Irene Montero recurre a Inditex para que la empresa haga gratis campañas de igualdad

La ministra de Igualdad, Irene Montero, participa en un acto con motivo del Día del Orgullo

La compañía de Amancio Ortega acuerda con Igualdad apoyar su campaña de «sensibilización y concienciación social contra la violencia de género» sin cobrar

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha firmado un acuerdo con Inditex para promover «la sensibilización y concienciación social contra la violencia de género» en el marco de la iniciativa Empresas por una sociedad libre de violencia de género. La empresa de Amancio Ortega, empresario tildado de «evasor fiscal» por los dirigentes de Unidas Podemos, se ha comprometido así con el Gobierno de España a promover la igualdad sin recibir a cambio remuneración alguna.

Con la excusa de proteger a las mujeres se están cometiendo violaciones esperpénticas de derechos humanos fundamentales contra los hombres, y creado la mayor industria multimillonaria de persecución, incitación al odio, señalamiento, criminalización sexista y violación de derechos humanos fundamentales a la que llaman «igualdad y concienciación» . La manera en que los medios han de informar para conseguir el mayor terrorismo posible sobre los hombres, fue solo una de las más de doscientas medidas del pacto de estado contra el hombre de 2017, ampliación del crimen cometido en las leyes de género de 2004.

Si también se llevaran estadísticas de hombres víctimas de violencia se demostraria que no existe la violencia contra la mujer como un problema estadístico específico. Si son hombres quienes más la ejercen también son hombres quienes más la sufren. Pero es que no existe estadística alguna que justifique discriminaciones colectivas a la hora de juzgar a las personas. No se puede señalar o crear psicosis sobre ningún sexo, género o colectivo o el derecho humano fundamental a no ser perseguido e incitado al odio desde instituciones, medios de comunicación, o tiendas donde se vende ropa, también debe incluir a los hombres en las relaciones heterosexuales.

Las agravantes solo se pueden aplicar en cada caso concreto cuando se demuestren en un juicio imparcial donde no se aplique el más mínimo sesgo o perspectiva de forma colectiva contra ningún grupo de personas. La violencia es un problema de responsabilidad individual. Pero nunca de género, ni tampoco es de raza ni de nada que pueda suponer la creación de un estigma de odio.

La obligación ineludible de los gobiernos y representantes públicos no es tratar de convencer que la violencia y la maldad humana tiene género de los hombres, sino hacer lo contrario. Llamar a la calma y a la razón para decir que todo delito de violencia cometido por un hombre, mujer blanco, negro.., en una relación homosexual, heterosexual, etcétera, única y exclusivamente representa al despreciable ser que lo comete.

Ninguna ley contra la discriminación puede partir discriminando, no puede ser enseñado como igualdad y respeto por los derechos humanos. Actualmente no existe ningún «machismo y patriarcado» inventado que infecta España de extremo a extremo. No existe ni es causa de ningún mal. Existe un terrible hembrismo, hiper subvencionado, hiper empoderado que controla absolutamente todos los medios y todas las instituciones y ejerce el terror con la Ley de Violencia de Género, el pacto de Estado, Decreto 3 de Agosto, la «perspectiva de género», el «solo si es sí» y las cientos de aberraciones criminales fruto de la incitación al odio y la instrumentalización de delitos individuales para señalar y criminalizar a los hombres.

España lleva listas públicas de delitos cometidos, única y exclusivamente por hombres en relaciones heterosexuales de forma sistemática, odio incitado desde el estado y las instituciones que ya se ha materializado en violaciones espeluznantes de derechos humanos fundamentales contra los hombres. En ningún lugar del mundo, ningún estado donde se respeten los derechos humanos puede llevar listas públicas de delitos cometidos por hombres, mujeres, homosexuales, blancos o negros, sin que ello constituya un crimen de incitación al odio y lesa humanidad.

