El Gobierno interviene los termómetros, las puertas y las luces de los establecimientos

Teresa Ribera, Isabel Rodríguez y Félix Bolaños, en el Consejo de Ministros de este lunes | Europa Press

El Gobierno lucha contra la Guerra y el cambio climático interviniendo los termómetros, las luces y las puertas de los establecimientos.

El Consejo de Ministros, que se ha celebrado este lunes por la tarde para esperar a que llegara el presidente del Gobierno de su gira por los Balcanes, ha finalizado al filo de las 21:00- La portavoz Isabel Rodríguez ha estado acompañada por la vicepresidenta para la Transición Ecológica Teresa Ribera y el ministro de presidencia Félix Bolaños. En agenda, uno de los anuncios que llevan cebando los últimos días desde los satélites del Gobierno, un plan de medidas intervencionistas para tratar de paliar los efectos de la escasez de gas que se prevé que llegue en otoño.

La encargada de explicar este "primer paquete importante de medidas" ha sido la vicepresidenta Ribera, quien ha explicado en un tono extraordinariamente pausado, como para cansar a aquellos dispuestos a preguntar las decisiones que han tomado para tratar de luchar contra las consecuencias de la guerra de Rusia y el cambio climático. Tal cual.

No sólo no han expresado ni una pizca de autocrítica ante la dantesca situación que se dibuja en nuestro país para el próximo otoño e invierno, sino que han expresado su total satisfacción con las decisiones adoptadas y la acción de gobierno. Que la inflación comenzara el pasado verano cuando la guerra de Putin ni siquiera era una posibilidad, ni las olas de calor se parecieran a las de este, no han evitado que el Gobierno siga culpando de la terrible situación económica que tenemos por delante a la invasión de Ucrania y al cambio climático.

Intervención de termómetros, luces y puertas

En cuanto a las medidas anunciadas por Ribera, nada nuevo bajo el sol, pues ya habían cebado este paquete de medidas. No. El Gobierno todavía no ha decretado la prohibición de las corbatas en verano, pero sí establece por ley la temperatura máxima y mínima a la que tienen que poner los establecimientos privados y públicos el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno. En los meses de calor, la temperatura de los establecimientos, centros comerciales, estaciones, grandes superficies, supermercados, etc. no puede bajar de 27 grados y en invierno no podrá subir de 19º.

Además, este paquete de medidas obliga a estos establecimientos a apagar las luces, también las de los escaparates a partir de las 22h, cuando no estén en uso. Tendrán 7 días para cumplir con las medidas adoptadas desde su publicación en el BOE y estarán en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023.

Pero no queda ahí la cosa, el Gobierno también obligará a los cierres automáticos de puertas en edificios y locales, aunque en este caso se dará de tregua para su entrada en vigor hasta el 30 de septiembre.

Para completar las medidas, los centros tendrán que incorporar carteles para explicar estas medidas y termómetros para que se vea que cumplen con lo establecido. Aquellas instalaciones de climatización que no hayan realizado su inspección con posterioridad al 1 de enero de 2021, tendrán que ponerse al día.

Según Ribera, con esto se cumplirá un primer paquete "importante y potente" que será completado con el plan de contingencia que se presentará en septiembre y que "permitirá poder cumplir al 100% para poder garantizar la solidaridad con Europa".

Sánchez desplaza a Robles y entrega a Bolaños el control de los secretos oficiales

Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y en algunos casos podrían prorrogarse más allá

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevará al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en detrimento de la titular de Defensa, Margarita Robles, en la nueva Ley de Información Clasificada o ‘de secretos oficiales’. Será de él la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, algo que anteriormente correspondía a la cartera de Robles y que según señalan fuentes gubernamentales a Europa Press busca facilitar la coordinación interministerial de las informaciones registradas.

La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y en algunos casos podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.

De este modo el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.

La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada, está en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.

Este anteproyecto de ley ha sido revisado por la ministra Robles que dio su visto bueno a las modificaciones que introduce, a pesar de que le resta competencias. Es más, según las fuentes consultadas, Robles le trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la nueva norma le gustaba.

Con todo, en Moncloa consideran «lógico» que esta tarea quede en manos de un ministerio «transversal» y de «coordinación interministerial» como el de Bolaños, ya que hay información clasificada que afecta a distintos ámbitos que van más allá de la defensa, como la industria y la economía, según indican. Así ocurre, apuntan, en la mayoría de países de la UE y de la OTAN.

Asimismo, argumentan la necesidad de reformar esta ley en que la normativa vigente es de 1968 y por tanto, «predemocrática» y debe ser adaptada al ordenamiento constitucional. Sin embargo, cabe recordar que la ley fue modificada parcialmente en octubre de 1978.

Bolaños tendrá la primera palabra para desvelar secretos

En concreto, la ley establece una Autoridad Nacional —que ahora recae en Presidencia— para la protección de la información clasificada, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

Respecto a la desclasificación de documentos secretos, la actual Ley de Secretos Oficiales, no establece como tal un procedimiento explícito para llevarla a cabo. Pero sí precisa en su artículo cuarto que la calificación de secreto o confidencial «corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor».

Precisamente el PNV es el autor de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales del 68 que el Congreso aceptó tramitar al principio de la legislatura con el apoyo del PSOE. Sin embargo, la ley lleva ya casi dos años bloqueada en la Cámara y el Gobierno decidió darla por enterrada e impulsar la reforma a través de un proyecto de ley.