El saqueo de Andalucía 130 – La operación Edu Costa

Entre 70 y 90 detenciones se están realizando en Andalucía por parte de la Policia Nacional a políticos, empresarios y funcionarios por la adjudicación de los cursos de formación por supuesta irregularidades a empresas que no reunían los requisitos para disfrutar de las subvenciones o no daban los cursos de formación. Se trata de la continuación de la operación EDU -iniciada hace más de un año-, que está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional -UDEF- y que se prolongará varios días con arrestos y registros.

La nueva fase del caso Edu -que se suma a las dos lanzadas en julio y agosto con un resultado de 51 detenidos- se dirige contra los administradores de sociedades mercantiles que recibieron subvenciones para formar a desempleados a pesar de que no reunían los requisitos necesarios para disfrutar de las ayudas o ni siquiera llegaron a realizar los cursos para los que fueron seleccionados. En concreto, las 90 órdenes de detención dictadas afectan a administradores y socios de 50 sociedades mercantiles que percibieron fondos supuestamente irregulares por un total de 4,9 millones de euros, según ha podido saber este diario.

La provincia de Almería será la más golpeada por el dispositivo, con unas 40 detenciones relacionadas con 18 academias presuntamente fraudulentas. Entre los imputados el líder del PSOE en el municipio de Roquetas del Mar, Juan Fernando Ortega Paniagua, que habría recibido 1,3 millones de euros en ayudas para formación a través de diferentes sociedades mercantiles controladas por él y su familia. De hecho, además de Ortega también son objeto de la investigación su mujer, su exmujer y su hija. Sólo dos de sus empresas investigadas, Ormar Informatic SL e Inmecamar SL, recibieron en subvenciones 145.350 euros y 211.614 euros, respectivamente, en un plazo de un año.

En Cádiz, las pesquisas han salpicado a los responsables políticos de Mercajerez SA, la entidad controlada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera que explota el mercado de abastos del municipio. Mercajerez recibió en diciembre de 2010 una ayuda para organizar cursos por importe de 142.695 euros. Sus responsables no sólo incumplieron el compromiso de contratar al menos al 60% de los alumnos durante los seis meses siguientes a la formación, uno de los requisitos de la ayuda, sino que habría subcontratado con terceros la totalidad del programa, incumpliendo también la normativa en este otro aspecto. Por su responsabilidad en estas irregularidades ha sido arrestada la exalcaldesa de Jerez del PSOE Pilar Sánchez Muñoz (2005-2011), que ocupó la presidencia de Mercajerez entre 2008 y 2011.

La tercera provincia afectada por la operación de este martes es Málaga, que ya fue objeto de una primera fase de Edu el pasado mes de julio. En esta ocasión, los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF que lideran el caso tienen en su punto de mira a 10 firmas que se repartieron 703.650 euros de forma presuntamente irregular en un solo expediente de ayudas aprobado por la Delegación Provincial de Empleo de Málaga en 2009, 

Esta nueva fase del caso Edu, que asesta un duro golpe a los principales empresarios implicados en la trama de los cursos, ha arrancado este martes pero se prolongará durante varios días. La UDEF dispone además de indicios que apuntan a administradores y dirigentes políticos de las otras cinco provincias andaluzas que también estarían relacionados con el fraude y que pueden desencadenar nuevas detenciones en las próximas semanas. Los agentes estiman que el fraude ascendería a 3.000 millones de euros aunque sus pesquisas se centran por el momento en sólo una quincena de expedientes de concesión de ayudas de los más de 8.000 que fueron tramitados por la Junta en el periodo 2007-2013, la duración del último programa social de la Unión Europea contra el desempleo.

La operación iniciada este martes ha sido diseñada cuidadosamente desde el pasado verano.. El adelanto de las elecciones autonómicas decretado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, Que ha manifestado “Quien haya defraudado a Andalucía que le crujan” cuando el informe sobre lo que estaba ocurriendo por parte de los ocho interventores provinciales y de las propias inspecciones de Educación de la Junta, cuyos datos Susana Diaz los ha tenido encima de la mesa desde junio del año pasado y no hizo absolutamente nada para cortar el flujo ilegal de dinero ni se informara a la Junta. Ahora al hacerse público, ha metido el caso Edu en el debate de la campaña por Andalucía que va a dar mucho que hablar.