En España hombres y mujeres tenían los mismos derechos antes de la creación de las leyes de género. Después, los hombres han dejado de tener derechos y han pasado a ser perseguidos como los nuevos negros y judíos, con el mismo derecho penal de autor y los mismos juzgados «especializados» o de excepcion con los que se cometieron los mayores crímenes contra la humanidad. Quien afirma que la violencia tiene el género de los hombres, está incitando al odio, y justificando en las leyes de género el mayor crimen de odio sexista de nuestro tiempo. No se hace tal cosa porque sería el mismo crimen de odio, persecución y violación de derechos humanos fundamentales que ahora se está cometiendo contra los hombres.

El convenio, que ha sido rubricado por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell Aguilar, y Javier Monteoliva Díaz, histórico directivo de Inditex, establece que éste «ni conlleva obligaciones económicas ni contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un sistema de financiación. A este respecto, cada parte interviniente asumirá con sus propios medios, materiales y personales, las acciones a emprender en cumplimiento de este convenio».

Montero ha recurrido al gigante textil para ayudarle en la publicidad y difusión de una de sus campañas, lo que sorprende si se tiene en cuenta que Inditex es una de las empresas más criticadas por su partido. La propia ministra acusó a la compañía de saltarse la ley «evitando el pago de impuestos» tras las donaciones de 600 millones de euros de Amancio Ortega, fundador y máximo accionista, a distintas causas solidarias -entre ellas la compra de material sanitario para hospitales públicos-.

El convenio con Inditex

El acuerdo fue alcanzado el pasado 28 de julio, pero no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta este 4 de agosto. Desde entonces, mutismo absoluto por parte del Ministerio de Igualdad, que ha evitado que este trascienda a la opinión pública. El tentáculo gubernamental que dirige Irene Montero asegura que «en el actual contexto jurídico y social de nuestro país, resulta particularmente oportuno que las empresas y otras entidades colaboren con la Administración» para que «actúen como altavoces para difundir el mensaje y fomentar la sensibilización de toda la sociedad sobre la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones».

«Por ello, se considera necesaria la colaboración de la empresa Inditex, mediante el presente convenio, para combatir la problemática social existente y promover la necesaria implicación de todos los agentes sociales en la prevención y en la concienciación social contra la violencia que sufren las mujeres por razones de género», abunda el texto publicado en el BOE.

Inditex, por otro lado, asegura en el mismo ser «consciente de la problemática social existente y de la necesaria implicación de todos los agentes sociales en la prevención de la violencia de género para conseguir una plena concienciación y construir de manera conjunta una sociedad libre de cualquier forma de violencia sobre la mujer». Así es que expresa su «especial interés y disposición y ofrece la máxima colaboración al Ministerio de Igualdad para contribuir, con los medios a su alcance y en la medida de sus posibilidades, a favorecer la sensibilización ante la violencia de género».

Las cláusulas de dicho convenio, que tendrá una duración de cuatro años, especifican que la empresa española realizará «actuaciones de concienciación social con motivo de la conmemoración de determinados días internacionales relacionados con la erradicación de las diferentes formas de violencia contra las mujeres». Estas se evaluarán a través de una Comisión de Seguimiento que tampoco implicará aportación económica de ninguna de las dos partes.

Podemos contra Inditex

El discurso de los dirigentes de Unidas Podemos contra Amancio Ortega y su compañía textil es tan antiguo como la formación morada, pero se intensificó en los últimos años. En 2019, en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, la extrema izquierda redobló sus ataques contra el empresario español por sus donaciones de material para hospitales públicos. Al respecto, Pablo Iglesias criticó que «una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios».

Isabel Serra e Irene Montero acompañaron al entonces líder de la formación en su embate. La primera apuntó en Twitter que «la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega» porque ésta «se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex». La segunda, en un acto público, criticó que un «ningún supermillonario decide si hay buenas máquinas en la sanidad pública», en relación a las donaciones del empresario para aparatos destinados a curar el cáncer.

Los morados volvieron a la carga en 2021, por el mismo motivo: donaciones millonarias a la sanidad pública para la compra de material sanitario. Entonces Lilith Verstrynge denunció que el empresario no es un filántropo sino un evasor fiscal al que si le importase el bienestar de los españoles, pagaría todos sus impuestos y no organizaría campañas de publicidad». Justo eso, una campaña de publicidad, es lo que el Ministerio de Igualdad ha cerrado ahora con Inditex, que no cobrará por ella.