Los test del COVIs para los trabajadores de Siemens confiscados por el Gobierno

El Gobierno pone a los laboratorios privados al servicio de la sanidad pública para hacer tests de COVID-19

El resultado ha sido que el Gobierno ha confiscado un lote de test destinado a 4.000 de los empleados de Siemens Gamesa, que formaba parte de un compromiso con los empleados en España para su reintegro al puesto de trabajo.

El BOE de hoy recoge una orden ministerial que permite a la sanidad pública tomar el control de los centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínicos privados. Así, a partir de hoy, las comunidades autónomas tendrán a su disposición tanto estos establecimientos como su personal para poder utilizarlos en los tests de COVID-19

Esta medida pretende utilizar todos los recursos disponibles, también los privados, para ampliar la capacidad de hacer tests de COVID-19 a la ciudadanía. La escasez de estas pruebas y de los laboratorios y el personal habilitado para realizarlas ha sido uno de los problemas a los que se ha enfrentado la sanidad española durante esta crisis sanitaria.

Tal y como recuerda el propio texto publicado hoy, los centros de diagnóstico ya estaban obligados a notificar de urgencia a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, creada en 1995, los casos positivos de ciertas enfermedades, entre las que se encontraba el primer SARS (síndrome respiratorio agudo grave, en inglés). El virus actual, el SARS-CoV-2, también provoca problemas respiratorios parecidos.

Esta orden ministerial desarrolla las facultades concedidas al Ministerio de Sanidad en el Decreto de estado de alarma que, además de centralizar bajo su mando la sanidad pública, ponía a su disposición los medios privados. Así se hizo también cuando se estableció un control público sobre las residencias de mayores, también las privadas; o cuando se obligó a las farmacéuticas a priorizar la fabricación de medicamentos esenciales para garantizar el abastecimiento.

Además, más allá de que se usen o no de forma directa en caso de necesidad, les permitirá controlar los precios de los tests que realicen para evitar “situaciones abusivas”. Y pone fin a los tests indiscriminados para aquel que pueda pagarlos en estos centros: solo se podrán realizar si los autoriza un médico y siguiendo los criterios del Ministerio de Sanidad.

Se ha abortado la primera fase 

De momento Siemens Gamesa no puede cumplir con el compromiso que adquirió con sus 4.000 trabajadores tras el estallido de la crisis sanitaria por el impacto del nuevo coronavirus en España.

La dirección de la compañía informó a sus trabajadores que adquiría con ellos el compromiso de realizar las pruebas del COVID-19 a todos los empleados en tres fases. Primero los que tienen que ir a las plantas a realizar tareas de mantenimiento; otra fase de pruebas a todos aquellos trabajadores de plantas que tuvieran que reincorporarse después del cierre de actividades no esenciales, y finalmente, una tercera fase de pruebas a los empleados que tienen que acudir a las oficinas y que actualmente se encuentran teletrabajando confinados en sus hogares. Según las fuentes consultadas, la primera de las fases ya estaba en marcha.

Además, solo podrán hacer pruebas si las autoriza un médico y siguiendo los criterios del Ministerio de Sanidad. Las comunidades podrán poner límite a los precios para evitar "abusos".

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