundo lugar, se le acusa de administración fraudulenta agravada por el perjuicio ocasionado para el Estado y el ánimo de lucro personal. Además, anunció que van "a solicitar el decomiso de los instrumentos y de las ganancias obtenidas de los delitos analizados".

La fiscalía de Argentina pide una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de ser coautora de los delitos de asociación ilícita y administración infiel en el caso Vialidad que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras públicas en Santa Cruz. Se trata de "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", según los fiscales, en la que, además de la vicepresidenta argentina, hay otros doce imputados.

La novena y última jornada de alegato de la fiscalía ha arrancado este lunes bajo la amenaza kirchnerista de una revuelta social si finalmente la expresidenta resulta condenada por supuestamente beneficiarse económicamente con la concesión de contratos públicos otorgados al empresario Lázaro Báez en una "asociación ilícita" que lideraba ella misma, según la Fiscalía y por la que ha sido acusada de fraude al Estado.

Kirchner lleva semanas calentando a los suyos y este domingo, más de medio millar de alcaldes presentaron un documento en defensa de la expresidenta: "La persecución judicial sobre la vicepresidenta constituye una práctica violenta de los derechos humanos", señalaron en documento. También los diputados oficialistas expresaron en el Parlamento su rechazo y su solidaridad con la vicepresidenta: "Repudiamos todo intento de persecución política-judicial".

En la mente de los argentinos está todavía el recuerdo de la multitudinaria movilización del 13 de abril del 2016, cuando Kirchner declaró en la causa de la venta del dólar futuro, una causa que investigó las pérdidas millonarias del Banco Central por vender futuros del dólar a un precio demasiado barato. La amenaza de una revuelta social ante el resultado judicial desfavorable para la vicepresidenta ha quedado retratada también en las paredes de las calles de Buenos Aires, con pintadas amenazantes atribuidas a la asociación criminal kirchnerista La Cámpora: "Jueces macristas, con Cristina no se jode."

Última jornada de alegato

En ese clima ha comenzado este lunes la última jornada de alegato de los fiscales, que tampoco se escapan de las amenazas. De hecho, el fiscal Carlos Stornelli ha lanzado una grave advertencia en La Nación: "Siendo una país con instituciones débiles, ser un buen fiscal tiene momentos amargos. Todos nosotros sabemos que van a venir los vueltos. Esperemos no sea un tiro como con Nisman".

Sin embargo, pocas horas antes de conocer la petición de penas, la propia vicepresidenta daba la sorpresa pidiendo ampliar su declaración indagatoria para mañana martes. "Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", ha señalado la vicepresidenta a través de Twitter.

Por ello, señala, "he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto".

Caso Vialidad

El caso Vialidad juzga las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.

Según la Fiscalía, se asignaron de manera discrecional a distintas empresas del Grupo Austral Construcciones obras viales en Santa Cruz por valor de casi 8.000 millones de dólares (58,75 millones de euros). Además el informe señala que de las 51 obras adjudicadas al grupo, se terminaron 26, sólo 2 en el tiempo previsto, y solo una cumplió con el presupuesto adjudicado inicialmente. En algunos casos se llegó a superar en un 387% el valor final de la obra respecto del contrato original.

"El perjuicio patrimonial es enorme. Todo lo invertido por el Estado en las obras abandonadas debe ser considerado perjuicio. Estamos hablando de un perjuicio que ascendió a 3.571 millones de pesos. Más de 539 millones de dólares es lo que se dilapidó", ha precisado el fiscal Mola sobre las obras abandonadas por las constructoras de Lázaro Báez.

Además, según el fiscal Luciani, "Báez empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra funcionara. Tenía un trato preferencial. Esto no podría haber sucedido de otro modo si no fuera porque la maniobra se encontraba dirigida desde el poder presidencial". El fiscal Mola también ha señalado que "las maniobras delictivas demuestran que hubo una asociación ilícita, en las que Néstor y Cristina Kirchner oficiaban como jefes. Se creó una ingeniería societaria, contable y legal para apoderarse de los fondos".

La vicepresidenta, de 69 años, está a la espera del inicio de otro proceso oral en su contra pero fue sobreseída ya en varias otras causas en las que fue investigada. Fernández, que en los últimos años ha sorteado las peticiones de prisión preventiva dictados en su contra gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.

El veredicto de la causa Vialidad se conocería a final de año y la pena de prisión y de inhabilitación solo sería efectiva en el caso de que la sentencia quede confirmada por la Corte Suprema de Justicia, un proceso que suele dilatarse años, por lo que todo apunta a que Kirchner no tendría inconvenientes para postularse a un cargo público en 2023.

Cristina Fernández de Kirchner desafía a la justicia y se escuda en el 'lawfare'

Cristina Kirchner durante su comparecencia. | Youtube

Pocas horas antes de que los fiscales pidiesen 12 años de cárcel e inhabilitación permanente para Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una red ilícita corrupta del caso Vialidad, la vicepresidenta sorprendió a todos y pidió comparecer para ampliar su declaración. El Tribunal denegó la solicitud. Aún así, Kirchner ha decidido montar su propia comparecencia al margen del proceso judicial.

Ella se ha justificado asegurando que que no está ante un tribunal de la Constitución, "sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial" que quiere impedir su ejercicio al derecho de defensa. Y desafiaba a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola: "Voy a demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales".

Durante su comparecencia, una altiva Kirchner ha señalado que "los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas" mientras que a ella no le han permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y le han rechazado la ampliación de su indagatoria, se ha quejado la vicepresidenta. "No eran acusaciones, era un guion, falso y bastante malo", ha llegado a decir Kirchner.

Además, ha señalado que "la sentencia ya está escrita" y ha cuestionado todo el proceso judicial por el caso Vialidad, exhibiendo numerosas notas periodísticas y expedientes judiciales. "Hay una feroz campaña política y mediática", ha acusado apuntando directamente al juez de la causa, Julián Ercolini y al impulsor de la denuncia, el exdirector de Vialidad, Javier Iguacel.

También ha cuestionado todas las afirmaciones expresadas este lunes durante los alegatos de los fiscales y ha arremetido contra los medios de comunicación, concretamente contra La Nación y Clarín, a los que ha calificado como "las naves insignias del lawfare".

Como colofón, tras hora y media de discurso, Kirchner no ha dudado en tirar de populismo barato. No es un caso de corrupción, es una causa política: "No les importa nada, van por todo. Se los dije una vez antes de irme como presidenta. No vienen por mí, vienen por ustedes. Por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Y vinieron por eso y por eso hoy todavía estamos pagando las consecuencias."

Cristina Fernández de Kirchner y Baltazar Garzón, en un encuentro pasado. | EFE

El grupo de Puebla

El Grupo de Puebla, la alianza comunista en la que están PSOE y Podemos, se vuelca con Cristina Kirchner

De él forman parte políticos que han ocupado espacios importantes de poder en sus países. Esos que pueden ser considerados como personalidades de alto nivel, a los que se estima capacitados para dar lecciones y recomendaciones de política aquí o allá, aunque después de pasar por el poder en sus respectivos países lo dejasen todo como un solar. Aunque terminaran siendo echados a gorrazos por su electorado porque dejaron el país en la quiebra económica y social.

Está integrado por varios expresidentes como Luda Da Silva (Brasil), Dilma Rousseff (Brasil), el exterrorista tupamaro José Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador), Manuel Zelaya (Honduras), José Luis Rodríguez Zapatero (España) o Evo Morales (Bolivia), entre otros, a los que se unen presidentes en ejercicio como Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia) o el exterrorista del M-19 Gustavo Petro (Colombia)

España cuenta con varios representantes. Y no sólo se trata del expresidente Zapatero, que después de dejar el país en la ruina se ha dedicado a moverse por Iberoamérica alentando todo tipo de populismos y siendo el máximo protector internacional de la Venezuela bolivariana. También están la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra Irene Montero, la socialista Adriana Lastra, el líder del PCE y exsecretario de Estado Enrique Santiago o el exmagistrado Baltasar Garzón.

También forman parte del mismo vicepresidentes en activo y exvicepresidentes; un largo elenco de ministros en activo y exministros, diputados, senadores… y hasta candidatos presidenciales que perdieron sus elecciones. Provienen de 16 países iberoamericanos y España. Y en los últimos años se ha permitido la entrada a miembros de la denominada sociedad civil, pero eso sí, que sean supuestamente prestigiosos dentro del espectro político de la extrema izquierda.

El liberalismo económico y político debe desaparecer de Iberoamérica. Da igual que eso suponga un lastre para el desarrollo del continente, que millones de familias pierdan parte del nivel de vida ganado con el sudor de su frente o que la pobreza vuelva a castigar a la población. El objetivo es implantar políticas populistas, una nueva suerte de neo-comunismo, a imagen y semejanza de lo establecido en la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro o en la Bolivia de Evo Morales.

Ése es el objetivo con el que nació el Grupo de Puebla, una alianza política, que funciona también a modo de foro de ideas no reglado, y que está comandando por personalidades políticas de extrema izquierda tanto de Iberoamérica como de España. Es la versión ultra-elitista del Foro de Sao Paolo, la alianza de partidos fundada en los noventa para reorganizar el espacio pro-soviético de América Latina una vez que cayó el Muro de Berlín y la Unión Soviética pasó a mejor vida.

En los últimos días, el Grupo de Puebla ha tenido que dar un frenazo a su objetivo de expandir su influencia por Hispanoamérica para tratar de apuntalar a una de sus referentes, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta actual de su país, que se encuentra contra las cuerdas después de haber sido acusada por la Fiscalía de formar parte de una trama criminal que saqueó el país con concesiones de obra pública irregular.

El grupo ha hecho público un comunicado en el que muestra su rechazo a la "guerra jurídica (lawfare)" que a su juicio se lleva a cabo contra Kirchner. La declaración plantea que se trata de "un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos". Además, advierte sobre "los graves riesgos que entraña para la democracia argentina".

"Este caso confirma la tendencia riesgosa pero lamentablemente común a otros casos en América Latina contra expresidentes como Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Dilma Rousseff, con un común denominador: las retaliaciones por su labor del lado del progresismo", añaden, mostrando una vez ese denominador común de la extrema izquierda, de que su corrupción no debe ser juzgada y que tienen que tener bula para absolutamente todo una vez que llegan al poder.